Es solo la primera condena

Corrían los años 90. Italia estaba sumida en un escándalo permanente por el proceso conocido como mani pulite, una investigación judicial que reveló los sobornos entre empresarios y políticos de ese entrañable país. Raúl Alfonsín, ya expresidente, recibió a un periodista italiano que le preguntó su opinión sobre su amigo Bettino Craxi, el histórico líder del Partido Socialista italiano, que había sido condenado a prisión por actos corruptos. Para no caer preso, Craxi se exilió en Túnez, donde murió varios años después. Alfonsín respondió que el periodista no podía ignorar que existía “una operación de la CIA para desprestigiar a la socialdemocracia europea”. Asombrado, el periodista le replicó: “Doctor, los servicios de inteligencia de todo el mundo hacen operaciones, pero la pregunta es otra: ¿Craxi robó o no robó?”. Alfonsín lo miró en silencio durante algunos segundos, y luego respondió: “Tiene razón”. La anécdota viene a cuento porque ambas cosas (sentencia judicial por corrupción y una monumental operación de los servicios de inteligencia) se han manifestado en los últimos días en la Argentina. Ayer, Cristina Kirchner rompió varios récords Guiness. Se convirtió en el primer vicepresidente argentino en ejercicio del cargo en ser condenado a prisión por actos de corrupción. Y es la primera persona con el apellido Kirchner en recibir una demoledora sentencia por actos corruptos en la administración del dinero de los argentinos.

Es la primera vez también que la líder política más influyente del país (o el líder político) es condenado por la Justicia por corrupción. Amado Boudou fue condenado a prisión por actos corruptos, pero ya era exvicepresidente. Carlos Menem fue condenado por un tribunal oral y luego sobreseído por la Cámara de Casación, pero eso sucedió cuando ya el expresidente carecía de cualquier influencia política en el país. El fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de prisión para Cristina Kirchner; la condenaron a seis años y la inhabilitaron de por vida a ejercer cargos públicos. La condenaron por fraude al Estado, no por asociación ilícita, como reclamó Luciani. Es suficiente, porque es, además, el primer paso en la revisión del pasado de corrupción del kirchnerismo. Falta todavía la causa de Hotesur y Los Sauces, una investigación sobre lavado de dinero en hoteles y edificios de la familia Kirchner, que solo involucra a esta y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. No hay exfuncionarios involucrados en esas operaciones ilegales. Y resta también, y sobre todo, el juicio oral y público (demasiado demorado) por la causa de los cuadernos, la enorme investigación del periodista Diego Cabot, de LA NACION, que luego profundizaron el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, ya fallecido. Esta última causa cuenta con muchos exfuncionarios e importantes empresarios que aceptaron confesar como arrepentidos ante la Justicia.

Durante 14 años, al menos, la política y la sociedad argentina hablaron de la supuesta corrupción del matrimonio Kirchner y de varios de sus más allegados colaboradores (sobre todo de los que tenían despachos en el entonces Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido) y hubo avances importantes en muchas causas judiciales, pero ninguna llegó nunca a una sentencia como la que se conoció en la tórrida tarde de martes. Los 14 años corren desde que en 2008 Elisa Carrió presentó la primera denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner (luego la incluyó a Cristina Kirchner) en la concesión de obras públicas en Santa Cruz. Es la causa que ayer culminó en la instancia del juicio oral y público.

Cristina Kirchner no irá presa de inmediato, a pesar de que los años que le impusieron de cárcel la obligan al cumplimiento efectivo de la condena. En primer lugar, tendrá fueros de vicepresidenta hasta diciembre del próximo año. Para que vaya presa se necesitaría de un juicio político con la aprobación de los votos de los dos tercios de cada cámara del Congreso. Tiene, además, la posibilidad de apelar a dos instancias: la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia. Esos trámites se llevarán, por lo menos, dos años más. Entre tanto, y mientras una instancia superior no revoque la decisión de ayer del tribunal oral, será una política condenada a prisión por actos deshonestos en beneficio propio (y de su familia). A pesar de esa condena, podrá ser candidata el año próximo a senadora o a presidenta de la Nación (improbable), porque no habrá hasta entonces una sentencia definitiva. La sala de la Cámara de Casación que revisará el juicio oral y la sentencia de ayer la integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

De todos modos, este martes sucedió un hecho trascendente en la historia de la democracia argentina. Tres jueces del tribunal oral (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) sentaron el precedente de que puede no haber impunidad para la corrupción, aun cuando la acusación recaiga sobre la persona más poderosa del país. Era hora de que la Justicia se mostrara tal como debe ser, ciega e imparcial, después de que su prestigio cayera hasta límites muy profundos ante los ojos de la sociedad. Podrán suceder muchas cosas en adelante, pero la misión de esos jueces y la de los fiscales Luciani y Sergio Mola está cumplida. No podían, ni debían, pasar inadvertidos para los jueces y fiscales los hechos objetivos de este caso: casi todas las obras públicas de Santa Cruz fueron adjudicadas a un mismo empresario (que nunca antes había sido empresario ni había construido obras, públicas o privadas), Lázaro Báez; que muchas de esas obras no se terminaron nunca, y que el supuesto empresario cobraba por las obras antes de terminarlas, si es que las terminaba. Lázaro Báez se estrenó como empresario con los Kirchner y bajó las persianas de la empresa cuando los Kirchner se fueron del poder en 2015. Así de obvio fue todo. Los fiscales estimaron que el daño al Estado fue de unos 1000 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mucho mayor. La descripción que los fiscales hicieron de Báez fue el de un testaferro de la familia Kirchner, no la de un amigo ni la de un socio. Como es su costumbre, Cristina Kirchner se aferra a los formalismos para responder lo inexplicable. Para ser socio, dijo, debe estar firmado un contrato de sociedad. No era un socio; era un testaferro.

¿Robó o no robó? Esa es la pregunta de aquel periodista italiano que vale la pena hacerse ahora, después de haber asistido a una de las más escandalosas operaciones de los servicios de inteligencia oficiales que se tenga memoria. Esa operación fue llevada al principal teatro de la política por el propio presidente de la Nación en una de su escasísimas cadenas nacionales. El propio Alberto Fernández aclaró que se trató de una incursión ilegal en una plataforma de comunicaciones privadas. El actual presidente no es un novato en operaciones ilegales de los servicios de inteligencia. En 2005, cuando se disputaba la jefatura de Gobierno de la Ciudad, cerca suyo denunciaron que el candidato de la oposición, Enrique Olivera (un hombre de la coalición de Carrió), ocultaba cuentas en el exterior. Mostraron pruebas truchas. El denunciante, Daniel Bravo, que antes se había reunido con Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete, reconoció ante la Justicia dos años después que la denuncia había sido falsa. La falsedad se había demostrado ya cuando el banco, donde supuestamente Olivera tenía cuentas, aseguró que estas no existían. La aclaración ocurrió un día después de las elecciones en las que, obviamente, ganó el oficialismo que encarnaba Alberto Fernández. También Francisco de Narváez sufrió el hackeo de sus correos electrónicos cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete.

Esta vez fue peor. Un supuesto hacker chupó conversaciones privadas de jueces y empresarios en un viaje a la residencia del empresario británico Joe Lewis. La primera constatación que debe consignarse es que la foto inicial de la lista de pasajeros la sacó (y la difundió) la PSA, la policía aeroportuaria, que también cuenta con un servicio de inteligencia propio y con avanzados sistemas tecnológicos para penetrar en los teléfonos privados. La lista no es antojadiza. Cuesta mencionar los nombres cuando no se quiere ser parte de una detestable operación. Pero algunos son significativos. Por ejemplo, el del juez Julián Ercolini, que fue el primer magistrado que procesó a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad que terminó ayer con su condena a prisión por corrupción. Ercolini envió la causa al juicio oral que se realizó durante más de tres años y que concluyó en la víspera con el veredicto del tribunal. ¿Casualidad? Imposible. Nunca hubo ninguna sospecha sobre la honestidad de Ercolini. También mencionan en esos supuestos chats al juez Carlos Mahiques, padre del fiscal federal Ignacio Mahiques, que junto con el también fiscal Gerardo Pollicita escribieron el primer y devastador informe sobre la corrupción de la obra pública en Santa Cruz. Tanto el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, como la propia Cristina Kirchner recordaron ayer el parentesco del juez Mahiques con el fiscal Mahiques. ¿Casualidad? Inverosímil.

No puede haber una causa judicial común entre esos jueces, porque Ercolini es juez de primera instancia y Mahiques es juez de la Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país. Entre ellos, hay dos instancia intermedias: la Cámara Federal y el tribunal oral. Esto es: no hay una decisión de Ercolini que pueda ser revisada directamente por Mahiques. Los otros dos jueces pertenecen a fueros que nada tienen que ver con el penal federal. Son otras ramas de la Justicia que no se mezclan con la que están Ercolini y Mahiques. El grupo de personas que viajó al sur se hospedó en una residencia privada y, por lo tanto, debió recibir una invitación de Lewis, su dueño, o sus representantes en el país. Eran invitados y la lista la hizo el dueño o sus apoderados. Varios de los mencionados en esos chats le aseguraron a este periodista que existen las facturas con las que se pagó el vuelo. No hubo nada ilegal, dicen. Tal vez hubo, como uno de ellos lo aceptó, “cierto descuido” en el manejo de los mensajes telefónicos. Confinaron demasiado en que vivían en un país en el que se respetaba el derecho a la intimidad. No es así, lamentablemente. Sin embargo, varios de los afectados afirmaron que los chats fueron editados, las conversaciones sacadas de contexto y, en algunos casos, esas voces no corresponden a las personas a las que se las atribuye. Una típica operación de los servicios de inteligencia cuando salen de pesca para desprestigiar a personas o instituciones. Era la Justicia la que debía ser deslegitimada poco antes de la sentencia del tribunal que condenó a la vicepresidenta.

El conflicto de fondo en este caso es que la infiltración de un supuesto hacker para sustraer conversaciones privadas pasó directamente a la cadena nacional del presidente de la Nación. Solo un paso entre el supuesto hacker y el Presidente. El kirchnerismo venía insistiendo en ese viaje como si fuera la prueba del lawfare contra Cristina Kirchner. Ninguno de los jueces del tribunal oral que la condenó ayer ni los de la Cámara de Casación que revisarán el juicio oral estuvieron en ese grupo de viajeros. ¿Dónde está el lawfare? Hay que llamarlo supuesto hacker porque la incursión en las conversaciones telefónicas privadas fue obra de servicios de inteligencia estatales. Es costumbre de estos servicios que sus operaciones las hacen públicas a través de terceros, hacker o amigos. No son ellos los que citan a los periodistas para informarles las miserias que cometen.

El canal de noticias ultrakirchnerista C5N estuvo desde el lunes obsesivamente dedicado al presunto escándalo de los chats. Peor: la televisión pública le dedicó toda la tarde del lunes a la difusión de esos chats. Alguna vez alguien deberá investigar el dinero del Estado que se gasta en la televisión pública para atacar a los enemigos del gobierno. Ya no hay un programa como lo fue 6,7,8. Ahora toda la televisión pública es como aquel programa. El “estado paralelo” del que habla Cristina Kirchner está debajo de su escritorio, no en la residencia privada de Lago Escondido. El descargo de ayer de la expresidenta fue también puro formalismo: el presupuesto lo ejecuta el jefe de Gabinete (lo que es cierto, aunque nunca sin control de los Kirchner) y las obras fueron autorizadas por el Congreso. El Congreso autoriza las obras, pero es el Gobierno el que adjudica las obras, todas a Lázaro Báez.

Entre tanta distracción, debe ponerse énfasis en que se violó el derecho a la intimidad de las personas y, por lo tanto, la libertad privada con la difusión de conversaciones telefónicas personales. Ambos derechos están protegidos por la Constitución. Después de esa repugnante operación, las conversaciones telefónicas, la intimidad y la libertad de los argentinos corren el riesgo de quedar expuestas ante los reflectores públicos. De ser exhibidos en una cadena nacional presidencial. Alberto Fernández no pudo caer más bajo. ¿Hará una cadena nacional para pedir disculpas por haber compartido la fórmula presidencial con una persona condenada a prisión por corrupción? Aquella pregunta sobre si robó o no robó fue respondida ayer por tres jueces. Para ellos, Cristina Kirchner robó.

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