En la mira de Cristina Kirchner: la agenda de la Corte incluye casos de fuerte impacto político para el segundo semestre

Los embates de Cristina Kirchner contra la Justicia se hacen cada vez más frecuentes. Este domingo fue el turno del fiscal Diego Luciani, protagonista de un duro alegato en su contra en la causa Vialidad. También el juez Rodrigo Giménez Uruburu, presidente del tribunal que juzga a la vicepresidenta por ese expediente. Semanas atrás había sido la Corte Suprema de Justicia. Las razones de esa embestida están en los últimos fallos del máximo tribunal en su contra y en el duro inicio del tramo final del juicio por los fondos girados a Lázaro Báez, pero también en la agenda de la Corte que se cruza con la de la política en el segundo semestre, pues al no ser un año electoral, es más habitual que se avance sobre causas sensibles para el poder.

Aún antes de que Cristina Kirchner se dedicara a ponerle su voz a los 14 minutos del video contra la Justicia, la Corte tenía en la lista de casos que podrían ver la luz luego de la feria judicial de invierno todos los recursos de la vicepresidenta y de exfuncionarios kirchneristas investigados por corrupción en la causa de los Cuadernos y en otros expedientes, una denuncia de Florencia Kirchner y las dos causas que mayor interés concitan en Juntos por el Cambio: el recorte de fondos coparticipables a la Ciudad que dispuso la Nación y el caso del Correo, de la familia Macri.

La Corte además tiene previsto en este segundo semestre llamar a una nueva audiencia pública por temas vinculados con el medio ambiente. Un asunto ambiental que tratará el máximo tribunal es la preservación de especies como el yaguareté, en peligro de extinción, contra la actividades económicas.

Considerando el artículo 41 de la Constitución Nacional, se trata de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, y la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada. Pero además de esta hay otras causas por temas ambientales que podrían ser parte del debate público. La idea del debate es tras la audiencia, sacar el fallo en pocas semanas.

Las causas de contenido político que podrían ver la luz en el segundo semestre son los casi 80 recursos de exfuncionarios del kirchnerismo investigados por corrupción. No hay un calendario prefijado en la Corte pero sí para las elecciones, por lo que en los tribunales evalúan que sería prudente tener esos fallos firmados antes de noviembre, cuando se prevé que comience la campaña electoral, al menos informalmente.

También están en estudio recursos vinculados con la causa de los cuadernos de las coimas y el que planteó el juez Germán Castelli, del tribunal que juzgará ese expediente, por su traslado, como ocurrió en los casos de los camaristas trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Allí, la Corte dijo que pueden seguir en sus cargos hasta que se elijan a los jueces titulares por concurso.

Asimismo, la Corte tiene a estudio el caso del recorte de fondos de la Nación a la ciudad de Buenos Aires. Ya avisó que primero resolverá la cautelar: si interrumpe el recorte que aplica la Casa Rosada a los recursos que llegaban a la Capital Federal, hasta que defina el tema de fondo.

Se cree que podría haber una definición cerca de septiembre u octubre. En la Corte se analizan números: de cuánto fue el recorte, cuánto fue el aporte adicional que recibió la Ciudad durante el Gobierno de Mauricio Macri por el traspaso policial y cuál es el monto correcto.

En la Ciudad se entusiasman con que les van a dar la razón, aunque no por el total de su reclamo. En la Nación creen que tienen margen para ganar al menos una parte de su reclamo. Los gobernadores peronistas están convencidos de que el máximo tribunal favorecerá a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Un fallo en octubre le permitiría a Rodríguez Larreta una inyección de fondos adicionales para su gestión, de cara a la campaña electoral.

Otro asunto delicado para Juntos por el Cambio es el relacionado con la causa de la quiebra del Correo. Allí, en el expediente comercial el Estado le reclama a los accionistas una supuesta deuda por cánones impagos, cuando el Correo era de Franco Macri.

La fiscal Gabriela Boquín calculó en 70.000 millones de pesos lo que se debe pagar. Los accionistas dijeron que están dispuestos a pagar el 100% de la deuda, que calcularon en 1300 millones de pesos, actualizados a partir de la deuda original de 296 millones de pesos (durante la convertibilidad).

El Gobierno rechazó ese monto, a pesar de que otros acreedores estuvieron de acuerdo, y la justicia comercial dispuso la quiebra del Correo, pero esa medida está suspendida y fue apelada. La Cámara Comercial, antes de revisar esa decisión, dijo que espera que la Corte decida si debe intervenir en el caso el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad o no. El asunto entró en un impasse, sin fecha cierta de resolución. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, ya anticipó que quiere ir por los activos de la familia Macri, pidiendo la extensión de la quiebra a Socma.

La Corte debe resolver este asunto de altísimo impacto sobre cómo deben tramitar los juicios en la justicia nacional. Es decir, si corresponde que en las causas laborales, comerciales, penales o civiles de la justicia nacional, antes de llegar a la Corte, deba intervenir el Superior Tribunales Justicia de la Ciudad como tribunal de revisión.

El asunto implica un reconocimiento implícito de la justicia porteña y -más allá del caso del Correo- afecta a unas 80 causas en la Corte que tienen tramites similares de apelación. Habría una mayoría que se inclina por legitimar la intervención del Superior Tribunal de la ciudad antes de que estos casos lleguen a la Corte.

Otro caso de alto impacto político que tiene en sus manos la Corte es la condena a 13 años de prisión de la dirigente Milagro Sala. La líder de la Tupac Amaru tiene una condena firme por amenazas y ahora la Corte analiza si confirma o no otra condena a 13 años de prisión por ser la jefa de una asociación ilícita y por los delitos de fraude y extorsión. El caso es conocido como “Pibes Villeros” y la dirigente fue condenada en enero del 2019. Sala, detenida en 2016, ya recibió una sentencia adversa por el desvío de cerca de 36 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas entre el 2011 y 2015.

Además, Sala tiene una condena de dos años de prisión por amenazar a policías para que abortaran un procedimiento contra otra dirigente social.

Además, la Corte tiene en carpeta un caso de alto impacto político ligado a Florencia Kirchner. La hija de la vicepresidenta denunció al expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por supuesto abuso de autoridad. Fue luego de que Página 12 publicó que en una reunión del Banco Central se habría mostrado una “diapositiva de Power Point” con la fotografía de la joven y la pregunta “¿y con esta qué hacemos?”.

La Cámara de Casación dejó firme el sobreseimiento por inexistencia de delito de Sturzenegger, pero el caso llegó a la Corte mediante un recurso de queja.

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