En pleno acampe piquetero en la 9 de Julio, Tolosa Paz anunció que mañana dará de baja 85 mil planes

La depuración en el plan Potenciar Trabajo que inició la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, tendrá mañana las primeras bajas del programa: 85 mil titulares que no validaron su identidad se quedarán sin el beneficio, es decir, no cobrarán más por mes el Salario Social Complementario (SSC). Así lo confirmó la funcionaria platense esta mañana, en medio de un acampe con miles de personas en el centro porteño que comenzó ayer a las 15 y planea estirarse hasta mañana.

“No los vamos a recibir”, ratificó la titular del área pese a la masividad de la protesta, que la ladera del presidente Alberto Fernández considera un método “extorsivo”.

Como este miércoles vence el plazo para que los titulares del Potenciar Trabajo carguen los datos al sistema si desean seguir con la ayuda estatal, Tolosa Paz ya ratificó que son 85 mil las bajas definitivas por no haber realizado el trámite tras cuatro meses, ya que el primer anuncio fue en noviembre. “A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo y, en virtud de los resultados de la validación, vamos a dar de baja a 85 mil titulares que se suman a 20 mil del Programa Nexo”, dijo Tolosa Paz en una entrevista en Radio Urbana Play. Estos dos programas son complementarios, ya que el Nexo es un pago adicional que se hace a algunos titulares en base al tipo de actividad que realizan.

De los 85 mil planes eliminados, 12.700 pertenecen a la Unidad Piquetera, organización que realiza el acampe en la Avenida 9 de Julio, de acuerdo a lo que detalló la ministra de Desarrollo Social.

En medio de la presión de los dirigentes de izquierda, sobre todo del referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, para tener una reunión con Tolosa Paz, la funcionaria volvió a decir que esa instancia no sucederá. “No hay petitorio ni pedido de audiencia formal”, justificó esta mañana y enfatizó: “Con acampe en la calle y la gente de rehén, no los vamos a recibir”.

Ayer, mientras los manifestantes se disponían en el centro porteño, la ministra viajó a Misiones. En la protesta anterior había estado en Entre Ríos.

“Pasaron cuatro meses y le decimos a Belliboni que traiga a las puertas del ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que dijo que existían, y realizaban tareas y contraprestaciones, y que está claro non era tal”, sostuvo Tolosa Paz, tal como lo había hecho ayer, y aclaró la inflexibilidad de la medida que comenzará a regir a partir de mañana: “Nosotros no tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas del Potenciar Trabajo porque tenemos una posición firme, que es respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad”.

Mientras desde la izquierda dicen que es “la mejor alumna del ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, la ministra lamentó que Belliboni les cobre a los titulares del Potenciar Trabajo que integran el Polo Obrero 2% del Salario Social Complementario (SSC). “Son 9 millones de pesos mensuales que recauda de la comisión que les cobra a las 12.700 personas que se van a dar de baja. Me da mucha pena que haya gente que le dejó ese dinero como una cuota social”, sostuvo, en un nuevo round contra el dirigente social.

Ayer, desde la sede de la cartera que está emplazada en el edificio estampado con la cara de Eva Perón emitieron una denuncia contra el Polo Obrero, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) -aliada al Gobierno y conducida por el diputado nacional Juan Carlos Alderete-, al alegar que sus dirigentes desalientan que los beneficiarios del Potenciar Trabajo se anoten a la terminalidad educativa. Estas acusaciones negadas desde las agrupaciones sociales tienen como base un fuerte rechazo que provocó la medida tomada por Tolosa Paz, que permite a los titulares del plan optar por finalizar los estudios o integrar una Unidad Productiva. Hubo referentes que se quejaron, al plantear que de esta manera la ministra quiere desfinanciar las unidades productivas y evitar girarles materiales.

“El programa Volvé a Estudiar para los titulares del Potenciar Trabajo que así lo deseen es certificado por el Estado y la escuela, y ya no va a pasar por la Unidad de Gestión. Esto fue lo que enojó mucho a quienes se creen dueños de la pobreza y dueños de los titulares del Potenciar Trabajo”, lanzó esta mañana Tolosa Paz. Esa decisión que sí tuvo el apoyo del líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, despertó fuertes fricciones incluso con el Movimiento Evita, que tiene representación en Desarrollo Social, con Emilio Pérsico a la cabeza.

Para concluir, la ministra dijo que no tiene pensado desligar el Salario Social Complementario (SSC) del Salario Mínimo Vital y Móvil. “No estamos pensando en desenganchar porque entendemos que asistimos a población en extrema vulnerabilidad sin bienes y sin patrimonios. No hay desacople, lo que hay es un ordenamiento de la política social en beneficio de las cuentas públicas, y del 92% que validó los datos y no tuvo nada que ocultar”, sostuvo Tolosa Paz, que así aclaró que el Salario Social Complementario (SSC) va a continuar como el 50% del Mínimo, Vital y Móvil.

El propio Belliboni confirmó a LA NACION que hoy a las 18 decidirán si el acampe sobre la Avenida 9 de Julio se mantiene hasta mañana. Estas organizaciones que confluyen en la Unidad Piquetera se mostraron intransigentes desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y mantienen una fuerte enemistad con Tolosa Paz.

La CC-Ari presiona para que avance una denuncia contra Pérsico por el Potenciar Trabajo

Por otra parte, y en el marco de esta protesta, desde la Coalición Cívica (CC)-Ari aumentaron la presión para que avance en la Justicia una denuncia que hicieron el año pasado contra Pérsico y otros dirigentes sociales con representación gubernamental, por defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes a su cargo y negociaciones incompatibles.

“Tenemos denunciado al Movimiento Evita por apropiarse de partidas millonarias del Potenciar Trabajo. No es por los planes, sino por una serie de convenios con transferencia directa de plata del Estado a las organizaciones. Desde finales de 2021 que estamos atrás de esto. Pedidos de informes y solicitudes de investigación en la Oficina Anticorrupción, agotamos todas las instancias. En el Gobierno son cómplices de este robo. En agosto del año pasado fuimos a la Justicia penal, presentamos 500 páginas de prueba. Hasta ahora no hicieron nada. Nada de nada”, se quejó hoy el legislador porteño Hernán Reyes, impulsor de la presentación judicial, quien le exigió al juez Daniel Rafecas que investigue.

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