Enérgica condena de Profesores Republicanos al ataque de Alberto Fernández a la Corte Suprema
La entidad consideró que el discurso ante la Asamblea Legislativa fue “mendaz” y buscó “lograr la hegemonía del Poder Ejecutivo” sobre los otros poderes de la Nación; el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también formuló fuertes críticas
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LA NACION
La asociación civil Profesores Republicanos expresó su “enérgica condena” a la ofensiva contra la Corte Suprema que el presidente Alberto Fernández desplegó el miércoles durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. Lo consideró “una agresión plagada de afirmaciones falaces y ofensas destinadas a desestabilizar las instituciones republicanas, con el propósito de lograr la hegemonía del Poder Ejecutivo en detrimento de los demás poderes de la Nación”.
El comunicado difundido por la organización de docentes fundada en 2018 y que preside Guillermo Mizraji sostiene: “La apertura del año legislativo es un acto institucional en el que debe hablar el presidente de la Nación. Debe hacerlo para rendir cuentas de lo realizado y presentar una propuesta sobre los proyectos en los que solicitará la intervención del Poder Legislativo para el año que comienza. En su último discurso, lejos estuvo el presidente de cumplir con cualquiera de estos dos objetivos”.
Añade que Fernández “no solo fue mendaz en una gran parte de sus afirmaciones, sino que les faltó el respeto a las instituciones de la República”. Destacó que delante de dos miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, “no vaciló en mentir y agraviarlos, con profunda cobardía, ya que ambos magistrados (que sí estuvieron a la altura de la ocasión) debieron permanecer en silencio sin poder contestar sus falsedades”. Recordó que “se pretendió escracharlos mostrando sus rostros en cada agresión que el presidente les dirigía”.
Además de Mizraji, firma el comunicado Afredo Vítolo, secretario de la entidad cuyo órgano directivo integran, entre otros, Marta Nercellas, Juan Martín Odriozola, Miguel Wiñazki, Alicia Vicente, Alejandro Fargosi y Jorge Ossona.
“Es inadmisible que quien ocupa la máxima investidura de la Nación desvirtúe de este modo un acto de la trascendencia que reviste la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Debemos advertirle que lea la Constitución Nacional, donde están claramente establecidas las obligaciones que ha de cumplir, entre ellas: no intervenir, no opinar, no intentar influir en causas en trámite -como, una vez más, lo hizo en ese discurso- y, mucho menos, agredir a uno de los poderes del Estado”, enfatiza el documento.
“Falta de respeto y educación”
Por su parte, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal expresó su rechazo a los ataques del Presidente al Poder Judicial y se sumó a las instituciones y miembros de la Justicia que interpretaron el discurso como un avasallamiento a la independencia judicial.
La entidad, que preside el doctor Ricardo Gil Lavedra, lamentó que las expresiones del Presidente “no hubieran guardado, ni las formas, ni las solemnidades que la relevancia del acto exigía”.
“Constituye una falta total de respeto y educación, increpar a las autoridades de la Corte Suprema allí presentes con manifestaciones propias de un mitin partidario, y no de una ceremonia de alto contenido institucional”, señaló la institución.
“Próximos a cumplir cuarenta años de continuidad democrática, es necesario que cada uno de los Poderes del Estado respete escrupulosamente el ámbito de actuación de cada uno de ellos. Resulta impropio del Poder Ejecutivo -y vedado constitucionalmente-, pretender influir en causas judiciales en trámite emitiendo opinión sobre su contenido y diciendo cómo deben ser falladas”, agregó la institución que representa a los abogados que litigan en el distrito porteño.
La entidad sostuvo que “hoy hay un tercio de vacantes sin cubrir en los tribunales federales y nacionales como consecuencia de 51 ternas paralizadas en el Poder Ejecutivo, y 24 designaciones sin tratar por el Senado, además de la designación del titular de la Procuración General de la Nación y de la vacante existente en la propia Corte Suprema de Justicia, todo lo cual compromete la eficaz prestación del servicio de justicia”.
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