Enérgico reclamo de la SIP al Gobierno

LIMA (AP).– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió ayer al gobierno argentino que finalice la "escalada de agresiones" contra los medios críticos y ponga fin al hostigamiento administrativo contra la empresa Papel Prensa.

Además, reclamó la aplicación de "criterios técnicos y objetivos" en la distribución de la publicidad oficial, al advertir que el gobierno de Cristina Kirchner intenta "manipular las informaciones y las opiniones de los medios asignando la publicidad estatal como premio o castigo".

En dos resoluciones especiales, aprobadas en la 67a. Asamblea General, que deliberó en esta ciudad, la SIP puso la lupa sobre los ataques y las amenazas contra la prensa independiente, y reclamó también que cesen las presiones sobre la Justicia.

El organismo ubicó a la Argentina en la lista de países cuyos gobiernos "procuran crear un clima de hostilidad a los medios, con agresiones verbales que en algunos casos son encabezadas por los propios jefes de Estado", como ocurre, advirtió, en Venezuela, Ecuador y Panamá.

En una de las dos resoluciones referidas a la Argentina, la SIP solicitó al Congreso de la Nación que "impida la intervención estatal en la producción y comercialización del papel, para que no se constituya en un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo".

Además, alertó sobre "el proceso de colonización mediática que se viene desarrollando por parte del Estado y otras herramientas, intentando monopolizar los canales de acceso a la información".

La SIP eligió nuevo presidente a Milton Coleman, editor adjunto de The Washington Post, en reemplazo del guatemalteco Gonzalo Marroquín. En sus primeras declaraciones, Coleman dijo que la Argentina es uno de los países que enfrentan "los mayores desafíos" en materia de libertad de prensa, junto con Venezuela, Ecuador, Honduras y Bolivia.

Al analizar el caso argentino, en las dos resoluciones el organismo denunció que "las acciones de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación independientes se mantienen con sostenida virulencia mediante agresiones y falsas acusaciones de parte de altos funcionarios, así como de un trato descalificativo en ámbitos profesionales".

Consideró que la campaña oficial de desprestigio contra los medios emplea numerosas vías, como la proliferación de carteles injuriosos en la vía pública, los intentos por impedir la circulación de diarios y la persecución administrativa y fiscal a periodistas, editores y empresas de medios, así como " denuncias y campañas sistemáticas de difamación en espacios mediáticos que responden al poder político".

La SIP mencionó, además, que muchos funcionarios reiteraron que los medios independientes son sus "adversarios políticos" y que varios de ellos han presionado a la Justicia para que falle en favor del Gobierno en varios temas, como la aplicación de la ley de medios.

El ataque a Papel Prensa

Tras advertir que el oficialismo multiplicó la presión sobre órganos judiciales y el acoso administrativo contra Papel Prensa, la entidad instó al Gobierno a que "encauce su relación con los medios independientes en el marco de una deseable convivencia democrática, de respeto al rol constitucional de la prensa y de trato equitativo, sin discriminar ni estigmatizar a editores y periodistas por la línea editorial de sus medios". Y lo exhortó a que "ponga fin al hostigamiento administrativo contra Papel Prensa que obstaculiza el normal funcionamiento de la empresa".

En la segunda resolución, la SIP reclamó la aplicación de criterios técnicos y objetivos para garantizar una distribución equitativa de la publicidad oficial.

"El gobierno argentino ha profundizado el uso discrecional del poder estatal, valiéndose de herramientas legales, medidas administrativas y del accionar de funcionarios públicos para premiar a los medios editorialmente afines y castigar a quienes mantienen su independencia con respecto a la gestión oficial", denunció la SIP en los fundamentos de la disposición.

Consideró que, a dos años de la sanción de la ley de medios, que se encuentra parcialmente suspendida por la Justicia, la norma tiene un proceso de aplicación basado en criterios selectivos y la autoridad responsable de su aplicación "trata de forma diferencial a los medios cercanos al oficialismo".

Recogió, así, la preocupación de los medios independientes, que denunciaron actos de discriminación, mediante "la apertura de procesos sancionatorios por cuestiones administrativas, con el objetivo de dictar la caducidad de sus licencias o permitir la intervención de sus medios".

La SIP señaló que "la publicidad oficial ha aumentado y sigue beneficiando a los medios que no son críticos del Gobierno y sin tener en consideración criterios técnicos".

Por ello, reclamó el establecimiento de criterios técnicos en la distribución de la publicidad oficial y pidió a la autoridad responsable de la aplicación de la ley de medios que "adopte y cumpla criterios objetivos en el ejercicio de sus atribuciones".

RED PARALELA DE MEDIOS AFINES

LIMA.- En las conclusiones generales de la asamblea, la SIP condenó los intentos de varios países del continente de silenciar a la prensa independiente y colocó a la Argentina en el mismo nivel que Nicaragua y Venezuela, al denunciar que "los gobiernos han montado una red paralela de medios estatales, oficialistas, que a menudo se unen en las campañas de desprestigio contra la prensa independiente". Al transmitir su preocupación por la situación registrada en Ecuador, advirtió que "muchos gobiernos intolerantes y autoritarios intentan conseguir el mismo objetivo de enmudecer a los medios". La SIP lamentó, así, que a lo largo de 2011 se comprueba "cómo han aumentado en la región las trabas y amenazas a la libertad de prensa".

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