Envían a Milani a juicio oral por no poder justificar su enriquecimiento personal

El detenido teniente general retirado César Santos del Corazón de Jesús Milani, ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo, irá a juicio oral y público por haberse enriquecido presuntamente de manera ilícita durante su paso por la función pública.

Así lo resolvió ayer el juez federal Daniel Rafecas, quien dio por concluida la investigación y rechazó las objeciones de los abogados de Milani para que el caso llegue a la próxima etapa.

Milani está preso, con prisión preventiva, en el pabellón de represores de la cárcel de Ezeiza por dos casos de violaciones a los derechos humanos. Ahora se sorteará el tribunal oral que intervendrá en el juicio por enriquecimiento.

El delito prevé una pena de dos a seis años de prisión, multa de hasta el 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta y perpetua. El juicio podría tener lugar entrado el año 2018. Todo depende de la agenda del tribunal que salga sorteado y si resulta necesario hacer una instrucción complementaria.

Junto con Milani, será juzgado su viejo camarada el ex capitán del Ejército Eduardo Barreiro, quien está acusado de simular un préstamo para intentar justificar el patrimonio del general.

A Milani se lo acusa de "haber incrementado ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio durante el período que ejerció la función pública dentro del Ejército Argentino", concretamente en el período que va desde diciembre de 2001 (cuando fue promovido a coronel) hasta mediados de 2013 (tiempo en que se efectuó la presente denuncia).

Milani no pudo justificar su nivel de gastos ni la compra de una casa de La Horqueta, con una superficie de 1150 metros cuadrados, que se encuentra en una zona exclusiva de la zona norte bonaerense y fue escriturada por $ 1.500.000.

Los fundamentos

La Justicia sospecha que fue escriturada por un valor mucho menor al real, pero este asunto no está en juicio. Se investiga si, a pesar de figurar una suma inferior, Milani era incapaz de reunir ese dinero.

En su descargo, el ex jefe militar había dicho que el ex capitán Eduardo Barreiro le prestó US$ 200.000 para comprar la casa de La Horqueta, y que se los entregó en un "bolso chiquito", durante un brindis que se realizó en el Edificio Libertador, sede del Estado Mayor General del Ejército. Pero las evidencias llevaron a Rafecas a concluir que Barreiro fue usado como "persona interpuesta" -testaferro- por Milani "para disimular su enriquecimiento injustificado, a través de un supuesto préstamo que no se compadece con sus reales posibilidades económicas declaradas y acreditadas".

En las últimas semanas, el juez Rafecas giró la causa entre las partes y tanto la fiscalía como el Gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción, avalaron que el caso llegara a juicio oral.

El ex jefe del Ejército se encuentra detenido desde el 17 de febrero pasado por una causa en que se investigan delitos de lesa humanidad. Está procesado por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en 1976, en Tucumán, y por asociación ilícita y la detención ilegal de Pedro Olivera y su hijo, Ramón Olivera, en La Rioja.

La causa por enriquecimiento ilegal comenzó a mediados de 2013 y, después de una serie de peritajes, los contadores determinaron que "no aparece justificado ni el patrimonio del señor Milani ni sus consumos, esto es, los importes mínimos que hubiera necesitado para atender sus necesidades personales y las de su familia".

Según dijeron, "la ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente".

"El señor Milani no puede justificar la compra del inmueble sito en calle O'Higgins 3636, entre Blanco Encalada y Acceso Norte, de la localidad y partido de San Isidro", se señaló. Esa casa de 1150 metros cuadrados en San Isidro fue pagada con $ 1.500.000 en efectivo.

Milani justificó que había recibido un préstamo de Barreiro, pero -según el informe- ello "no fue incluido por ninguna de las partes en sus declaraciones ante los organismos de control, y el mutuo que lo instrumenta no reúne los requisitos mínimos de fecha cierta, ni autenticación de los firmantes".

"Se encuentran correctamente reunidos los elementos de juicio suficientes y necesarios que para esta etapa del proceso se requieren, como para sostener en contra de César Milani y Eduardo Barreiro una imputación como la descripta y considerar acreditado, en base a ello, el sustento fáctico y jurídico necesarios para avalar los requerimientos de elevación a juicio formulados por el señor fiscal y la querella", sostuvo el juez Rafecas.

A su criterio, "es el juicio oral el momento en el cual se dilucidarán los extremos argumentados por las defensas, como resultado de los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad, que cobran plena vigencia en la etapa de plenario prevista por nuestro ordenamiento procesal en dirección a ventilar la responsabilidad penal de los imputados".

Las operaciones injustificadas

• La Justicia le cuestiona a Milani la falta de capacidad económica para adquirir una casa de más de 1000 metros cuadrados en La Horqueta, San Isidro. Sus ingresos en blanco no alcanzaban para ahorrar la suma requerida para esa inversión
• Milani declaró que la pagó $ 1.500.000, pero por un lado se cree que está subescriturada y, por otro, que el militar no tenía capacidad económica para concretar la operación
• Argumentó que un compañero de armas le hizo un préstamo por 200.000 dólares para comprar la casa, pero el militar subalterno no tenía capacidad económica para otorgarle el dinero y nunca declaró a la AFIP poseer esa cantidad

Ordenan investigar si Báez compró oro

• La Cámara Federal confirmó la inhibición general de bienes de los directivos de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que dependía del ex ministro de Planificación Julio De Vido, y habría comprado una gran cantidad de oro a precio de dólar oficial. Pero, además, la Sala II de la Cámara reclamó investigar si los compradores del oro podrían estar vinculados al empresario Lázaro Báez.
• El juez federal Sebastián Ramos investiga si existió administración fraudulenta con relación a fondos de esa compañía, que cuenta con participación estatal. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah rechazaron las apelaciones sobre la inhibición general de bienes de Manuel César Benítez, Adrián Leonardo Posada, Juan Martín Etcheverry e Irene Castro. La investigación fue iniciada por la Oficina Anticorrupción.
• La impulsó el fiscal Gerardo Pollicita. Los imputados detentaban los más altos cargos de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Entre 2012 y 2016 se detectó un gran incremento en la cantidad de lingotes de oro producida y vendida por la firma sin razones que lo justifiquen. Los compradores formaban un pool de diez empresas que nada tenían que ver con el oro y estarían ligadas a hijos de Báez.

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