Evalúan medidas para evitar que la elección derive en un escándalo

Pocas veces el sistema electoral estuvo tan sospechado. El escándalo de Tucumán sólo sirvió para terminar de demostrar sus deficiencias. Y pocas veces hubo tanta coincidencia en los pronósticos en el sentido de que la definición de si hay o no ballottage será cuestión de pocos puntos o, incluso, décimas.

La posibilidad de que el 25 de octubre a la medianoche el país quede paralizado ante un cruce de denuncias y un escrutinio sospechado, sin saber si ya tiene un nuevo presidente, no sólo tiene muy preocupada a la justicia electoral, que ve poco margen de maniobra para evitar una tormenta anunciada, sino también a los candidatos con más posibilidades de acceder a una segunda vuelta.

Para abordar estos temas, pasado mañana la Cámara Nacional Electoral se reunirá con los partidos políticos, después de haber recibido en la semana que termina a diversas ONG, que le transmitieron a los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via su preocupación y sus propuestas.

Hasta el propio candidato del oficialismo, Daniel Scioli, se comunicó esta semana con Corcuera para proponerle algunas medidas tendientes a evitar un escenario de cuestionamientos, en el que un eventual triunfo suyo se pueda ver empañado. Del lado del macrismo, en tanto, apuntan todos sus esfuerzos a reforzar la fiscalización (ver aparte).

Esta semana, el fiscal ante la Cámara Electoral, Jorge Di Lello, dijo que "la única forma de que los argentinos crean en el resultado es que se abran todas las urnas y se cuente voto por voto, porque de otra forma la ciudadanía creerá que se robó la elección".

La Cámara Nacional Electoral le respondió que no es posible, en un escrutinio definitivo, abrir el ciento por ciento de las urnas, porque el Código Nacional Electoral, que es una ley del Congreso, sólo permite apertura de aquellas que están impugnadas. Pero los jueces reclaman al Poder Ejecutivo que adopte rápidamente medidas de mayor transparencia. En este aspecto se suma un dato adicional: el plazo limitado que media entre la elección general del 25 de octubre y la eventual segunda vuelta, el 22 de noviembre. Si se extiende demasiado la incertidumbre, no habrá margen para preparar el ballottage. Entre las medidas que se analizan se encuentra la de acelerar la recolección de urnas de los centros de votación para que antes de la medianoche haya una carga de datos alta.

"Para que el resultado sea creíble, en las actuales condiciones, necesitamos por lo menos que las actas de escrutinio se hagan por duplicado, para evitar errores y trampas en la transcripción a los telegramas; que el Poder Ejecutivo le ponga un GPS a cada camión del Ejército que transporte urnas, para que la Justicia y los partidos puedan saber si las urnas llegaron al Correo; que podamos ver por circuito cerrado cómo el Correo Argentino carga los datos y conocer de antemano el código fuente del sistema de cómputos de INDRA", dijo a LA NACION un funcionario de la Cámara Nacional Electoral.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, la organización de las elecciones y el primer escrutinio, el provisional, que es el que arroja el resultado del domingo, está a cargo del Poder Ejecutivo. La Justicia es responsable sólo del recuento definitivo, que comienza a hacerse dos días después, sobre los datos no de los telegramas, sino de las actas de escrutinio.

Pero este segundo recuento dura semanas y, para entonces, tal vez los partidos estén superponiendo una campaña de ballottage con las denuncias de fraude.

Por eso, desde hace más de diez años la Cámara Nacional Electoral viene reclamando al Poder Ejecutivo y al Congreso nacional que la organización de las elecciones pase a la Justicia. Pero el Ejecutivo nunca accedió y sigue siendo quien celebra el contrato con Indra, la empresa encargada del sistema de cómputos, y con el Correo, que carga los datos.

"El Gobierno nunca les proveyó ni a la Justicia ni a los partidos, ni en las PASO de agosto ni en las elecciones anteriores, el código fuente con el que Indra carga el sistema de cómputos", coinciden cerca de los jueces electorales.

Otra medida que están reclamando las agrupaciones políticas es que el Gobierno establezca un cierto orden de carga de los resultados, sobre la base de los resultados de elecciones anteriores, de modo que el domingo a la noche no aparezca, por ejemplo, que el Gobierno es amplio vencedor y, luego, con el correr de las horas del lunes, el resultado se vaya achicando, lo que resta credibilidad a los resultados.

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