En medio del escándalo de los seguros, el Gobierno obliga a las ART a armar un fondo para afrontar los litigios futuros
Deberán constituir una reserva económica por un plazo de cinco años para afrontar potenciales juicios; tendrán que justificarlo ante un actuario externo
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LA NACION
El Gobierno decidió modificar las condiciones por las que pueden operar las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Las entidades deberán constituir, al cierre de cada ejercicio, una reserva económica por juicios futuros hasta por un plazo de cinco años.
Las entidades deberán exponer en los estados contables la fecha de emisión, la cantidad de asegurados a la fecha de cierre de los estados contables, el porcentaje utilizado y el monto reservado para cada contrato. Deberán ser certificado por un actuario externo, según estableció la nueva regulación gubernamental.
El Gobierno aseguró que la intención es “igualar la cancha regulatoria para todas las compañías que operan en el sector en la Argentina” y puntualizó en los “beneficios que el Gobierno de Alberto Fernández les había otorgado a algunas nuevas empresas del mercado de los seguros de riesgo del trabajo” para argumentar su decisión.
“El cambio más significativo se refiere a la fórmula que las compañías aseguradoras deben aplicar para conformar estos fondos. Dicha ecuación determina el porcentaje sobre las primas que se destina a la Reserva por juicio a futuros”, precisó la Superintendencia de Seguros.
“Se trata de un nuevo avance por potenciar regulaciones promercado, con énfasis en la competencia, en función de evitar que empresas aparentemente insolventes entren a jugar en un mercado sensible, responsable de asegurar a millones de trabajadores en el país y con elevados estándares de litigiosidad”, subrayó la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El Gobierno afirmó que, “al eliminar parámetros establecidos en 2022 durante el Gobierno de Fernández que hacían insuficientes y, por ende, de alto riesgo, las coberturas de las empresas que no tienen volumen o comienzan a operar sin respaldo financiero acorde”.
Investigación en curso
El broker de seguros Héctor Martínez Sosa, fue imputado en la causa en que se lo investiga junto con el expresidente Alberto Fernández por las contrataciones de seguros para la administración pública. Hace un mes reconoció que tiene una relación con el expresidente “desde hace 15 años”, pero aclaró que nunca le pidió “su intervención” en ninguno de sus negocios.
Martínez Sosa es un poderoso productor de seguros que maneja pólizas de muchos ámbitos de la administración pública nacional, en algunas provincias y en municipios. A su vez, es allegado a Alberto Fernández, de que quien es acreedor de un crédito de 20.000 dólares y es el esposo de María Cantero, exsecretaria histórica del expresidente. Se investiga si la mujer supuestamente intercedió para que las pólizas se contrataran a través de su marido.
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