En tribunales creen que el juez Lijo puede pasar el filtro del peronismo por sus contactos con los gobernadores

El nombre de Ariel Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia venía siendo evaluado desde enero pasado puertas adentro del Gobierno. Y desde entonces el propio magistrado comenzó a tejer una red de apoyos con gobernadores del peronismo y otros aliados de la administración libertaria.

Con estos avales y el del juez supremo Ricardo Lorenzetti, a partir del vínculo personal que construyó con el presidente Javier Milei es que su postulación se abrió camino. Ese apoyo y las múltiples relaciones de Lijo, que habla con todo el arco político, incluido el peronismo, lo convierten en un candidato que -según evalúan operadores judiciales de la política- hace que sea “pasable” en la Cámara alta, a pesar de que los senadores (peronistas y mileístas) estaban totalmente al margen de estas conversaciones de alto nivel.

La única que puede frenar el pliego de Lijo en el Senado es Cristina Kirchner, que tiene el poder de bloquear su candidatura. No olvida que los audios que se filtraron donde trató a Oscar Parrilli de “pelotudo” eran de una escucha legal dispuesta en el juzgado de Lijo. Juan Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo en el juzgado, ahora candidato a juez federal, estaba al frente de la oficina de la Corte responsable de las escuchas telefónicas. Con una auditoria interna que los avala, todos negaron haber estado vinculados a esa filtración.

“Tratándose de estos personajes, es probable que ya haya un acuerdo político para que prospere el pliego”, señalan en tribunales. “El kirchnerismo no mira mal esta postulación”, opinan. Así lo reconstruyó LA NACION hablando con operadores políticos en la justicia que vienen siguiendo este proceso desde hace tres meses. Señalaron estas fuentes que en enero hubo un intento de avanzar con la postulación de Lijo, pero que fue frenada.

El nombre de Lijo se mantenía en las sombras. Siempre sonó en los pasillos de tribunales como candidato de Sergio Massa, de Horacio Rodríguez Larreta y ahora de Milei. Eso se filtró no obstante en una sesión del Congreso donde la Coalición Cívica le preguntó a Mariano Cúneo Libarona sobre su postulación, y el ministro de Justicia lo negó.

La Coalición Cívica ya anticipó que impugnará el pliego porqué ”fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF” y fue denunciado por Elisa Carrió por encubrimiento en el caso Siemens, donde indagó a los empresarios pero nunca a los funcionarios por el pago de coimas para mantener los contratos de DNI en el menemismo y el gobierno de la Alianza. La fuerza de Carrió cuestionó “su injustificada situación patrimonial, sus vínculos y el tráfico de influencias, y su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”.

En la CC dijeron que la postulación demuestra un pacto de impunidad con el kirchnerismo, que “amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura”. Lijo tiene dos causas abiertas en la Comisión de Disciplina: una denuncia es del diputado Juan Manuel López por su intervención en los expedientes sobre irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial y la otra es de un particular que va camino al cierre por falta de fundamentación.

Ahora, con la formalización de la postulación, operadores políticos que lo quieren y otros que no lo quieren opinan lo mismo: “La lectura es que hay un acuerdo con los gobernadores”, dicen desde la vereda de enfrente del juez. “Lo veo posible, el nombre de Lijo es pasable y ya venía dando vueltas su postulación”, dicen otros operadores que lo apoyan. En las dos veredas hablan del aval de gobernadores peronistas, a los que el propio Lijo se encargó de visitar. Ese acuerdo con gobernadores incluiría otros aspectos fiscales de interés de los mandatarios.

Lijo venía de darle -hace 4 años- un alivio a Gildo Insfrán, el histórico gobernador peronista de Formosa que está en el cargo desde 1995. Mandó a la justicia provincial un tramo del caso Ciccone donde se investigaba el pago que hizo el gobierno formoseño de 7,6 millones de pesos de 2010 a la consultora The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, testaferro del exvicepresidente Amado Boudou, para la renegociación de la deuda pública provincial.

Boudou era ministro de Economía cuando The Old Fund simuló esta tarea de consultoría para cobrar los 7,6 millones de pesos. La consultora era tan improvisada que no tenía ni talonario de facturas. Lo imprimó en febrero de 2010. Usó la N° 3 para percibir este pago el 20 de mayo de 2010. La N° 1 y la N° 2 fueron anuladas por la consultora, que no tenía empleados ni experiencia para esta tarea.

El que pagó fue el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa, administrado por Jorge Ubaldo Melchor. Lijo llegó a indagar a Insfrán en 2017 (que pasó casi inadvertido una tarde por los tribunales de Comodoro Py 2002) y en 2020 mandó el caso a Formosa, que es lo mismo que sellar la muerte de la investigación, en la que el propio juez federal y ahora candidato a la Corte dijo que se trataba de un contrato simulado para cobrar los honorarios.

El nombre de Lijo como candidato fue acercado al presidente por Lorenzetti. Lijo fue uno de los numerosos clientes de Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, cuando fue su abogado en las denuncias que le hizo Elisa Carrió. No era este el nombre del candidato a juez de la Corte que tenía en mente Cúneo Libarona cuando asumió su cargo en diciembre del año pasado.

La postulación de Lijo ya era conocida en la Corte a pesar de que no consultaron desde el gobierno a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz ni a Juan Carlos Maqueda. Es facultad del Poder Ejecutivo postular a sus candidatos. Lorenzetti, quien apoya a Lijo, estaba al tanto. Rosatti fue ayer a la Casa Rosada por la implementación del nuevo Código Procesal y ya conocía esta noticia. Su rostro en las fotos reflejan cómo le impactó la noticia.

Si es que Lijo llega a la Corte, puede cambiar el eje de poder en el máximo tribunal, analizan hombres cercanos a Lorenzetti. Hoy la Corte (sin hablar de las sentencias sino de la dinámica interna del tribunal) se centra en torno al funcionamiento conjunto de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, con Lorenzetti fuera de se cuadro. Si Lijo llega a la Corte, Lorenzetti puede contar con un aliado.

Sin embargo, recuerdan en los tribunales, “en la Corte no hay matemáticas”, y lo que hoy puede parecer de una manera, en el futuro puede cambiar si es que el pliego de Lijo atraviesa el Senado. Como ejemplo recuerdan que Maqueda votó a Rosatti como presidente de la Corte y terminó rompiendo con Lorenzetti.

En la Corte señalan que es una facultad del Poder Ejecutivo postular a sus candidatos para el máximo tribunal y que ahora debe pasar el acuerdo del Senado. Pero no ocultan su incomodidad cuando admiten que Maqueda se enteró por un comunicado de la Oficina del Presidente que ya lo estaban corriendo antes de llegar a cumplir 75 años el 29 de diciembre de este año. Y hasta le agradecían sus servicios y elogiaban sus 20 años de magistratura intachable.

Este “empujón” a Maqueda se verá reflejado en una modificación al decreto 222/03 en la que trabaja el Gobierno. Esa norma de Néstor Kirchner prevé un sistema de transparencia para elegir a los jueces de la Corte, audiencias públicas que deben superar los candidatos y la posibilidad de que la sociedad civil presente objeciones.

Ese decreto en sus considerandos señala que “resulta necesario tener presente” las “diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal” a la hora de postular candidatos. Pero en la parte resolutiva esta cuestión queda redactada como una propuesta “en la medida de lo posible”. Lijo viene a la Corte para ocupar la vacante que dejó una mujer, Elena Highton.

Esa es la otra resistencia que encuentra la postulación de Lijo y la del segundo candidato de Milei, Manuel García-Mansilla, decano de Derecho en la Universidad Austral. Ambos son hombres y del área metropolitana. Numerosas asociaciones de mujeres juezas salieron a rechazar esta postulación, con flyers con la foto de la fallecida jueza Carmen María Argibay e incluso se sumó el presidente del Colegio de al Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra que reclamó designar a una mujer.

Ahora el Gobierno está trabajando en reformar este decreto para iniciar el proceso de designación de manera anticipada de García-Mansilla. La reforma apuntaría a Maqueda y señalaría que si no inició su proceso de revalida en el cargo se puede proceder con el proceso para su reemplazo, y de este modo se asume que a los 75 años debe dejar la Corte. La Constitución dice que a los 75 años los jueces deben dejar el cargo, pero el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de pedir un nuevo acuerdo al Senado por otros cinco años más. Este no será el caso.

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