Estados Unidos investiga a un fondo “buitre” por espionaje ilegal contra funcionarios argentinos durante el kirchnerismo

Espías israelíes, bases de operaciones en Uruguay y la India, tarjetas SIM británicas, una novela y más... La Justicia de Estados Unidos investiga al abogado que forzó al estado argentino a pagarle US$2000 millones al fondo “buitre” que representaba. ¿La sospecha? Que recurrió al espionaje ilegal para acceder a correos electrónicos, documentos oficiales e información privada comprometedora con el objetivo de doblegar a los funcionarios argentinos.

La investigación se centra en Jay Newman, el letrado que durante años representó al fondo Elliott Management -cuyo rostro más visible era el financista Paul Singer-, aunque los fiscales estadounidenses también reclaman al Reino Unido la extradición de un exagente de inteligencia israelí, Amit Forlit, bajo sospechas de ser quien sustrajo los correos electrónicos del gobierno argentino de manera ilegal.

Tanto Newman como Forlit, al igual que el fondo Elliott, negaron haber delinquido en su puja con la Argentina cuando fueron interrogados por la Fiscalía y en consultas de la prensa, aunque el abogado y el exagente israelí continúan bajo investigación. En particular, por el pago de US$20 millones a una compañía controlada por Forlit, mediante una triangulación de fondos a través de DCI Group, una consultora con domicilio legal en Washington.

La hipótesis de la fiscalía estadounidense es que Newman recurrió a Forlit para acceder a información sensible sobre funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, tanto en la gestión como en sus vidas privadas –en particular, dinero y otros activos vinculados a la corrupción que pudieran ocultar en paraísos fiscales-, con el objetivo de forzarlos a negociar el pago de títulos de la deuda soberana en default.

Hasta el momento, los investigadores estadounidenses no detallaron si Newman y Forlit accedieron a información comprometedora de funcionarios kirchneristas. Pero hay indicios. En 2013, por ejemplo, en plena puja con el Estado argentino, el fondo Elliott Management se presentó ante un tribunal de las islas Caimán para reclamar que un banco revelara detalles sobre la cuenta bancaria con al menos US$602.000 de un funcionario argentino cuyo nombre no revelaron. Pero les fue mal: el juez rechazó la petición tras considerar que habían incurrido en un “abuso de información confidencial”.

Los investigadores sospechan, incluso, que Newman volcó sus vivencias, los posibles hackeos y las campañas sucias que habría orquestado junto a Forlit en una novela que publicó en 2022, en Estados Unidos, titulada “Undermoney”. En esas páginas, el letrado narró con todo tipo de detalles y precisiones cómo un fondo “buitre” delinquió para ganar fortunas.

El propio Newman alardeó sobre la verosimilitud de su novela en varias entrevistas y presentaciones públicas. “No hay mucha ficción en ‘Undermoney’”, le planteó a su interlocutor, en una entrevista que concedió para un podcast. Y en un encuentro en Miami sostuvo que muchos de los personajes se inspiran en personas reales que él conoce, incluidos algunos del mundo de la inteligencia.

Crítico acérrimo del Estado argentino en general –y del kirchnerismo en particular-, Newman fue parte de la ofensiva judicial que el fondo Elliott encaró alrededor del mundo y que llevó, por ejemplo, a la retención de la fragata Libertad, el buque escuela de la Armada argentina, en un puerto de Ghana, en 2012.

Durante años, el fondo Elliott desplegó un equipo de 100 personas para avanzar sobre la Argentina que Incluyó abogados, contadores, economistas, expertos financieros e investigadores. La mayoría integró antes la “task force” que hurgó en los estados de Nevada y Delaware, en Estados Unidos, y en paraísos fiscales en el Caribe, Europa y hasta las islas Seychelles. Buscaron datos sobre la familia Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

Al final, la disputa rindió frutos en los estrados del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa. Los abogados de Elliott Management lograron en 2016 que el estado argentino le pagara los bonos de la deuda soberana en default que el fondo buitre había comprado en el mercado secundario. Como resultado, decuplicaron la inversión inicial.

Poco después de esa victoria en los tribunales, Newman se retiró del fondo Elliott con US$70 millones en sus bolsillos. Pero lejos de cambiar de rumbo, mantuvo varios encuentros con Forlit, el exagente israelí, para evaluar otros proyectos, aunque no prosperaron, según reconstruyó The Wall Street Journal.

Entre sus allegados, sin embargo, Forlit relató que montó un equipo de hackers con base en América del Sur, mayormente Uruguay, que con el apoyo de expertos subcontratados en India lanzaron varios ataques cibernéticos contra políticos argentinos y sus círculos íntimos. Utilizaron tarjetas SIM británicas, además de exespías israelíes que hablan español, para revisar los documentos que obtuvieron de manera ilegal, pero que luego afirmaban que habían encontrado en la “deep web”.

Ahora, mientras que un abogado que representa al gobierno de Estados Unidos reclama en Londres la extradición de Forlit –quien permanece bajo vigilancia en su domicilio-, los fiscales evalúan los pasos a seguir con –o contra- Newman, quien afirma que no procedió de manera ilegal. El fondo Elliott, en tanto, defendió su propio proceder, pero se despegó de Newman.

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