Escándalo cripto: Lousteau denunció presiones a senadores pero no dio nombres

El senador nacional Martín Lousteau denunció este jueves por la tarde que compañeros de bloque y otros legisladores se dejaron presionar por el oficialismo para votar en contra de la creación de una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda $LIBRA. La iniciativa no fue aprobada en el recinto por un solo voto. Eduardo Vischi, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Stella Maris Olalla, Mercedes Valenzuela y Víctor Zimmerman fueron los radicales que se expresaron en contra.

Consultado en particular sobre por qué Vischi apoyó el proyecto en primera instancia pero luego sufragó de manera negativa, Lousteau dijo en LN+: “Yo no sé si los que votan así pretenden construir un país mejor. [Eduardo Vischi] tendrá que hablar con el presidente del bloque. Que explique él por qué presentó un proyecto y después lo votó en contra. Pero no seamos ingenuos. Ustedes estaban hablando de por qué no se avanzó con la creación de una comisión investigadora por hechos de suma gravedad y que requieren que los ciudadanos conozcan bien lo ocurrido. ¿Qué pasó hoy? El Gobierno ejerció una presión monumental”.

“Ha pasado en otras circunstancias con otros bloques. Lo han visto ustedes muchas veces, en vivo y en directo. Me parece que tenemos que decir la verdad. Lo que pasó acá no es lo que acaban de relatar. Lo que pasó acá es una presión monumental del Gobierno para que no se constituya un lugar donde investigar hechos de suma gravedad que ocurrieron y que tienen al Presidente como protagonista. Sería bueno que si es un protagonista indeseado, y fue estafado en su buena fe, que se pueda establecer eso. Y también ver qué es lo que pasa con el entorno. Si no hay ningún problema, se terminarán los rumores de todo tipo y color”, sentenció.

En un tramo previo de la entrevista, Lousteau aclaró que así como apoyaba crear una comisión que investigue el criptogate, no estaba de acuerdo con el pedido de juicio político al mandatario: “El kirchnerismo lo que intenta hacer, como en muchas otras circunstancias, es aprovechar la situación. Por eso en Diputados han intentado esta iniciativa de juicio político. Yo estoy en contra. Mi espacio está en contra de eso. Además de lo que ya sufrieron las decenas de miles de estafados, eso implicaría zozobra para los 45 millones de argentinos. Ahora sí me parece que hay que investigar de manera rigurosa y de manera seria”.

“No me parece que el Gobierno se autoinvestigue (en referencia a la intervención en el caso de la Oficina Anticorrupción, que depende del Ejecutivo). Y menos en el caso de un gobierno que tiende a echar funcionarios cuando piensan distinto. Le pasó a [Diana] Mondino por una votación, a [Rodolfo] Barra por un dictamen, a Sonia Cavallo por la opinión de padre [Domingo Cavallo]. Me parece que ahí no hay garantías de que tengamos una investigación profunda y seria. Cito a Sarmiento. Decía que las comisiones investigativas son importantes porque, cuando todo se llena de rumores y la figura presidencial se empaña, hay que conocer la verdad”, resaltó.

Y completó: “Tendríamos que haber creado una comisión como corresponde, que investigue como corresponde hechos que son de suma gravedad y denuncias que se suceden en distintos lugares que son de suma gravedad. Me parece un poco hipócrita andar hablando de ficha limpia y ver diputados que la votan sin poder explicar sus patrimonios... Declaman república, transparencia, honestidad y decencia, y luego obturan una investigación sobre un hecho de suma gravedad”.

La votación

Como explicó LA NACION, El proyecto impulsado por el fueguino Pablo Blanco no contaba con dictamen de comisión y necesitaba, para ser tratado, dos tercios del total de la Cámara. Es decir, un mínimo de 48 votos. Como si esto fuera poco, debía reunir esta mayoría dos veces seguidas: una vez para habilitar la votación en el recinto y otra más para la votación de la iniciativa.

El primer resultado -la habilitación- ilusionó a la oposición: marcó 53 avales, 17 rechazos y 2 ausencias. La segunda -la votación-, expuso la presión del Poder Ejecutivo a los gobernadores, fracturó al radicalismo y dejó un tendal de decepcionados: hubo 47 votos positivos, 23 en contra y 2 ausencias. La iniciativa quedó a un voto de aprobarse por el viraje de siete senadores que apoyaron el debate, pero se opusieron a crear la comisión investigadora. 

Uno de los casos más paradójicos es el del jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, que fue coautor del proyecto junto a Blanco, pero terminó rechazando su propia iniciativa. Su coprovinciana, Mercedes Valenzuela, también rechazó el proyecto. El mismo análisis se podría trasladar al resto de los gobernadores radicales, cuyos leales quedaron a la vista: se trata de Eduardo Galaretto, alfil del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro; Mariana Juri, aliada del mendocino Alfredo Cornejo; y Víctor Zimmermann, quien responde al chaqueño Leandro Zdero. La senadora radical Stella Maris Olalla, aliada al gobernador Pro, Rogelio Frigerio, también giró.

En Pro, el misionero Martín Goerling Lara modificó su voto y evitó quedar descalzado de su bloque, que rechazó tanto la habilitación como el proyecto. La única que se diferenció de esta postura fue la senadora Guadalupe Tagliaferri, aliada del exalcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, crítico de Milei y su círculo chico.

Completaron los 23 rechazos los seis libertarios así como los referentes de los bloques provinciales, que se mantuvieron firmes en su negativa en ambas votaciones. Se trata de Lucila Crexell (Neuquén), Carlos Mauricio Espínola (Corrientes), Juan Carlos Romero (Salta) y Alejandra Vigo (Córdoba).

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