En medio de las filtraciones de los chats, Alberto Fernández busca apartar al juez Ercolini del caso
La Cámara de Casación define esta semana su recusación, pedida por el expresidente; argumentó que son enemigos porque mandó a denunciarlo por el viaje a Lago Escondido
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LA NACION
En medio de las filtraciones de los chats de la exsecretaria de Alberto Fernández, la Cámara Federal de Casación Penal define esta semana si el juez federal Julián Ercolini seguirá investigando al expresidente, quien pidió apartar al magistrado de su caso porque entiende que hay enemistad entre ellos. Fernández entiende que es una respuesta porque en su momento mandó a denunciarlo por el viaje que realizó a Lago Escondido en compañía de otros jueces, exfuncionarios del gobierno de la Ciudad, empresarios y exfuncionarios de inteligencia.
La recusación de Alberto Fernández contra Ercolini ya fue rechazada por el propio magistrado, que dijo que no hay enemistad y que la denuncia anterior que argumenta el expresidente no la efectuó el propio Fernández sino que -según anunció por cadena nacional- fue indicación para que lo hicieran funcionarios de su Gobierno. La Cámara Federal -con la firma del juez Roberto Boico de manera unipersonal- también rechazó la recusación de Ercolini y ahora su abogada Mariana Barbitta fue a la Cámara de Casación con el reclamo.
Por sorteo, fue designado para resolver el asunto el juez de la Casación Gustavo Hornos, de manera unipersonal. El magistrado convocó a Barbitta y eventualmente a Fernández si quisiera participar, a una audiencia que se realizará este miércoles a la 10 en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Luego de escuchar los argumentos de la defensa, Hornos resolverá si mantiene a Ercolini en la causa o lo separa del expediente.
Es poco frecuente que prosperen las recusaciones de los magistrados, ya que las razones están regladas, son taxativas y se las interpreta con un criterio restrictivo. Fernández argumenta temor de parcialidad y enemistad manifiesta. Una de las razones de recusación es la existencia de una denuncia anterior al caso del acusado en contra del juez. Pero Boico, al rechazar el argumento, dijo que el pedido para denunciar a Ercolini no era a título personal, sino institucional, en su rol de presidente. En este caso difícilmente la recusación prospere.
Fernández y Ercolini eran profesores en la misma cátedra en la Facultad de Derecho y tenían una relación afable, al punto de que el expresidente presidente concurría a verlo por cuestiones de sus clientes como abogado. Pero luego Fernández terminó criticándolo y enfrentado por el caso de Lago Escondido.
La audiencia se realizará en medio de las filtraciones de los chatas del teléfono de María Cantero, exsecretaria del expresidente, que es esposa de Héctor Martínez Sosa, un broker que cobraba millonarias comisiones por los seguros que tenía con organismos públicos. Entre 2020 y 2023 su empresa cobró 223 millones de pesos. La primera empresa de seguros en ese ranking es Bachelier, que cobró 1665 millones de pesos y que -según la denuncia oficial- se sospecha que está vinculada a Martínez Sosa.
Los chats entre Cantero y su esposo revelan supuestos episodios de violencia de género que sufrió Fabiola Yáñez, pareja del expresidente, y además una supuesta intervención o interés en los contratos de seguros que obtenía Martínez Sosa. Es revelador un mensaje donde Cantero se queja de su esposa perdió los seguros de Cancillería, y Fernández le dice que él se iba a ocupar.
En este escenario, se realizará la audiencia del miércoles. Pero además los jueces de la Cámara de Casación deben resolver otro incidente vinculado con los bienes de Alberto Fernández y de los otros imputados. Ercolini inhibió los bienes de todos. Pero la Cámara Federal revocó esa decisión con la firma de los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, y la disidencia de Martín Irurzun y les permitió a todos mover su dinero.
La fiscalía planteó un recurso de Casación para que la Cámara de Casación vuelva a congelar los bienes. Si se abre el recurso se analizará esa posibilidad y si se mantiene cerrado, los empresarios seguirán disponiendo de su dinero. Los jueces que deben decidir sobre los bienes de los acusados son Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.
Los exfuncionarios, empresarios y empresas imputadas son, además de Alberto Fernández, Alberto Carlos Pagliano, Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., Héctor Horacio Martínez Sosa, Guillermo Alejandro Alonso, María Marta Cantero, TG Broker S.A., Pablo Andrés Torres García, Guillermo Eugenio Torres García, Bachellier S.A., Osvaldo Alfredo Tortora, Ricardo Daniel González, Castello Mercuri S.A., Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, San Ignacio Sociedad De Productores Asesores De Seguros S.A., Brian Kelly, Hernán Marcos Bressi, San Germán Seguros S.A., Héctor Basilio Villaverde, Camilo Moreno Crotto, Marcela Verónica Baldini, Mauro Damián Tanos, María Victoria Bisogni, Alfredo Del Corro, Mariana Lourdes Trupia, Carlos Alberto Suárez, Marcos Federico Eufemio, Damián Gosso, Diego Nicolás Rosendi, Lucas Pablo Rosendi, 7 De Mayo Cooperativa De Trabajo Limitada y Cooperativa De Trabajo Irigoin Limitada.
El viaje a Lago Escondido se difundió el diciembre de 2022, a horas de que se conociera la sentencia contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad a 6 años de presión. Ercolini fue el juez que instruyó esa causa y la elevó a juicio. Se conocieron detalles del viaje porque hackearon el chat de Telegram del entonces ministro de Justicia porteño Marcelo D’Alesandro, donde supuestamente conversaban los viajeros que eran jueces, exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y directivos del Grupo Clarín. Ese viaje había ocurrido en octubre, y tuvo como destino la residencia del empresario Joe Lewis.
Entre los viajeros estaban los jueces Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques (hijo de Carlos); D’Alessandro; el empresario especialista en campañas digitales Tomás Reinke; y el exjefe de legales de la AFI, Leo Bergroth.
La justicia descartó la existencia de cualquier delito en torno a este viaje ya que la noticia surgió de una operación de espionaje ilegal. Y hay una causa abierta para determinar quién hackeó el teléfono de D’Alesandro y puso a circular esos chats.
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