Espionaje ilegal, una tercerización caótica y torpe que abrió oportunidades de negocios
El sargento detenido Ariel Zanchetta es el último exponente de una matriz de operaciones y “carpetazos” que lleva varios años; los expertos revelan que esta etapa se intensificó a partir de la presidencia de Néstor Kirchner
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La intervención y desmantelamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Alberto Fernández no erradicó las tareas de espionaje ilegal: solo las tercerizó en el sector privado, de manera caótica y hasta torpe. Y abrió oportunidades de negocios para agentes –activos o retirados- de la propia AFI y de fuerzas armadas y de seguridad que trabajan para el mejor postor. En ese contexto, Ariel Zanchetta es apenas el último exponente de una matriz de operaciones y “carpetazos” que lleva años y abarca de Jaime Stiuso y Fernando Pocino a César Milani y Gustavo Arribas, entre otros.
La tercerización del espionaje ilegal comenzó en tiempos de Néstor Kirchner, cuentan los expertos y veteranos de la AFI que dialogaron con LA NACION bajo reserva estricta de sus nombres. Se agudizó con Cristina Fernández. Se propaló con Mauricio Macri. Y, como en muchas otras áreas de la gestión, la realidad pasó por encima o por un costado a Alberto Fernández, que arrastra una sucesión creciente de filtraciones y escándalos.
Delegar las tareas de espionaje ilegal en “consultores” del sector privado, también coincidieron los expertos y veteranos consultados, les ofreció dos ventajas a los distintos gobiernos: les permitió mantener una pátina de legalidad y negar todo conocimiento o responsabilidad sobre lo que ocurre en los sótanos, donde se trasiegan las cámaras ocultas, las interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, y los chantajes sexuales, entre otros.
Algunos de esos episodios, sin embargo, salieron a la luz y permiten atisbar cómo funciona la maquinaria del espionaje ilegal, sean protagonizados por “consultores” o por agentes de la AFI u otras fuerzas de seguridad que monetizan sus conocimientos en el sector privado, lejos de cualquier supuesto control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Los primeros atisbos de ese doble juego de agentes del Estado que delinquen en el sector privado surgieron durante el renacer mismo de la democracia. El entonces presidente Raúl Alfonsín llegó a denunciar la presencia de “mano de obra desocupada” de las fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia abocados, por ejemplo, a secuestros extorsivos. Agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), como Raúl Guglielminetti, representaban una amenaza real y cotidiana.
Ya en tiempos de Carlos Menem, los agentes de la SIDE comenzaron a engordar sus ingresos con otra veta laboral: espiar para empresas. Así fue como, por ejemplo, el secuestro de Macri salió a la luz en 1991. Una célula de la SIDE había “chupado” los teléfonos de su padre, Franco, a pedido del grupo rival Soldati mientras competían por la privatización de Obras Sanitarias, y se toparon con un llamado de los secuestradores.
Néstor, el iniciador
El doble juego del espionaje, sin embargo, se convirtió en una decisión de las máximas autoridades del Estado cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. El patagónico recurrió a un grupo especial de la ex SIDE para tareas de espionaje doméstico: desde escuchas a políticos como Macri, Eduado Duhalde, Daniel Scioli, Gustavo Beliz y Roberto Lavagna, empresarios como Eduardo Eurnekian, Aldo Roggio y Eduardo Constantini, jueces, fiscales y periodistas hasta infiltrar manifestaciones, además de operetas como la que padeció Enrique Olivera durante una campaña electoral. Y eso, en tiempos de Francisco “Paco” Larcher, mientras que le pagaban a “buches” para que hicieran ciertos “trabajos”.
Muchas de esas tareas de inteligencia se camuflaron como parte de una operatoria que les permitió legalizarlas y volcarlas en informes reservados de “seguridad nacional”. Otras quedaron en manos de agentes como Iván Velázquez y Pablo Carpintero, o se delegaron en consultoras como C3 Consulting, que quedó bajo la lupa judicial, se ordenaron escuchas telefónicas y aparecieron indicios de todo tipo de operatorias ilegales. Desde sobornos a jueces, amenazas de carpetazos entre funcionarios, seguimientos a periodistas, vínculos ocultos con barrabravas y hasta el rol de Milani en tareas de inteligencia interna, además de datos sobre el entonces titular de la Corte Suprema y cruces de facturas dentro de la exSIDE.
Ya en tiempos de Cristina Kirchner, continuaron los aprietes –como el que padeció Norberto Oyarbide para que cerrara su investigación por enriquecimiento ilícito de los Kirchner- y las operetas, como la que afrontó Francisco de Narváez en otra campaña electoral. Pero también aconteció un punto de inflexión. El Pacto con Irán colocó en un andarivel a Alberto Nisman, Stiuso y numerosos agentes que investigaban al régimen de Teherán y a Hezbollá. La Presidenta se abrazó entonces al sector antagónico de la ex SIDE que lideraba Pocino, potenció la inteligencia militar de Milani y, por último, creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Rodolfo Tailhade y Pocino como figura.
Ese proceso llevó a la salida de cerca de 80 agentes, al ingreso de decenas de militantes de La Cámpora y a la expansión de una red de espionaje que abrevó en personal de inteligencia del Ejército, la Gendarmería –que contaba con su “Proyecto X”-, y de las policías de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Federal –donde revistaba el ahora detenido sargento Ariel Zanchetta- y bonaerense. También, al crecimiento de consultoras como la antedicha C3 Consulting, cuyo rostro visible era otro ex Policía Federal, Leonardo Scatturice, bajo el ala de Pocino.
La transición de la SI a la AFI conllevó, también, el rearmado de las estructuras. “Cuando asumió Parrilli, Tailhade quedó al frente del sector de Contrainteligencia, por lo que ‘heredó’ a Zanchetta”, rememoró un exagente ante la consulta de LA NACION. Y el actual diputado nacional también era el jefe de Esteban Carella, quien venía de ser relevado como gerente general de Télam tras difundir información privada de Damián Pachter, el periodista que tuvo la primicia de la muerte de Nisman. En la agencia oficial de noticias, Carella había sido el superior del entonces gerente de Área de Periodismo, Fabián “Conu” Rodríguez. Hoy, Carella es el jefe de Cotrainteligencia de la AFI.
Las carpetas negras
Durante aquellos años, Zanchetta integró un “equipo de tareas” bajo el mando del entonces subcomisario de la Policía bonaerense, Ariel Difilippo, y Diego Raitano, alfil de Pocino, y Joaquín Conrado “El Verde” Pereyra, mano derecha de Milani, según surge de un archivo que la Justicia extrajo de la computadora del propio Zanchetta. Fueron años, también, en que Cristina Fernández recibió carpetas negras con datos de inteligencia y escuchas telefónicas. Dos fueron secuestradas en su casa de El Calafate durante el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío en 2018. ¿Mencionados? José Luis Manzano, el exjefe de la SIDE Miguel Angel Toma, Stiuso y uno de sus hombres, Pedro “Lauchón” Viale, Nisman y su exesposa y jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el Grupo Clarín, Repsol, HSBC, Barrick Gold y General Motors, entre otros.
El ingreso de Macri a la Casa Rosada acentuó las prácticas. Por entonces procesado en el escándalo de escuchas telefónicas ilegales junto a dos hombres provenientes de la Policía Federal –Ciro James y el comisario Jorge “Fino” Palacios-, Macri designó a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la AFI. Acumularon escándalos y denuncias penales. Entre otros, por la instalación de bases para el espionaje en el área metropolitana (AMBA) con más de 70 agentes que reclutó entre efectivos retirados o exonerados de la Policía bonaerense, como el exjefe Daniel Salcedo y el comisario general Vicente Melito, espías reactivados y oficiales retirados del Ejército, según reveló LA NACION en mayo de 2019.
Ese fue, apenas, una de las varias manchas de una gestión que acumuló tropiezos. Entre otros, también por el espionaje ilegal al Instituto Patria, a los familiares del ARA San Juan y a los presos y detenidos en cárceles, además de la “Gestapo antisindical” y el “Grupo Súper Mario Bros”, con reclutados de, otra vez, las policías Federal y Metropolitana, que espiaron a políticos, empresarios, gremialistas, sacerdotes y periodistas.
Muchos de esos mismos y otros “objetivos” quedaron en la mira de “las Julietas”, un grupo de escorts que, al decir del extitular de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre, se abocó a seducir víctimas para luego controlarlos, extorsionarlos o “cancelarlos”, una práctica en la que habría participado Natasha Jaitt y, en la actualidad, Sofía Clerici, entre otras, mientras que un integrante de la SIDE, Raúl Martins, regenteaba prostíbulos VIP.
Zanchetta, el precarizado
La gestión de Alberto Fernández abarcó, en tanto, la intervención de la AFI con Cristina Camaño y, luego, a la asunción de Agustín Rossi con colaboradores del Ministerio de Defensa que para la oposición conformaron una “mesa militar” abocada al espionaje con Milani en las sombras, algo que Rossi negó repetidas veces. Pero fue durante los últimos años que arreciaron los “SIM-Swap” –es decir, un método que le permite a un hacker tomar el control de un teléfono ajeno y acceder a toda o parte de la información que contiene-.
Así fue como salieron a la luz los mensajes que intercambiaron jueces, fiscales, funcionarios del Gobierno porteño y ejecutivos de Clarín tras un viaje a Lago Escondido. Y así fue como la Justicia investigó, llegó hasta el hacker Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien confesó que desde Eldorado, Misiones, cobraba $15.000 por cada ataque. Entre sus víctimas figuraron desde ministros de la Corte Suprema a dos jueces del tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner.
Al tirar de esa cuerda, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita –los mismos que deben investigar por qué Cristina Kirchner tenía esas carpetas negras con información de inteligencia- lograron vincular a Nuñes Pinheiro con Zanchetta, el suboficial retirado de la Policía Federal que se definió como un “agente inorgánico” de la AFI hasta su detención, en junio de este año. Esa categoría no existe, ni en la legislación vigente, ni en el escalafón interno del organismo. Pero es un eufemismo que engloba a los “precarizados” del submundo de los sótanos.
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