Entre la indiferencia y la hilaridad, la mirada de la Corte Suprema sobre el proyecto de reforma de los gobernadores

El impulso del Gobierno a un proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 25 jueces, con la idea de que cada uno de ellos sea elegido por el gobernador de cada provincia, fue recibido en el máximo tribunal con una mezcla de hilaridad e indiferencia. Se la ve, en principio, como una idea de neto corte político, dirigida a estrechar a corto plazo la grieta entre kirchnerismo y albertismo y, hacia adelante, intentar controlar políticamente el Poder Judicial.

Los jueces de la Corte no hablaron en público ni en privado sobre el anuncio del jueves pasado. En el fondo confían en que la iniciativa nunca pasará el filtro del Congreso, especialmente en Diputados, donde la oposición ya demostró que tiene el número para obturar iniciativas.

Pero abogados, constitucionalistas y fuentes que frecuentan los tribunales dijeron a LA NACION que la única explicación es política y no jurídica y que, en última instancia, lo que busca el Gobierno es constituir un órgano político, revestido de contenido jurídico para tener control sobre dos poderes del Estado.

La representación federal en la elección de los jueces de la Corte se da en el Senado, donde los representantes de cada gobernador discuten los acuerdos para las designaciones de esos jueces.

La iniciativa le dio al Presidente el respaldo político de 16 gobernadores, lo que no es poco ante las críticas que recibe de su propia tropa y de paso cierra filas contra la Corte, que es el discurso preferido del kirchnerismo.

En apariencia todo es en función de ponerle presión a la Corte Suprema de Justicia por el fallo que debe dictar para definir la disputa por los fondos que le sacó la Nación a la ciudad de Buenos Aires. El tribunal ya avisó que primero resolverá la cautelar, es decir, si interrumpe el recorte sistemático que aplica la Casa Rosada a los recursos que llegaban a la Capital Federal hasta que resuelva la cuestión de fondo. Los gobernadores peronistas, convencidos de que el máximo tribunal favorecerá a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se anticiparon con este proyecto para modificar la integración de la cabeza del Poder Judicial y llevarla a 25 miembros.

Al mismo tiempo, la jugada para la cual Eduardo “Wado” de Pedro juntó las cabezas de los mandatarios provinciales, es funcional al Presidente para conseguir oxígeno político en su gestión, asediada por la inflación, y a la vez acercarse a Cristina Kirchner, dándole la herramienta que necesita para construir una Corte que le evite problemas judiciales a ella y a los funcionarios del Gobierno tras este mandato. Lo sinceró el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi: “Si perdemos, algunos vamos a ir presos y otros a dar clases a las universidades”, dijo.

Si el propósito de este proyecto de ley, presentado por Alberto Fernández con la presencia del kirchnerista Juan Martín Mena, es volver a acercar a la fórmula presidencial, fue el preludio del acto de ayer por el centenario de YPF donde Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron escenario.

El proyecto es viejo y de cuño albertista. Estaba en manos del kirchnerismo desde diciembre pasado, dijeron a LA NACION fuentes oficiales, que entienden que la iniciativa abre un enfrentamiento político entre oficialismo y oposición, donde la Corte queda afuera, en un rol expectante.

“Una Corte federal y sensible”, reclaman los gobernadores. En la Corte recuerdan que este tribunal está integrado por cuatro jueces del interior del país: dos santafesinos (Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti), un cordobés, (Juan Carlos Maqueda) y un correntino (Carlos Rosenkrantz). Esta Corte, además, tiene una firme doctrina que viene profundizando en defensa del federalismo y la autonomías locales; incluso en temas penales, reconociendo el papel de los tribunales provinciales en los casos que le llegan para su estudio.

En la Corte rescataron las manifestaciones de Roberto Lavagna tras el anuncio de este proyecto de ley: “Esta extraña idea de provincializar la Justicia, en sus más altos niveles, abre la puerta a un mercado de favores y contraprestaciones y al juego de votaciones basadas en la política y no en la Justicia”, dijo el ex ministro. En esa lógica, advirtieron, por ejemplo, que los gobernadores con reelección y los gobernadores sin reelección podrían pretender cambiar las reglas locales con el aval de sus jueces en la Corte para perpetuarse en el poder.

La discusión en este aspecto no es coyuntural, no pone en juego el fallo por la coparticipación federal y nada más, sino que oculta un asunto más profundo; una Corte no es una estructura que se articula sobre la lógica del reparto del poder provincial, no se trata de un Senado jurídico, sino de un tribunal que vela por la Constitución Nacional e interviene en conflictos de las provincias, entre las propias provincias y entre la Nación y las provincias.

En esos términos es que advierten algunos constitucionalistas, que se da la posibilidad de controlar la cabeza de dos de los poderes del Estado: el Ejecutivo y el Judicial, con el consiguiente desequilibro que provoca en el funcionamiento constitucional.

Hilaridad es la manera educada de decir que la iniciativa provoca risa en los tribunales, aunque allí especulan con que pasará sin problemas por el Senado para naufragar en la Cámara de Diputados, en los mismos arrecifes donde quedaron varados todos los proyectos de reforma judicial que ensayó el Gobierno.

Los constitucionalistas , hasta los que sintonizan con la necesidad de cambiar la Corte, cuestionan esta iniciativa. “Hace falta una reforma integral de la Corte y es un dato político que 16 gobernadores lo pidan, pero la estrategia no es razonable ni constitucional”, dijo el abogado Andrés Gil Domínguez, que no suele coincidir con la mayoría de la Corte. Desde una posición diferente, también el constitucionalista Roberto Gargarella se expresó en contra del proyecto de los gobernadores.

El letrado, que integró un comité de expertos para la reforma judicial, indicó que 25 jueces es un número tan disfuncional como el actual. Asimismo, indicó que la elección a propuesta de los gobernadores de un juez por provincia es inconstitucional porque quiebra el principio de igualdad, pues deja fuera de la Corte a otros magistrado igualmente capaces.

Las razones de la política pesaron más que las constitucionales, al menos hasta ahora, cuando, del proyecto, solo se conoce la foto del anuncio.

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