Escuchas filtradas: duro contrapunto en la Comisión Bicameral de Inteligencia
LA NACIONHugo Alconada Mon
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso cerró el año como lo empezó: con otro contrapunto entre la mayoría oficialista y la minoría opositora, y con un informe que dejó varias preguntas sin respuestas certeras sobre quiénes filtraron escuchas telefónicas de alto impacto político.
El nuevo contrapunto se gestó durante las últimas horas, al interpretar el último informe semestral sobre cómo funciona la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), el organismo que depende de la Corte Suprema y que está a cargo de las escuchas telefónicas y cuenta con un cuerpo de peritos anticorrupción.
El contrapunto político llevó a que, sobre el mismo informe, oficialistas y opositores redactaran dos borradores de dictámenes complementarios con conclusiones antagónicas. Donde el oficialismo vio una muestra más de una persecución política, judicial y mediática contra Cristina Kirchner y figuras afines, la oposición vio que la Dajudeco actuó según la ley.
¿Qué dice el "Informe semestral" de seguimiento de la Dajudeco? A lo largo de 136 carillas, junto a sus cuatro anexos, no arribó a conclusiones definitivas sobre quiénes filtraron las conversaciones telefónicas entre la entonces expresidenta y su colaborador, el actual senador Oscar Parrilli, o algunas grabaciones a detenidos en el penal de Ezeiza por causas de corrupción.
El informe sí avanza, sin embargo, sobre dos de los jueces federales de Comodoro Py, Ariel Lijo y Claudio Bonadio (fallecido en febrero), quienes accedieron a esos materiales días antes o el mismo día de su difusión en algunos programas de televisión, como así también contra la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Juntos por el Cambio, aunque sin responsabilizarlos por esas filtraciones de manera asertiva.
Así, por ejemplo, al aludir a la filtración de conversaciones entre Cristina Kirchner y Parrilli, recuerda el informe, "la difusión indebida del audio se produjo el 23-01-2017, es decir, el mismo día en que la Dajudeco le hizo la primera entrega de las transcripciones y de los audios correspondientes al juez instructor", en alusión a Lijo.
El informe deja, por el contrario, mejor parado al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, al sostener que la Dajudeco no debió entregarle al juez Bonadio copias de las escuchas que había ordenado Villena, para luego consignar observaciones adicionales sobre la propia Dajudeco y sus máximas autoridades: el camarista Martin Irurzun –cuyo mandato al frente de esa oficina terminó en febrero de este año- y su director ejecutivo, Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Con ese informe en sus manos, la mayoría oficialista de la Comisión Bicameral que preside el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) redactó un borrador de dictamen en el que aludió al "rol cumplido por los poderes judiciales en América Latina en cabeza de la denominada ‘guerra judicial’ o ‘lawfare’; que, en connivencia con organismos de inteligencia, medios de comunicación, y poderes fácticos, perpetraron una deliberada persecución a dirigentes políticos en el campo judicial". Y concluyó que la Dajudeco se convirtió "en una herramienta a disposición del máximo Tribunal [por la Corte Suprema] para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional".
La mayoría oficialista también criticó al llamado "Cuerpo de peritos del Poder Judicial especializados en casos de corrupción y delitos contra la Administración Pública", que depende de la Dajudeco, por lo que caracterizó como su discrecionalidad al seleccionar en qué casos interviene y quiénes serían los peritos que participarían en cada investigación.
"Estamos en condiciones de afirmar", cerró su borrador la mayoría oficialista, que "la Dajudeco se erigió como un instrumento para coadyuvar en la estrategia judicial, que junto a la participación activa de sectores de los servicios inteligencia y en un marco de cobertura mediática, facilitó la persecución de personalidades de representación popular, con relevancia política e institucional en nuestro país".
"Preconceptos"
En sentido opuesto, el bloque minoritario –integrado por Cristian Ritondo y Sebastián García de Luca, por el macrismo, y José Manuel Cano, por la UCR– redactaron su propio borrador de dictamen final para adjuntar al informe semestral de la Comisión, con críticas a la interpretación "sesgada" de los hechos del oficialismo y una defensa de la actuación de la Dajudeco.
La minoría consideró, incluso, que el oficialismo llegó a conclusiones "guiadas por ciertos preconceptos que no se han verificado en las tareas de análisis del trabajo de la Dajudeco y que al no apoyarse más que en opiniones sesgadas podrían poner en riesgo la división de poderes".
La oposición también rechazó las objeciones a la forma en que Bonadio accedió a algunas escuchas. Estimó que la "Dajudeco cumplió con el requerimiento judicial dispuesto por un juez penal [en alusión a Bonadio] en el marco de la producción de prueba establecida como facultad en el CPPN", y que de esa forma cumplió "con la voluntad del juez titular de la medida de intervención Federico Villena, quien autorizó al juez Bonadio a tomar conocimiento de esa información".
En el borrador de su propio dictamen, Ritondo, García de Luca y Cano también cargaron contra la interpretación del dictamen por el oficialismo: "Corresponde preguntarse cuál es el sentido del informe semestral, cuando su borrador de dictamen no guarda relación alguna con este. El borrador del dictamen no tiene ninguna relación objetiva con lo evaluado, y pareciera que solo se busca con el mismo propaganda mediática para justificar condenadas penales que se aplicaron en casos comprobados y bochornosos de corrupción en la Argentina".
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