En medio de la campaña, el gobierno fija nuevas indemnizaciones para afectados por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero
La ley que ordena los pagos data de 2015 y fue reglamentada recién hace cinco años; ninguna administración nacional avanzó en los desembolsos
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CÓRDOBA.- A 28 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó siete muertos y 300 heridos, el gobierno nacional fijó nuevos montos para las indemnizaciones que, además, serán en pesos y no en bonos. Lo hizo en medio de la campaña electoral y por iniciativa del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. El decreto de necesidad y urgencia se publicará mañana jueves en el Boletín Oficial.
Según pudo saber LA NACION, el Gobierno redefinió los montos de las indemnizaciones por las explosiones para cumplir una ley que el Congreso aprobó hace ocho años y se reglamentó en 2018, pero nunca se cumplió. Los nuevos valores son: por muerte, $8.000.000; lesiones gravísimas, $5.600.000; lesiones graves, $4.800.000; daño moral, $800.000; y daño material $760.000.
La Justicia determinó que la explosión fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem. Las condenas cayeron solo sobre mandos medios. A fines del 2020, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, emplazó al Estado nacional a que en 30 días pagara las indemnizaciones pendientes en 400 casos representados por el abogado Mario Ponce, quien patrocina a unas 8.000 personas. El Estado nunca cumplió porque apeló; hace unos meses salió un fallo de Cámara rechazando la apelación.
Ponce dijo a LA NACION que de sus 8000 representados, ninguno cobró. Del resto, que son alrededor de 2000, estima que se pagaron entre 80 y cien. “En setiembre nos reunimos con el viceministro de Defensa y nos adelantó que se trabajaba para eliminar el pago de bonos y hacerlo en pesos, es lo que sale ahora. Para hacer efectivo el pago habrá que firmar un formulario para renunciar a las acciones administrativas y judiciales. Nos han dicho que la idea es comenzar los pagos antes de fin de año”, puntualizó el abogado.
El decreto establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Defensa. Ponce está esperando la reglamentación del decreto. Hace dos meses el Congreso aprobó la creación de una universidad nacional en Río Tercero; esa decisión salió en la sesión de Diputados en que se modificó Ganancias y para la que un grupo de diputados de Evolución bajó a debatir, cuando el otro sector de la UCR no lo hizo. Marcos Ferrer, el intendente radical reelecto de Río Tercero, pertenece a esa línea del radicalismo.
Al día siguiente, en medio de la interna de la alianza opositora por esa votación de Ganancias, en conferencia de prensa Ferrer dijo: “No me interesa si Juntos por el Cambio explota en mil pedazos porque se votó la Universidad de Río Tercero. Hay que tener en claro que valores uno defiende cuando hace política”. Ferrer, quien considera la creación de la universidad como una “reparación” para la ciudad, se mantiene neutral de cara al balotaje.
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