Estalló la guerra en la Corte Suprema por un cambio administrativo y hubo un durísimo cruce de acusaciones

Estalló una nueva batalla de la guerra interna que domina la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de los jueces del tribunal hicieron un cambio administrativo con la creación de una secretaría penal, pero Ricardo Lorenzetti se opuso en duros términos y dijo que la decisión oculta “oscuros intereses” y que esto sucede cuando la “ambición desplaza la excelencia”. Sin embargo, a las pocas horas, los jueces de la mayoría le contestaron y acusaron de practicar nepositismo y de entorpecer las medidas del tribunal.

Lorenzetti al votar en disidencia con sus colegas sobre la nueva secretaría penal dijo que “la real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”.

El cambio fue decidido mediante la Acordada 18 /2024 por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el juez Juan Carlos Maqueda, que funcionan en unidad a la hora de decidir los temas de gestión de la Corte. Lorenzetti quedó fuera y desde esa posición viene fustigando al resto en cuestiones internas del tribunal, como las denuncias por el funcionamiento de la obra social, o la decisión de la mayoría que removió al administrador de la Corte.

La mayoría de la Corte salió a responder esta disidencia de Lorenzetti. En un documento, difundido entre los periodistas, presentaron un punteo que replica las objeciones del juez una a una, en términos tan duros como el que usó Lorenzetti. Dijeron los jueces de la mayoría que el formato de la Acordada no permite hacer objeciones de las objeciones y por eso optaron por esta manera de responder.

Lorenzetti fue presidente de la Corte durante más de una década y perdió ese cargo cuando cambiaron las mayorías. Desde entonces viene haciendo estas observaciones. Ahora con la postulación de Ariel Lijo para la Corte, que él mismo impulsó en sintonía con el Gobierno, busca empezar a cambiar esas mayorías.

Este cambio -la creación de la secretaría penal- se da cuando hay expectativa porque un juez federal penalista como Lijo pueda ingresar al máximo tribunal, y en ese sentido se puede interpretar como un movimiento preventivo de parte de la mayoría. Lorenzetti asegura que la idea es que ese nuevo secretario maneje las causas penales importantes obedeciendo órdenes “que no se publican”.

El argumento de la mayoría para hacer estos cambios es que se vienen acumulando causas en la secretaría penal de “manera considerable y sostenida” y que deben intervenir para “garantizar la buena administración de justicia” y satisfacer “los crecientes planteos de los justiciables”. Y por eso las tareas se organizarán de esta manera: la nueva secretaría penal especial atenderá los casos de juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia, cuestiones de competencia y habeas corpus; y el resto quedarán en la secretaría actual.

Lorenzetti, en una disidencia incendiaria, dijo que la “invocación de principios de buena administración no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema”. “Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición”, escribió el juez. Dijo que estaba triste por el estado de la Corte y señaló que su misión de sostener la independencia del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos queda desnaturalizada “cuando se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”.

Indicó que se designan a personas sin concurso en base a la amistad o el parentesco, sin austeridad, y que esta situación se da cuando fueron nominados dos nuevos jueces; por lo que “es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”.

La réplica

La mayoría de la Corte le contestó: “No hay antecedentes de que se hubieran demorado medidas de organización interna por una circunstancia similar a la que menciona el juez Lorenzetti” y recordaron que cuando asumieron Rosatti y Rosenkrantz en la Corte, Lorenzetti, Maqueda y Highton, reorganizaron secretarías y direcciones.

Lorenzetti dijo que “la Superintendencia de la Corte Suprema debe enfocarse en solucionar los gravísimos problemas que padece el Poder Judicial en todo el país. La Corte Suprema, que integra el Consejo de la Magistratura, tiene la obligación de requerir que se cubran los cargos, que los concursos sean transparentes, que no se alteren las listas, que se respete el mérito, que se asista en tiempo y forma a los Tribunales que no tienen los recursos mínimos para funcionar. Que en las cuestiones internas, es necesario ser austeros, concursar los cargos, respetar el mérito y evitar el nepotismo”, escribió el juez.

La mayoría le contestó que “el mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela (resolución Nº 2983/2018)”.

Lorenzetti dijo que de lo que se trata es de ocupar espacios de poder antes de la asunción de los nuevos ministros. Volvió con el tema de las demoras en los fallos por “la falta de gestión en los acuerdos”, en alusión a Rosatti y sus colegas y señaló que hay 300 causas trascendentes y casi 60.000 expedientes sin resolver, “lo que es inédito”.

“Esos atrasos no se pueden imputar a los secretarios, ni tampoco se solucionan con la designación de nuevos funcionarios. La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios, se producen estas crisis”, dijo.

La mayoría de la Corte le contestó que la demora era responsabilidad de Lorenzetti: “Buena parte de la responsabilidad por los atrasos en la circulación de las causas se debió a que el propio ministro Lorenzetti impuso durante casi dos años cupos mensuales por secretaría, lo cual debió ser prohibido por la Corte” y le dijeron que el mismo demora la votación hasta 23 meses en algunas causas como la constitucionalidad del uso del cinturón de seguridad.

Lorenzetti argumentó que es injustificada la creación de una nueva secretaría penal, con un nuevo secretario, altos costos y sin concurso. “La falta de sentencias con argumentos fundados es responsabilidad de los ministros”, dijo el juez y puso ejemplo que hay cientos de causas en las que se discute la constitucionalidad de la prisión perpetua y que solo dos jueces contestaron a las sugerencias de los secretarios para avanzar con esos caso. Dijo que Rosatti no contestó.

La mayoría de la Corte le contestó que las medidas que se tomaron en esas causas no fueron a instancias de Lorenzetti que propuso que una de las causas sea discutida en el acuerdo. Dijo que al dividir en dos la secretaría penal quedara 1000 expedientes en la nueva con el viejo secretario, y en la vieja sin secretario 6000 expedientes. “Un vaciamiento de la actividad del secretario actual, sin fundamento alguno”, dijo Lorenzetti.

La mayoría de la Corte le contestó que no hubo vaciamiento porque se queda con los casos de lesa humanidad y que hubo un incremento exponencial de expedientes penales que ha provocado una importante demora en la tramitación de las causas a pesar de que se incorporaron 14 agentes. “Por lo tanto, era razonable y necesario hacer una distribución de las causas por temas entre dos Secretarios diferentes”.

Sin embargo para Lorenzetti, “la real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”.

El juez dijo que hay una serie de decisiones de la Corte que siguen el mismo patrón y son todas aquellas en las que Lorenzetti se opuso con fuertes disidencias. Por ejemplo en torno a la creación de la Comisión de Lenguaje Claro, la Oficina de Bienestar Laboral, la oficina de estadísticas de un “portal de comunicación” cuando existe el Centro de Información Judicial. “Se pretende crear un modelo que se abandonó hace viente años, simplemente para nuevas designaciones”, dijo.

Como respuesta a las objeciones sobre la Comisión de Lenguaje Claro, los jueces de la mayoría dijeron que “no implica gastos adicionales”, lo mismo que la Oficina de Bienestar “conformada por personal que prestaba funciones en otras áreas de la Corte”.

Sostuvieron que el portal de noticias de la Corte, a diferencia de lo que plantea el juez Lorenzetti, no se trata de un portal comunicacional. “Lo que procura es brindar una herramienta para la ciudadanía en general con datos actualizados sobre la organización de la justicia en todos sus niveles y de ese modo asegurar el acceso a la justicia”. Y señalaron que el Centro de Información Judicial (CIJ) “ha fracasado como política comunicacional, al punto que en el último año se ha limitado a la publicación de las acordadas de la Corte y, previamente, pura y exclusivamente actividades de Lorenzetti, cómo presentaciones de libros, entre otras”.

Lorenzetti, en su disidencia, enumeró estructuras creadas que según su criterio son innecesarias o generan duplicaciones de funciones. “Se creó la Secretaría de Desarrollo Institucional, a cargo del Dr. Valentín Thury Cornejo. Con el paso del tiempo se advirtió que no tuvo un funcionamiento real ni respondía a necesidades concretas” considerando que tiene un Secretario de Corte, un Prosecretario Letrado, un Director General, un Prosecretario Administrativo, un Jefe de Departamento y un Oficial.

Dijo la mayoría que esa secretaría de Desarrollo Institucional fue creada con intervención de Lorenzetti y que “tiene una única persona asignada”. La pelea entre los jueces alcanza a las diferencias entre las personas que trabajan con ellos, Lorenzetti mencionó que se sancionó a Héctor Marchi, administrador de la Corte en su gestión, pero la mayoría dijo que no fue sancionado, sino desplazado a otro cargo y que el juez Lorenzetti “boicoteó” las medidas para sanear la obra social del Poder Judicial.

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