En plena tensión con el Gobierno, Ricardo Quintela envió el proyecto para emitir $15.000 millones en cuasi monedas

CÓRDOBA.- Ingresó a la Legislatura de La Rioja el proyecto del gobernador Ricardo Quintela para emitir $15.000 millones en cuasi monedas que se denominarán Bocade. Pide que se lo autorice a emitir “bonos de cancelación de deuda” hasta por ese monto “debiendo constar en cada bono, que el valor nominal que expresa será equivalente por cada unidad impresa en el bono al peso de circulación legal en las denominaciones pertinentes”.

Añade que las tres funciones del Estado -municipios, las entidades descentralizadas, autárquicas y las sociedades o empresas del Estado- aceptarán “obligatoriamente” los bonos “en cancelación total o parcial de sus créditos en dinero”. Y precisa: “El pago efectuado importará la extinción de los créditos por los que se realizó la entrega, la que comprenderá hasta un máximo del 30% de la remuneración liquida”.

Será el Ejecutivo el que acordará con el Banco Rioja (estatal) “u otras entidades bancarias de plaza, la forma y modalidad de acreditación en cuenta corriente o caja de ahorro u otra forma de depósito bancario, de los importes depositados” en bonos.

Además, el gobierno provincial difundió hoy la serie de reuniones de Quintela con distintos sectores políticos, de trabajadores y productivos que “apoyan” la emisión de una moneda. Por caso, figuran la Asociación de Trabajadores Públicos (ATP), los olivícolas, la CGT riojana, el Movimiento Evita, Frente Popular Darío Santillan, Somos Barrio de Pie, Nuestra América y Movimiento Octubres Argumentan que servirá “para sostener el consumo y por lo tanto, el trabajo de los trabajadores”.

En los fundamentos, Quintela repasa la cantidad de cuasi monedas que se emitieron en otras oportunidades en la Argentina y, además, cita a Juan Bautista Alberdi, mencionando que es quien cita en sus planteos el presidente Javier Milei.

En referencia a Alberdi, dice: “Afirmaba que el fortalecimiento de la nación requería de progresos materiales, por eso sostuvo que los ‘caminos de fierro, canales, puentes grandes, mejoras materiales, empresas de colonización son cosas superiores a la capacidad de cualquier provincia…por rica que sea’; (Alberdi, J. B., Bases y puntos de partida para la Organización Política Argentina (Buenos Aires, 2005). evidentemente la predica alberdiana del presidente de la Nación Milei no se condice con el pensamiento del jurista de referencia, quien como se cita, valoraba el rol del Estado nacional como regulador del progreso material”.

Demanda

Por otro lado, el 1 de febrero, cuando se reinicia el año judicial, ingresará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la demanda riojana en reclamo de $9.300 millones “adeudados y retenidos ilegalmente” por la Nación.

Los patrocinantes serán Andrés Gil Domínguez, que confirmó a LA NACION, los pasos a seguir, y el exsenador Jorge Yoma. Los fondos corresponden a lo determinado en el presupuesto 2023 para el distrito. Además, sumarán los $ 48.000 millones que estaban consignados para este año.

Gil Domínguez explicó a este diario que el Estado federal le debe a la provincia esos $9.300 millones “coparticipables, que son de La Rioja” y que para el actual ejercicio “debe pagarle $48.000 millones, debidamente actualizados y no a través de 12 cuotas sino a través del sistema de goteo diario, como es el que existe para todas las provincias”.

“Estos no son Aportes del Tesoro a las provincias -agregó- sino recursos propios de la provincia. No hay ninguna discusión sobre este tema; la discusión está dada porque el Estado no cumple el pago”. En sus redes sociales, Yoma sostuvo que, además, solicitarán a la Justicia un embargo del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hasta “cubrir las cifras adeudadas”.

La Rioja recibe desde los ‘80 fondos extras a la coparticipación por haber cedido un punto del reparto cuando se sancionó la ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Por supuesto, la cifra nominal varía siempre se mantiene el giro extraordinario acordado. En la provincia los llaman “fondos compensatorios” y aseguran que reciben menos plata de la que correspondería si hubieran mantenido el punto.

Desde 1999, esa partida se incluye en el presupuesto nacional. Estaba en el del 2023 y en el proyecto del 2024 que no fue tratado por el Congreso.

Quintela, quien enfrentó una protesta policial el viernes pasado, anunció el pago de $80.000 para los estatales con el mes de enero y $50.000 para los precarizados mientras avanza con su proyecto de ley para crear un “instrumento financiero virtual o físico (...) ante el abandono de la Nación”. Esta semana saldría la autorización para esta cuasimoneda.

El presidente Milei cruzó a Quintela por el reclamo de la deuda. “La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir [en materia de coparticipación y transferencias]. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, afirmó.

A fines de diciembre, con el patrocinio del exjuez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, Quintela presentó ante el máximo tribunal judicial del país una cautelar para que se disponga “la suspensión total de efectos del DNU” y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa.

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