Exponer a la Corte, el objetivo inmediato de una reforma judicial de difícil concreción
LA NACIONGabriel Sued
No habrá ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema . El Gobierno sabe que, al margen de las recomendaciones del consejo de juristas creado por el Presidente, no cuenta con los dos tercios del Senado necesarios para ocupar esos eventuales nuevos cargos. La reforma judicial anunciada el miércoles tiene, sin embargo, un objetivo inmediato y alcanzable: abrir un debate público sobre el funcionamiento del máximo tribunal y exponer el trabajo de sus miembros.
"Es un gran disparador para un debate sobre todo el sistema judicial, que todos dicen que funciona mal. No hay una sola persona en el Poder Judicial que hable bien de la Corte, ni los abogados ni los jueces. Hay que empezar a visibilizar algunas cuestiones", dijo a LA NACION un funcionario que trabaja a diario con Alberto Fernández. Una dirigente cercana a Cristina Kirchner fue más precisa: "Hay que sacudir a esta Corte inmóvil".
Esa presión, dicen en la Casa Rosada, acotará el margen de "arbitrariedad" que les atribuyen a los jueces del tribunal. Pese a que en campaña el Presidente calificó como "honorables" a los magistrados de la Corte, el kirchnerismo los responsabiliza por haber convalidado las prisiones preventivas de exfuncionarios y por haber mirado para el costado ante las presuntas escuchas ilegales llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri.
La reconfiguración de Comodoro Py, epicentro de las investigaciones por corrupción, tampoco podrá avanzar sin un acuerdo político. El proyecto que envió el Gobierno al Congreso establece que la designación de subrogantes en los 23 nuevos juzgados necesitará una mayoría de dos tercios de los votos en el Consejo de la Magistratura. La falta de esa mayoría queda en evidencia en el Senado, con la imposibilidad de nombrar a Daniel Rafecas al frente de la Procuración General. El mensaje, de todos modos, tiene efectos inmediatos: está todo en revisión.
Con ese objetivo en mente, el Gobierno ni siquiera necesita que el consejo de juristas cumpla con el plazo establecido de 90 días para culminar su tarea, que empezará formalmente el 18 de agosto. Los ejes propuestos para el análisis (Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y juicio por jurados) son tan amplios y profundos que los integrantes del consejo estiman que será casi imposible terminar antes de fin de año. La idea de algunos de los juristas es recopilar todos los proyectos con estado parlamentario referidos a esos temas, para no dejar afuera ninguna perspectiva.
La extensión del plazo de trabajo de la comisión puede incluso fortalecer el objetivo del Gobierno de "visibilizar" fallas en el funcionamiento de la Corte. Eso sí, la Casa Rosada va a necesitar que las deliberaciones del consejo consultivo y la información que se produzca no se mantenga en secreto, sino que se convierta en un insumo de una discusión pública más amplia. "Habrá que ver si el consejo hará apreciaciones semanales", dijo un funcionario con despacho en la Casa Rosada. Los detalles del funcionamiento del cuerpo de juristas quedaron a cargo del abogado Fabián Musso, coordinador designado por el Presidente.
Una vez que el consejo de juristas termine su trabajo, el Gobierno se tomará su tiempo para elaborar los proyectos de ley. A juzgar por lo que demoró en presentar la iniciativa sobre la justicia penal federal, ese paso podría llevar meses. "De todo lo que se anunció el miércoles, lo más sencillo es la fusión de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo. Todo lo demás es de mediano y largo plazo. En 2021, año electoral, no vamos a poder discutir nada. Pero tenemos que ir sentando las bases de esos debates de fondo. Quizás lo podamos hacer en 2022, veremos", señaló un funcionario que conoce a fondo el Poder Judicial.
El primer round de esa pelea con la Corte se dio solo unas horas después de los anuncios del miércoles. El propio Fernández reveló el jueves el diagnóstico del que parte la Casa Rosada y expuso el objetivo de mínima de la creación del consejo de juristas. "Toda mi vida he dicho que el problema no está en el número de integrantes de la Corte. La Corte puede funcionar con cinco miembros. Lo que sí digo es que la Corte está funcionando mal", sostuvo, en diálogo con Radio Con Vos. "Más del 80% de las sentencias que dicta la Corte son rechazos que se ponen con una plancha que dice que por no ser una sentencia definitiva no lo tratan. Y para poner esa plancha el trámite demora entre un año y medio y dos. ¿Eso funciona bien? Esas cosas son las que tenemos que ver", agregó.
La respuesta de la Corte no se hizo esperar. Sin un pronunciamiento formal, los jueces distribuyeron un compendio estadístico sobre el trabajo del tribunal. "En 2019 la Corte resolvió 29.191 causas, cuatro veces más que el año anterior", dice la primera línea de ese documento. En un solo movimiento, los magistrados dejaron claro que van a dar la pelea, con todas las herramientas a su alcance.
Por Gabriel Sued
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