Estafas con propiedades: se complica la situación judicial de dos funcionarios de Corrientes
El gobernador Valdés anunció que el Estado será querellante en la causa, que involucra a los jefes de Castastro y del Registro de la Propiedad, a un fiscal y una escribana; la jueza denegó varios pedidos de excarcelación
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PARA LA NACIONEduardo Ledesma
CORRIENTES.– Declaraciones recientes del fiscal Gustavo Roubineau dan cuenta de la complicada situación procesal que atraviesan los dos funcionarios de rango del gobierno de Corrientes, que fueron detenidos luego de varios allanamientos requeridos por la Justicia hace dos semanas. Ambas capturas se dieron en el marco de una megacausa que investiga la venta irregular de terrenos, estafas y falsificación de documentos que involucran a estos funcionarios, jefes de la Dirección de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia, pero que alcanza también a escribanos, abogados, agrimensores e incluso a un fiscal provincial.
Las pruebas en los expedientes judiciales sustentan no sólo las imputaciones de alrededor de quince personas sino también las detenciones y la negativa de la jueza actuante de otorgar las excarcelaciones solicitadas. Es lo que dejó entrever el fiscal Roubineau en declaraciones televisivas efectuadas en las últimas horas.
El último procedimiento circunscripto a esta investigación y que terminó con la detención de siete personas, entre ellas los jefes de las direcciones de Catastro y del Registro de Propiedad Inmueble, ocurrió hace dos semanas, el jueves 11 de agosto. Desde entonces hasta hoy, la situación migró de la exclusividad judicial a los ámbitos compartidos con la política. Sucede que la situación de zozobra que produjo entre los propietarios de inmuebles la cantidad de casos de estafas y falsificación registral que analiza la justicia, llevó a varios legisladores de la oposición (nucleados en el Partido Justicialista) a pedir informes al gobierno, en especial al ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, de quien dependen Catastro y el Registro de Propiedad.
La sesión que debía viabilizar los reclamos no se concretó el jueves pasado, lo que magnificó el rezongo opositor que por otra parte, no tiene números para forzar una sesión ordinaria ni especial en la Legislatura local.
No obstante esto, pero ante la situación de incertidumbre, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sostuvo el viernes que el Estado será querellante en la causa y que mientras tanto se resuelva la situación, ambos organismos estarán bajo la órbita de Piasentini, pues por el momento no serán intervenidos.
“Estamos en conocimiento de la causa y debe ser investigada profundamente porque estamos hablando de una estafa al Estado de la Provincia”, dijo el mandatario en declaraciones radiales. “Me interioricé con el fiscal general [César Sotelo], y le di la orden al fiscal de Estado [Horacio Ortega] para que se involucre y comencemos a querellar nosotros. Es una estafa al Estado. La Provincia se va a constituir como querellante”, anunció.
En esta misma línea, aclaró que “acá no hay impunidad, acá tienen que ir presos y pagar los culpables. La Justicia tiene que actuar y tratar, en el marco de la ley, de que el fisco tenga el menor daño posible”. E insistió: “Pero no nos escondemos, ni buscamos impunidad”.
“Es la Justicia correntina la que está investigando y actuando contra los organismos públicos que están en una maniobra de defraudación, y los funcionarios que están involucrados, sea por asociación ilícita o por estafa, tienen que ir presos”. “Tienen que pagar como cualquiera y tener su sentencia. No hay otra forma”, puntualizó.
En las últimas horas, en tanto, el fiscal de la causa, Gustavo Roubineau, dijo que hay documentación suficiente para probar los delitos y la “connivencia” de los funcionarios públicos con los líderes de la asociación ilícita que, entre otras maniobras, fabricaban títulos de propiedad y estafaban a los propietarios reales e incluso a compradores de buena fe.
El fiscal recordó además que la causa se inicia al detectarse una irregularidad con la propiedad de un terreno que le perteneció en vida al exgobernador de Corrientes Julio Romero (PJ), terreno calibrado en varias hectáreas y que se encuentra en la localidad de Loreto, en el interior provincial. Este dato es relevante dado que las maniobras ilícitas que se investigan se habrían verificado en alrededor de 25 expedientes sobre propiedades en distintos lugares de la provincia.
“Existen muchas causas de falsedades documentales o de estafas cometidas con inmuebles o a través de escribanos públicos, incluso varias causas de la misma escribana Báez -que es la que aglutina todos los hechos de nuestra investigación-. Son casos que aparecen en principio como aislados pero que tienen un desarrollo y una una idea común, con la intervención de las mismas personas y el mismo mecanismo. Obviamente implica una investigación que es muy compleja, que es grave, pero para nosotros la hipótesis de la intervención o la participación de los funcionarios públicos tanto del Registro de la Propiedad como de Catastro, yo creo que está mínimamente acreditada en el expediente y estamos hablando de una investigación que recién está empezando”, dijo el fiscal en un programa de televisión local, que se emitió en adelanto la noche del martes.
Tales declaraciones, entre otras de importancia para la investigación, ocurrieron luego de que la jueza de Instrucción N° 3, Josefina González Cabañas, a cargo de las actuaciones, denegara los pedidos de excarcelación presentados por varios de los detenidos, entre los que se encontraba el pedido de la directora del Registro de la Propiedad, la escribana María Eugenia Demetrio, quien además de dirigir la oficina registral correntina, desde noviembre pasado presidía el Consejo de Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, que reúne a los 24 distritos del país.
También continúa detenido el director de la Dirección de Catastro y Cartografía, Narciso Santín Toffoletti, quien prefirió no declarar en una primera instancia y ni siquiera presentó un pedido de excarcelación. Ambos están detenidos desde el 11 de agosto, junto con otras cinco personas, que se sumaron a otras tantas detenidas en febrero.
Todos están imputados con distintos grados de participación en la causa que obedece, según la Fiscalía, a una investigación que se viene desarrollando desde el año 2021 y tiene por objeto indagar sobre una serie de defraudaciones cometidas contra una importante cantidad de inmuebles ubicados en territorio provincial que han sido despojados a sus legítimos dueños mediante escrituras públicas y otros documentos falsos, accionar que se atribuye a una organización o banda criminal integrada, entre otros, por escribanos, abogados y funcionarios públicos, que incluye a un fiscal: al titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes, doctor Gustavo Schmidt Breitkreitz, a quien se lo involucra en una maniobra fraudulenta en la adquisición de terrenos en sucesión.
La principal implicada es la escribana Gladys Dionisia Báez, detenida desde principios de año y a quien se le imputa un “sinnúmero de defraudaciones y estafas, que analizadas en su conjunto, amenazan y ponen en riesgo la seguridad del sistema registral y catastral de esta provincia”, señala el dictamen mediante el cual el fiscal Roubineau solicitó a la jueza González Cabañas los allanamientos y las detenciones.
La mención del nombre de la escribana Báez no constituye novedad para las carátulas penales. Desde el año 2009 es seguida por la Justicia Federal debido a otras operatorias, entre las que se encuentra la compra, venta y traspaso de dos inmuebles al exgobernador Ricardo Colombi en maniobras investigadas por datos falsos en las escrituras.
Los delitos que se le imputan a ella y las demás personas detenidas son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, estos últimos agravados, y fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Por Eduardo Ledesma
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