España pedirá la extradición de Videla y otros 40 represores
Están procesados en ese país por delitos de genocidio, terrorismo y torturas en una causa que lleva adelante el juez Garzón; la lista incluye a Massera, Anaya y Bussi
Actualizado el 8 de julio de 2020
El gobierno español aprobó hoy solicitar a la Argentina la extradición de 40 represores procesados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investiga crímenes de la última dictadura militar.
El Consejo de Ministros, en cumplimiento de la sentencia de 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, acordó hoy dar curso a esta solicitud, que había sido frenada en agosto de 2003, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.
Nombres. El documento del Consejo de Ministros acuerda pedir a la Argentina la extradición de Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Rubens Gragffigna, Armando Lambruschini, José Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernias, Héctor Febres y Carlos Guillermo Suárez Masón, que ya está muerto, entre otros.
Un grupo de estas personas, entre las que se encuentra Graffigna, fueron detenidas en la Argentina el 26 de julio de 2003, en cumplimiento de una orden internacional cursada por el juez Garzón.
El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional envió al Ministerio de Justicia la propuesta de extradición, pero el 29 de agosto de 2003, el Consejo de Ministros, del entonces presidente José María Aznar, decidió suspender el procedimiento contra los más de cuarenta represores argentinos.
Paradójicamente, en el marco de la misma causa, México extraditó dos meses antes a España al represor Ricardo Cavallo, quien ahora podría ser enviado a la Argentina por una decisión de la Audiencia Nacional de no juzgarlo.
La decisión del gobierno de Aznar consideró que con la derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final, los jueces argentinos habían recuperado su plena soberanía para actuar y, por lo tanto, no procedía la extradición.
Al no formalizarse el pedido de extradición, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral dejó en libertad a estas personas. A pesar de la medida, la detención de varios represores dio origen a distintas causas en la Argentina.
Sin embargo, las acusaciones populares y particulares en los juicios de España interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra el citado acuerdo del Consejo de Ministros español.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió en mayo de 2005 ese recurso contencioso- administrativo y en su sentencia declaró que el Consejo de Ministros debía dar curso a la solicitud de extradición ante el Gobierno de Argentina para su tramitación.
El Tribunal Supremo consideró que el gobierno de José María Aznar había tomado una decisión que era una injerencia en los asuntos propios de la justicia.
Más de un año y medio después, el gobierno español del presidente José Luis Rodríguez Zapatero explica que "está obligado a cursar la petición de extradición del Juzgado Central de Instrucción Número 5 a Argentina, decisión que fue tomada hoy en el Consejo de Ministros".
El procedimiento de extradición es el mismo al que actualmente están sometidos en España el ex comisario y presunto cabecilla de la Triple A, Rodolfo Almirón, y la ex presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón.
