Entre extorsiones y trampas letales
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se mueven a tientas, amenazados desde ambos frentes, ante un orden político que se reconfigura luego de dos décadas
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LA NACION
El orden político y social nacido en 2003 tras la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner parece transitar hacia su colapso o reconfiguración final.
Una de las dimensiones centrales de ese sistema que articuló la vida pública durante dos décadas muestra claras señales de agotamiento y descomposición. Se trata del (des) control de la calle, obsesión y atributo distintivo de la hegemonía kirchnerista. Lo resaltó ayer el cristinista secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. A modo de advertencia.
Los piquetes y cortes de tránsito que desafían (o “extorsionan”, según el nuevo léxico oficial) al cuarto gobierno kirchnerista casi a diario, como nunca se había visto, amenazan con agravarse. Detrás de esa espiralización de las protestas asoman tres elementos decisivos para explicar el fenómeno que desvela a la administración de Alberto Fernández, pero que también golpea sobre la oposición.
Por un lado, opera la cada vez más exacerbada disputa interna del oficialismo, que impacta en los movimientos sociales más cercanos y dispara peleas por espacios de poder, recursos del Estado y posicionamiento político. Demasiadas novedades para un kirchnerismo de liderazgos en disputa.
El marco del enfrentamiento en la cúpula del Frente de Todos provee sospechas de instigación y fogoneo de los reclamos por parte del cristicamporismo.
Los recurrentes y crecientes planteos públicos contra las políticas económicas y sociales de Fernández expresados por Cristina y Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Andrés “el Cuervo” Larroque dan verosimilitud a las suspicacias que ventilan desde la Casa Rosada y otros despachos albertistas.
Por si algo faltaba para darles combustión al malestar social y a las sospechas del albertismo, después de las advertencias lanzadas anteayer por el gobernador bonaerense, llegaron ayer las críticas explicitas y con nombre y apellido de Feletti a la política económica.
Lo que hasta acá habían sido insinuaciones de parte del funcionario que reporta a Cristina (igual que Kicillof) ayer fue un ataque directo al ministro de Economía, Martín Guzmán, y su gestión. Casi en tono de amenaza. Sin silenciador, Feletti reclamó medidas “que preserven los ingresos populares porque si no esto se va a poner feo (sic)”. ¿Otra extorsión para el albertismo?
En tal contexto, emerge como agravante la interna de los movimientos sociales oficialistas o filokirchneristas. El rol privilegiado en el gobierno de Fernández que detentan el Movimiento Evita (ME) y su asociado Barrios de Pie, convertidos en entes casi estatales, aporta un elemento adicional de conflictividad. Los rencores que dejó la ruptura de aquel Unidos y Organizados, que integró el ME con La Cámpora, son exacerbados ahora por este presente en el que unos avanzan de la mano del poder, amenazando jurisdicciones ajenas, y otros se alejan y endurecen contra las políticas estatales. Enfrentados y Desconfiados.
Como si no bastara con semejante fuego amigo, aparece en segundo lugar la capacidad de movilización y activismo virulento de las agrupaciones de la izquierda trotskista, que desde su rol opositor encuentran tierra fértil para potenciarse en la pérdida de popularidad del Gobierno y la crítica situación de los sectores más desfavorecidos. A su ADN se le suman como combustible las condiciones políticas y económicas. Desde los extremos, el Polo Obrero y el violento Movimiento Teresa Rodríguez golpean al Gobierno con la anuencia y, a veces, el respaldo explícito de dirigentes sociales que se dicen kirchneristas. Bailando al borde del abismo.
Finalmente, opera un hecho objetivo como gran disparador de la conflictividad: el deterioro de los ingresos de los beneficiarios de la asistencia social a causa de la inflación indomable. El ajuste silencioso se torna ruidoso.
La suma de esos elementos configura un cóctel explosivo que el Gobierno no consigue desactivar, al margen de acuerdos coyunturales y precarios, siempre sujetos a revisión. Como la cláusula gatillo que los gremios negocian para ajustar los salarios de los trabajadores formales. Así, la calle se vuelve la paritaria de informales y excluidos.
A los líderes de las reclamos no les es ajeno que la fragilidad de la situación política, económica y social es el único despertador que escuchan el Presidente y sus colaboradores en medio de ensoñaciones, en las que recitan indicadores favorables, pronósticos optimistas y medidas fundacionales.
Trampa para Larreta
El auge de las protestas, sin embargo, no es solo un elemento que altera a la administración de Fernández, aunque en lo inmediato el horizonte presidencial aparezca como el más amenazado.
Se trata también de una trampa letal para Horacio Rodríguez Larreta, con fuertes implicancias en la coalición opositora. Eso explica que los gobiernos nacional y porteño coincidieran esta semana en las alertas y críticas disparadas contra los piquetes, aunque difirieran, una vez más, en las responsabilidades y las soluciones.
Para el jefe de gobierno porteño, el auge de los cortes de calles operó como un disparador para su endurecimiento y reposicionamiento retórico frente al Gobierno, aunque no motorizó cambios en el modo de actuar.
Si para Fernández las manifestaciones funcionan como una amenaza directa y presente a su autoridad y a la gobernabilidad, para Rodríguez Larreta actúan como una alarma para su futuro político. Nadie rechaza más los piquetes que su base de sustentación electoral.
Lo más complejo para el jefe de gobierno porteño es que este desafío no ocurre en el vacío, sino en un contexto poco favorable para él.
Larreta ha venido pagando un alto precio en popularidad por la moderación o la falta de nitidez en la definición de su perfil opositor, según reflejan todas las encuestas e interpretan coincidentemente los expertos en opinión pública. Ahora los piquetes agudizan el problema.
En un momento en que la sostenida caída de la imagen ya inquieta al equipo político-electoral de Larreta, y así lo admiten sus principales asesores, las definiciones que adopte frente a este desafío resultan cruciales.
“A Horacio lo están corriendo por derecha y por izquierda. Y lo están obligando a posicionarse anticipadamente, pero tiene que hacerlo con mucha precisión. Es una tarea de alto riesgo”, reconocen sus asesores. Saben que lo están testeando (y desafiando) sus rivales internos tanto o más que los externos.
Por eso, en los últimos días el propio jefe de gobierno y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, elevaron el volumen y el tenor de las críticas. Tanto las dirigidas a los dirigentes de los movimientos sociales que ocupan las calles de la ciudad como hacia el gobierno nacional, en el que procuran descargar responsabilidades y pretenden que asuma riesgosas decisiones. Todo en el momento en que las relaciones entre ambas administraciones pasan por uno de los peores momentos.
Desde que Larreta obtuvo el traspaso de la policía, el control de la calle pasó a ser su responsabilidad y motivo de conflictos, aun en los tiempos en que gobernaba el país Mauricio Macri. En esa época, ya asomaba nítida la disputa con Patricia Bullrich, quien es hoy su principal rival electoral dentro de Pro (si se descarta al propio expresidente).
Las diferencias con la entonces ministra de Seguridad por la aplicación en la ciudad del protocolo antipiquetes fueron uno de los clásicos de la fallida administración nacional macrista. Entonces como ahora, la disputa era entre halcones y palomas.
Eso explica el actual ímpetu retórico larretista tanto como la ausencia de correlato en la práctica. Para entenderlo habrá que agregarle otro elemento: al cuidado de su electorado debe sumar la prudencia para no convertirse en victimario. Amenazas por derecha y por izquierda.
Si el orden establecido en 2003 muestra los signos de su agotamiento, los fantasmas de los años previos con el desorden y la violencia en las calles adquieren encarnadura, aunque cualquier paralelismo resulta excesivo.
El recuerdo de la represión policial en la que fueron asesinados los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán aún está fresco en la memoria de la dirigencia política. La masacre de Avellaneda terminó con el sueño de Eduardo Duhalde de llegar a la presidencia por medio de una elección popular.
Nadie olvida ese pasado reciente. Larreta y Fernández, tampoco. Ambos se mueven a tientas entre la extorsión y la trampa letal.
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