En medio del conflicto mapuche, el oficialismo extenderá el régimen de tierras indígenas

Cuando todavía los ecos del conflicto mapuche en el sur no terminan de acallarse, el oficialismo intentará aprobar este jueves en el Senado una nueva prórroga al régimen de emergencia territorial indígena que, desde su sanción en 2006, mantiene suspendido los trámites procesales y administrativos que impliquen el desalojo o desocupación de tierras en manos de comunidades aborígenes.

El régimen vence el próximo 23 de noviembre, pero el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sigue sin concluir el relevamiento de los territorios ocupados o reclamados por comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional que estableció la ley 26.160. De ahí surge el apuro por extender el plazo de su vigencia por cuatro años más.

“El relevamiento está en un 70% y sufrió una fuerte parálisis por la pandemia, por lo que es necesario que le demos más tiempo para que lo puedan terminar”, explicó a LA NACION el jefe del bloque oficialista del Senado, José Mayans (Formosa).

Cabe destacar que el proyecto de prórroga, presentado por la oficialista Nora Giménez (Salta), obtuvo dictamen de comisión el pasado 5 de octubre, antes de que se registraran los ataques de la semana pasada en Bariloche y El Bolsón que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, adjudica a los sectores radicalizados de la comunidad mapuche.

El proyecto divide opiniones al interior de todos los bloques, por lo que se esperan opiniones encontradas cuando la iniciativa sea llevada al recinto. Por lo pronto, la bancada de Juntos por el Cambio dará libertad de acción a sus legisladores para votar, ya que los senadores de las provincias del noroeste argentino estarían de acuerdo con extender el régimen.

La sesión en la que se discutirá el proyecto recién se definirá este miércoles, pero la intención del oficialismo es convocarla para este jueves con un temario que, además de la cuestión indígena, contemplaría la aprobación de más 180 ascensos militares, entre ellos los de los jefes de las tres Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto.

De aprobarse, está será la cuarta prórroga por cuatro años del régimen inicial, después de las leyes sancionadas en 2009, 2013 y 2017 que extendieron su vigencia. En todos los casos, la razón fue la demora del INAI en realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras en conflicto.

Además de la prórroga del régimen, el proyecto que tratará el Senado establece la inclusión de una partida de $290 millones en cada uno de los próximos cuatro ejercicios presupuestarios para financiar la tarea del INAI.

En un principio, el oficialismo pretendía convocar a la directora del INAI, Magdalena Odarda, a una reunión virtual para que explique el estado de situación en el que se encuentra el relevamiento encomendado por la ley 26.160. Pero el estallido de la crisis mapuche dejaría sin efecto esa reunión.

Según explica el proyecto en sus considerandos, el INAI ha revisado la situación de los terrenos en los que están afincadas 742 sobre 950 comunidades “identificadas como punto de partida, lo que implica que el elevamiento alcanza al 78% del universo original”.

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