Explosiones de Río Tercero. En la audiencia judicial, no hubo propuestas del Estado para pagar las indemnizaciones

CÓRDOBA.- Las víctimas de las explosiones de Río Tercero siguen sin una solución. En la audiencia realizada en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba entre los representantes del Estado Nacional y los de los perjudicados no hubo propuestas de pago de las indemnizaciones y se pasó a un cuarto intermedio de 30 días. Los camaristas instaron a que en este tiempo se definan monto, modalidad de pago y fecha.

A los pocos días de asumir como presidente, Javier Milei firmó un decreto para liberar fondos y que se paguen las cerca de 10.000 indemnizaciones que el Estado Nacional les debe, desde hace casi 30 años, a los damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas en noviembre de 1995. Hasta ahora no se giró nada.

Este viernes los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos recibieron a los representantes de los damnificados, encabezados por el abogado Mario Ponce; a Ricardo Mostafa, apoderado de Fabricaciones Militares; Agustín Gasparini, Analía Latronico y Augusto Guruciaga, apoderados del Ministerio de Defensa y a Carlos Osvaldo Echenique Martínez, en representación de Economía.

Dos horas se extendió el encuentro pero no se llegó a nada. En diálogo con LA NACION, Ponce señaló: “No hicieron ninguna propuesta concreta para resolver el tema. Mostraron preocupación por las multas que se vienen pagando, pero nuestro pedido fue una solución integral. Dijeron no tener facultades para dar respuestas”.

Las multas a las que se refiere Ponce son las decididas por la Justicia Federal de Río Cuarto en abril del 2022, por las que el Ministerio de Defensa de la Nación debe pagar $400.000 diarios por no cumplir con el pago de indemnizaciones a damnificados por la explosiones. La sanción corresponde a 400 casos y se fijó en $1000 por cada uno. El Estado apeló, pero se confirmaron.

El pago de indemnizaciones está contemplado en la ley 27.179 sancionada por el Congreso en 2015, que recién fue reglamentada tres años después. La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem (el juicio al expresidente estaba previsto para días después de su muerte). Las condenas cayeron sobre mandos medios.

El 18 de diciembre pasado en el Boletín Oficial se publicó el decreto 56/2023 en donde se permite que el Banco Central emita hasta $3 billones más otros $4000 millones para hacer frente a “compromisos financieros inmediatos” y asegurar pagos, en un “esfuerzo” por garantizar la estabilidad financiera.

Entre los “compromisos” que menciona el decreto aparecen los establecidos por la ley nacional 27.139 de 2015, que señala el derecho a percibir una indemnización a aquellos que a esa fecha ya tenían reclamo judicial en marcha. Para cobrarlas, se debe desistir de toda acción judicial. El pago “se hará mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales”, agrega la resolución.

“El exministro Sergio Massa firmó que se pagarían en pesos -señaló Ponce-. Ahora los representantes del Estado señalaron que no hay definición del tema. Se tratará de avanzar en estos 30 días y sino ejecutaremos el cobro de las multas y pediremos que se extienda a todos los que deben cobrar indemnizaciones”.

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