Espías. Confirman a Cristina Caamaño como interventora de la AFI
La fiscal Cristina Caamaño, presidenta de la agrupación Justicia Legítima, fue designada interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según dijeron fuentes oficiales.
La designación fue publicada en el Boletín Oficial de este sábado, donde se formaliza la intervención de la agencia por un plazo de 180 días.
Caamaño conoce el mundo del espionaje cuando le tocó hacerse cargo de una de sus funciones: las escuchas telefónicas ordenadas por los jueces que hasta ese momento las realizaba la AFI, que quedó desplazada de esa tarea.
Todo ocurrió en 2015, tras la pelea de fondo del kirchnerismo con Jaime Stiuso, quien controlaba la SIDE, cuando Cristina Kirchner desarticuló la vieja agencia de inteligencia y en su lugar fundó la AFI y le sacó la facultad de "pinchar" teléfonos legalmente. La sospecha era que esa actividad se hacía no solo a pedido de los jueces en causas judiciales, sino que se había montado un sistema para generar expedientes que motivaran escuchas telefónicas a pedido de clientes particulares, que eran atendidos por agentes de la agencia de la calle 25 de Mayo.
La SIDE, que había influido en los tribunales en favor de las causas que le interesaban al kirchnerismo, ahora le declaraba la guerra y buscaba incidir en los jueces para activar las denuncias de corrupción sobre las que antes buscaban hacer control de daños.
Caamaño era el personaje ideal para transparentar el área oscura de la ciénaga de los servicios. Kirchner traspasó las escuchas a la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, y Caamaño quedó a cargo del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom).
La fiscal se había ganado la confianza del kirchnerismo durante la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra, el trabajador ferroviario que pertenecía a una empresa tercerizada y fue muerto a tiros cuando su agrupación y militantes del Partido Obreto se enfrentaron con una patota de la Unión Ferroviaria.
Caamaño trabajó en el esclarecimiento del crimen y llevó a juicio a los que terminaron condenados como autores materiales y al secretario general del gremio, José Pedraza, como autor intelectual. Néstor Kirchner consideró ese asesinato como algo casi personal, al punto que la información que permitió su esclarecimiento le llegó a él personalmente, y dio instrucciones para que sea judicializada.
Caamaño trabajó también con Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad en 2010, como secretaria e seguridad y, luego, como secretaria de cooperación con los poderes judiciales.
Reforma
Es abogada graduada en la UBA, con un posgrado en Salamanca. En 2013 asumió como fiscal de instrucción, hasta que se fue a dirigir las oficina de escuchas. Es considerada una militante de Cristina Kirchner y de sus ideas sobre la democratización de la Justicia.
Está en perfecta sintonía con el anuncio del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, cuando dijo que va a evitar la injerencia de los servicios de inteligencia en la Justicia.
Caamaño es la interventora para llevar adelante esta misión, mientras se prepara un paquete legislativo para reformar la estructura de la agencia de inteligencia.
"Queremos impulsar, así, una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado", dijo Fernández en su discurso en el Congreso.
Una parte de la reforma es dotar de transparencia a los fondos reservados. Hoy todo el presupuesto de la AFI es secreto, desde lo que se gasta en cuestiones menores hasta los gastos más sensibles para financiar operaciones en el extranjero.
"Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656/ 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la administración anterior promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado", dijo Fernández.
La idea es que solo los fondos reservados usados para tareas de inteligencia sean secretos y que el resto de los gastos tengan una gestión abierta.
Fernández expuso la determinación de que todos los fondos de la AFI y, también, las partidas reservadas de otras fuerzas de seguridad se emplearán para la iniciativa de promover la lucha contra el hambre.
Los proyectos en marcha para reformular la exSIDE fueron variando desde que Fernández ganó las PASO, en octubre pasado.
Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos, propuso una idea inicial de disolverla. El funcionario la padeció cuando se enfrentó con Stiuso y perdió, pero antes de irse mostró una foto del agente por TV. Se ganó una causa penal que llegó a juicio con una condena. Al final, la Corte puso las cosas en su lugar y lo absolvió.
Ese plan radical fue mutando y hoy se trabaja con una idea de mantener una AFI dedicada al área exterior, con una mesa de análisis y un equipo de contrainteligencia. Esta área se encargará del intercambio informativo con el resto de los servicios del mundo y de las operaciones en el exterior. Contrainteligencia se preocupará de la defensa de los intereses nacionales.
El área interior, con operativos que hasta ahora caminan las calles en la Argentina, se desarticularía y las tareas de inteligencia criminal que prestaban a los jueces pasarían a manos de las fuerzas de seguridad. Son unos 1500 hombres, que podrían ser reasignados en los presupuestos de las policías o de otras fuerzas federales y usar sus conocimientos en la lucha contra el crimen. Las escuchas telefónicas son un tema aparte. Ya fuera de la AFI, todavía están en manos de la Corte Suprema, pero los jueces no están seguros de quedarse con la gestión del organismo.
El Gobierno mira con desconfianza esta idea y el kirchnerismo, cada vez que puede, le echa la culpa a la dirección de escuchas telefónicas en poder de la Corte de la filtración de audios de Cristina Kirchner para perjudicarla.