En los últimos meses recrudecieron los conflictos violentos con los mapuches en el sur argentino

Los reclamos étnico-territoriales que mantienen diversas comunidades mapuches en la Patagonia no son nuevos. La mayoría están vinculados con procesos económicos y sociales que suelen amenazar o restringir las tierras que muchas de esas familias ocupan ancestralmente. De hecho, muchas comunidades han podido ratificar la posesión ancestral y han conseguido la propiedad comunitaria por vías legales y pacíficas.

Sin embargo, lo que se viene observando en los últimos seis años en la región es un recrudecimiento de los conflictos a partir del surgimiento de grupos que eligen la violencia como método de lucha. Muchos de ellos ni siquiera son originalmente mapuches, sino que han “abrazado” la causa mapuche como si fuera propia y le han sumado características violentas.

Entre los ejemplos está la comunidad Pu Lof en resistencia del departamento de Cushamen, en Chubut, de la que Facundo Jones Huala era lonko y principal referente. El mismo Jones Huala que fue defendido por el canciller argentino en Chile, Rafael Bielsa.

Esa agrupación inició en marzo de 2015 lo que denominaron un “proceso de recuperación territorial productiva a la multinacional Benetton” e irrumpió en campos de la Compañía Argentina de Tierras S.A., en el Paraje Leleque, sobre la ruta 40.

Un informe conjunto realizado a fines de 2017 por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut indica que, a partir de esa usurpación, los hechos delictivos se incrementaron de forma notoria en la zona.

Los rostros cubiertos, los cortes de ruta, el incendio de propiedades y maquinarias comenzaron a extenderse así en los últimos años. Con una metodología similar a la utilizada en la toma de Leleque, en noviembre de 2017 la comunidad Lafken Winkul Mapu usurpó tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi y luego fueron extendiendo la toma a propiedades aledañas. Los vecinos y automovilistas empezaron entonces a sufrir diversos ataques, como quema de casas, piedrazos, amenazas y golpes.

La toma de Villa Mascardi lleva casi 4 años, múltiples capítulos violentos y diversas causas judiciales abiertas. A fines de junio de este año, la Administración de Parques Nacionales retiró la querella y desistió de impulsar la elevación a juicio en la causa que investiga la usurpación de tierras de ese organismo.

A raíz de esa determinación, hace 20 días, la Junta Vecinal de Villa Mascardi presentó una querella penal contra el directorio de Parques. “Es innegable que se trata de una decisión de una gravedad institucional, ambiental, económica y social alarmante. Lejos de cumplir las funciones fundamentales que le competen a la APN, el dudoso accionar de este organismo implicó postergar la condena a delincuentes que avanzaron sobre tierras de dominio público”, indicaron los vecinos en un comunicado.

Los miembros de la comunidad autodenominada mapuche Lafken Winkul Mapu protagonizaron hace unas semanas diversos incidentes al cortar la ruta 40 en apoyo a otra comunidad recientemente conformada: la lof Quemquemtreu ocupó el 18 de septiembre dos lotes en el paraje Cuesta del Ternero, a 30 km de El Bolsón.

Si bien el lugar fue restituido a su ocupante fiscal menos de una semana después durante un operativo encabezado por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Río Negro, algunos miembros de la comunidad Quemquemtreu reingresaron al terreno.

Distintas organizaciones -entre ellas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y el Parlamento Mapuche- presentaron seis hábeas corpus ante los Tribunales de Bariloche y El Bolsón solicitando ingresar al lugar para llevar alimentos y abrigo. Todos fueron rechazados por diversos jueces provinciales.

Con la toma de Cuesta del Ternero aún vigente, la región fue escenario de dos ataques perpetrados en menos de 24 horas. Durante el primer fin de semana de octubre, fueron incendiados el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón (próximo a inaugurarse), así como un depósito y dos máquinas de Vialidad rionegrina cerca del cerro Catedral, en Bariloche.

En ese último lugar, los atacantes dejaron amenazas dirigidas a la gobernadora Arabela Carreras, así como a la fiscal jefe Betiana Cendón, el fiscal Francisco Arrien y el juez de Garantías Ricardo Calcagno. “Es un dato clave que, con posterioridad a los hechos, se difundió públicamente un comunicado de un grupo identificado como ‘R.A.M.-M.A.P. - U.A.L. Nahuelhuapikeche’, por medio del cual se reivindicaron los atentados ocurridos, mediante un mensaje intimidatorio y violento, que de modo alguno representa al Pueblo Mapuche y que deben ser sancionados con el máximo rigor del Código Penal”, afirmaron desde el gobierno de Río Negro tras formalizar la denuncia por los ataques.

Ataques y mensajes con inscripciones similares se han registrado en los últimos años en diferentes puntos de la Patagonia andina. Y el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) -que tiene entre sus líderes a Facundo Jones Huala- se ha adjudicado muchos de esos atentados.

Tras analizar distintos ataques en Río Negro, Neuquén y Chubut ocurridos solo entre 2015 y 2017, un informe oficial ya revelaba que “no son hechos aislados sino que forman parte de una organización de carácter ilícito que intenta solaparse en la reivindicación legítima de los pueblos originarios presentes en territorio argentino y reconocidos por la Ley 26.160″.

A su vez, ya advertían “la relación entre la RAM y el movimiento etnonacionalista radicalizado de Chile”: “La RAM es identificada como el brazo operativo del Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP) en Argentina. En el contexto de la cercanía cultural a ambos lados de la cordillera, surge la figura de Facundo Jones Huala, que sostiene la idea de que la nación mapuche es una sola y que la frontera de los estados de Chile y Argentina no se aplica para ellos, por tratarse de entes a los que no reconoce autoridad”.

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