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Exiliados políticos cobrarían $ 75 por cada día fuera del país
La iniciativa beneficia a quienes partieron entre 1974 y 1983; ya tiene aprobación del Senado
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LA NACIONLaura Serra
El Estado podría afrontar pagos por más de 1000 millones de pesos en indemnizaciones si prosperara en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que auspicia el Gobierno, destinado a resarcir a los exiliados durante el convulsionado período de los años de plomo, entre 1974 y 1983. La iniciativa, que ya tiene aprobación del Senado, prevé el pago de 74,66 pesos por día de exilio y contempla no sólo a los expatriados, sino también a los menores que nacieron en el extranjero por la persecución que sufrieron sus padres.
Una intensa polémica se anticipa en la Cámara baja. ¿Por qué se debe indemnizar a quien debió exiliarse y no a quien, por permanecer en el país, sufrió la pérdida de su trabajo o la expulsión de la universidad por presión de la dictadura? ¿Cómo acreditar que una persona se exilió por razones políticas? ¿Cuántos serían los beneficiarios?
Estos y otros interrogantes condimentan la controversia. El Gobierno y vastos sectores políticos –sobre todo la centroizquierda– elogian el proyecto por considerarlo necesario para cerrar la política de reparación histórica a las víctimas de la dictadura.
Su autor, el senador Marcelo López Arias (PJ-Salta), defendió la iniciativa. “El fenómeno del exilio generó desarraigo en miles de compatriotas, la pérdida de su identidad, la interrupción violenta de todas sus actividades de la vida cotidiana, la ruptura de sus lazos familiares... En fin, los exiliados debieron rehacer su vida en condiciones claramente desfavorables”, justificó el legislador, defensor a ultranza de los derechos humanos. De hecho, fue abogado de presos políticos y gremiales durante el gobierno militar e impulsó la ley de indemnización a los familiares de desaparecidos. López Arias responde políticamente al gobernador de su provincia, el peronista Juan Carlos Romero.
Un dato a tener en cuenta: hasta 2001 el Estado erogó más de 1600 millones de pesos (en bonos) en materia de reparación patrimonial a las víctimas de la dictadura, tanto a quienes estuvieron presos (ley 24.043), como a los familiares de los desaparecidos (ley 24.411). Así lo confirmaron a LA NACION fuentes incuestionables del Ministerio de Economía, que indicaron que aún resta desembolsar las indemnizaciones a quienes nacieron en cautiverio durante la privación de libertad de sus madres (ley 25.914, aprobada en 2004).
En rigor, la iniciativa tiene su antecedente en un reciente fallo de la Corte Suprema. En efecto, en octubre último los jueces admitieron el reclamo de Susana Yofre de Vaca Narvaja, que debió refugiarse con su familia en México durante la dictadura.
El alto tribunal ordenó el pago de una indemnización por considerar que el exilio "fue la única y desesperada alternativa que tuvo para salvar su vida ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas".
Este fallo de la Corte Suprema significó un estímulo importante para el proyecto de ley ahora en debate. El Senado lo aprobó por abrumadora mayoría el 2 del actual, con la sola abstención de Rodolfo Terragno (Radical Independiente-Capital), uno de los miles de exiliados durante la dictadura.
Empero, en la Cámara de Diputados ya se escuchan las primeras voces detractoras.
"Es muy difícil determinar la cantidad de exiliados y si efectivamente se marcharon por cuestiones políticas -cuestionó el diputado Guillermo Cantini (Unión por Argentina-Capital)-. Todos sufrimos la dictadura y no por eso el Estado nos tiene que indemnizar. Además, ¿por qué se beneficia sólo a las víctimas de la dictadura y no a las víctimas de la subversión?"
Impacto fiscal
La base del cálculo para establecer las indemnizaciones de este proyecto es la misma que se instrumentó en las otras leyes reparatorias para las víctimas de la dictadura: la treintava parte de la remuneración mensual de los agentes nivel A de la administración pública. Es decir, 74,66 pesos.
El proyecto propone que se abone esa suma por cada día de exilio.Un rápido cálculo permite inferir que si una persona permaneció en el exterior los nueve años que establece el proyecto, cobraría una indemnización cercana a los 245.000 pesos (pagaderos en bonos según establece la iniciativa y como se han abonado hasta ahora todos los resarcimientos a las víctimas de la dictadura).
La cifra alcanzaría proporciones millonarias si se la multiplica por la cantidad de posibles beneficiarios de la ley. ¿Cuántos son? No se sabe a ciencia cierta, reconoce López Arias. Las cifras extraoficiales rondan entre las 4000 y las 10.000 personas.
Si se toma un promedio -5000 personas exiliadas-, el monto total que debería afrontar el Estado treparía a la friolera de 1200 millones de pesos.
Para la diputada Inés Pérez Suárez (Eva Perón-Capital), ex secretaria de Derechos Humanos durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, este proyecto "no es prioritario".
"Es muy difícil de cuantificar el universo de exiliados y puede generar fraudes costosos para el Estado", criticó la legisladora, quien insistió en que, a su juicio, hay otras prioridades, como la prórroga del beneficio que cobran las víctimas del golpe de Estado de 1955. "Está frenado", acusa.
Al no haber cifras exactas sobre la cantidad de exiliados, y para impedir eventuales fraudes, López Arias impuso en el proyecto requisitos muy estrictos para quienes pretendan acceder al beneficio: una certificación emitida por la autoridad competente de asilo, que detalle la condición y el período de asilado; una certificación de refugiado emitida por el país de refugio o por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o una resolución judicial fundada del fuero federal, con los detalles y los motivos del exilio.
Precisamente, este punto genera reparos entre los exiliados; consideran que el proyecto es demasiado restrictivo. Algo de ello deslizó el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Perié (PJ-Corrientes), cuando hace diez días comenzaron a discutir el proyecto.
"No todos los exiliados pudieron acreditar su condición de tales; es más, no creo que el porcentaje supere el 10 por ciento", advirtió a LA NACION Jacinto Gaibur, dirigente peronista que debió exiliarse en Suecia.
Gaibur celebró el proyecto en debate en el Congreso. "Hay quienes creen que afuera disfrutamos el «dulce caviar del exilio». Ellos no dimensionan las terribles pérdidas que sufrimos por la persecución del Estado", enfatizó.
Gaibur, como muchos exiliados, sabe de la polvareda que levanta este proyecto. Pero confía en la firmeza demostrada por el Gobierno en materia de reparación a las víctimas de la dictadura. La Cámara de Diputados dará la última palabra.
En el Congreso Nacional
Puntos principales del proyecto
- Son beneficiarios los exiliados (o sus causahabientes) entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983. También los menores que nacieron antes o durante el período de exilio de sus padres.
- La indemnización contempla $ 74,66 por día de exilio.
- Para el cobro, los exiliados deberán acreditar certificaciones oficiales del país que concedió el asilo o refugio, del Acnur o un documento judicial que acredite los detalles del exilio.
Leyes reparatorias en vigencia
- Ley 24.043: aprobada en 1991. Indemniza a los presos políticos entre 1973 y 1983. Su vigencia fue prorrogada por otros dos años.
- Ley 24.411: aprobada en 1994. Indemniza a familiares de desaparecidos o muertos por la represión militar. También se prorrogó su vigencia por otros dos años
- Ley 25.914: indemniza a los nacidos durante la privación de la libertad de sus madres. Aprobada en 2004.
Impacto fiscal
- Por las leyes 24.043 y 24.411, el Estado erogó, hasta 2001, $ 1600 millones en bonos.
- De aprobarse este proyecto, un exiliado que pasó los 9 años en el exterior cobraría unos $ 245.000. No se sabe la cifra exacta de exiliados políticos.
