El Gobierno avanza con la idea de sacarle más de 180 mil planes a los piqueteros y dárselos a los intendentes

En medio de la controversia con las organizaciones sociales, la avanzada de Cristina Kirchner para que los planes sociales pasen a ser controlados por las provincias y los municipios comenzó a tomar cuerpo en territorio bonaerense. La vicepresidenta promovió hoy el plan de un intendente para “transformar los planes en trabajo”, mientras que el jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde, inició contactos con jefes comunales del oficialismo y la oposición para sondearlos con un proyecto en común.

Tal como publicó LA NACION el último domingo y confirmó a su estilo la vicepresidenta el lunes en un acto en la CTA de Avellaneda, el kirchnerismo busca eliminar la intermediación de las organizaciones como el Movimiento Evita oficialista y la Unidad Piquetera opositora en el manejo de los planes sociales. Podría hacerlo con un proyecto de ley que preparan los gobernadores –que volverán a reunirse el viernes en Chaco- y también con el impulso político a la sanción legislativa de un nuevo “salario básico universal”.

La encargada de ratificar las señales fue otra vez Cristina Kirchner. La presidenta del Senado recibió en su despacho al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien -según dijo- le “acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”. Ese concepto, justamente, es rechazado por el Evita y otras organizaciones sociales que afirman que Cristina los “estigmatiza” al plantear que los planes no son una forma de trabajo.

En la reunión, según informó la propia vicepresidenta por medio de un tuit, Zurro le “contó que también se la envió (a la propuesta) al ministro de Desarrollo Social de la Nación”. Así, Cristina Kirchner envió un mensaje político a Juan Zabaleta, el titular del área, para que tenga en cuenta la iniciativa, que ahora tiene el respaldo de la titular del Senado. “Juanchi” ya acudió en dos oportunidades al despacho de la vice para hablar sobre el futuro de los planes.

Cristina Kirchner ratificó su postura después de haber recibido fuertes críticas de las organizaciones sociales. Lo hicieron a modo de réplica porque la vicepresidenta sostuvo en el plenario de la CTA que “con esta desocupación debería haber menos planes”. Se refirió así a los programas denominados Potenciar Trabajo, que recibe 1,2 millones de personas en todo el país, en su mayoría a través de grupos piqueteros.

Desde La Plata, también intervino en la polémica el jefe de Gabinete de Axel Kicillof. Insaurralde defendió a Cristina porque “habla de cara a la sociedad con la espalda de una responsabilidad colectiva”. Y postuló que “los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado, cuyo primer mostrador son los municipios”. El intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia, es un aliado de Máximo Kirchner, el jefe del PJ bonaerense y de La Cámpora.

Insaurralde también aportó un dato político. “Hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición, y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los municipios”, reveló quien es considerado como un primus inter pares de los intendentes del PJ del conurbano.

También desde la oposición apoyaron la idea de quitar a las organizaciones sociales el rol de intermediarios de los planes sociales. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti (Pro), sostuvo que “la administración de la asistencia social debe descentralizarse en los municipios”, de forma tal que “el plan social llegue de manera directa al vecino que lo necesita”.

“El Estado nacional, a través de la cartera de Desarrollo Social, debe girar las partidas a los municipios con la nómina de beneficiarios y son las gobernaciones locales las que deben asignarle una tarea, controlar el presentismo y el cumplimiento efectivo de las actividades”, remarcó el macrista Grindetti, para quien “cortar calles no es más una opción”.

La reforma que impulsa el kirchnerismo y que tiene el apoyo de algunos sectores de la oposición tiene una lectura política: las organizaciones sociales amenazan a los intendentes con disputarles el territorio de cara a las elecciones de 2023. Algunas ya lo vienen haciendo, pero ahora se abre la posibilidad de que lo hagan en el plano de las candidaturas y justamente en el distrito que el kirchnerismo considera su propia base electoral.

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