Enérgico rechazo de la Academia de Derecho a la reforma de la Corte que impulsa el Gobierno

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales cuestionó con fuertes argumentos el proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia que impulsan el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores del peronismo, consistente en ampliar su conformación a 25 miembros (uno por cada provincia y el restante, en representación del gobierno nacional).

Los juristas consideran que el plan pretende lisa y llanamente la sustitución del máximo tribunal del país por “un órgano corporativo burocrático” completamente nuevo y de carácter político. “La sola mención de tales características (la distribución por provincias de los integrantes) pone en evidencia la inconstitucionalidad de la misma a la par que sus obvias intenciones”, señaló la institución en un comunicado, firmado por su presidente, Juan Carlos Cassagne, y el secretario, Alberto B. Bianchi.

Expuso, en ese sentido, cuatro motivos principales:

• “En primer lugar, en nuestro sistema constitucional la Corte Suprema no es un órgano en el cual las Provincias o la Nación deban o puedan estar representadas. El enclave natural de tal representación está en el Senado de la Nación, como órgano legislativo. La representación de las Provincias, como entes del régimen federal, forma parte del proceso de formación y sanción de las leyes, no del proceso judicial”.
• “En segundo lugar, en los órganos judiciales no puede ni debe estar representado corporativamente ningún estamento político, pues ello atenta contra su independencia. De lo contrario, además de las Provincias y la Nación, en la Corte Suprema deberían estar representados también, los municipios, los partidos políticos, etc. Siguiendo con esta lógica -que no dudamos en calificar de absurda- no se comprende por qué la Corte Suprema debería tener representación solamente de las Provincias y la Nación, sin participación de las otras personas públicas antes mencionadas”.
• “Una Corte Suprema integrada mayoritariamente por representantes de las Provincias perdería una de sus funciones esenciales, establecida en el artículo 14 de la ley 48, que consiste en declarar la inconstitucionalidad de las leyes provinciales contrarias a la Constitución Nacional. Va de suyo que esta ‘Corte Suprema de las provincias’, difícilmente se pronunciaría en contra de la constitucionalidad de una ley provincial”.
• “Se le estaría dando a los gobiernos provinciales una injerencia en los procesos judiciales que le está vedada al Poder Ejecutivo por medio del artículo 109 de la Constitución Nacional, con grave afectación para la separación de poderes”.

El comunicado de la institución que nuclea a los abogados de mayor peso en el país por la jerarquía de sus carreras profesionales se difundió apenas horas después del acto organizado por Fernández y los gobernadores para impulsar la reforma. Esa inmediatez pone en evidencia la profunda preocupación de la Academia por una iniciativa que contradice la tradición jurídica del país.

“El proyecto implica una violación flagrante del principio de separación de poderes, base esencial del Estado de Derecho constitucional vigente en todas las democracias del mundo civilizado”, concluyeron los académicos.

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