En la Legislatura bonaerense no avanzan los proyectos de transparencia ni de reducción de gastos a pesar del caso de los “ñoquis”
Si bien se acumulan iniciativas que proponen difundir y recortar gastos, cambiar la forma de votar de los diputados y hasta pasar a una sola Cámara, algunas son muy recientes y otras no llegaron ni siquiera a comisión
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
La Cámara de Diputados provincial ofreció motivos el año pasado para que afloraran proyectos tendientes a reducir su opacidad, que quedó expuesta en septiembre de 2023 con el caso de las tarjetas de débito del puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau y del radical Hugo Muguerza. Ese hecho se adosó a una lista de malas notas que acumuló la Cámara baja provincial a partir de su muy baja actividad (solo tres sesiones el año pasado) y de la falta de información sobre sus recursos. La serie de pasos oscuros generó que distintos bloques presentaran proyectos para transparentar su funcionamiento, pero ninguno avanzó aún, ya sea porque no llegaron a las comisiones o porque son demasiado recientes.
En octubre del año pasado, un mes después de que se hiciera público el “Caso Chocolate”, se presentó un proyecto para que la Legislatura deje de tener dos cámaras y se convierta en unicameral. Lo firmó el actual senador nacional radical Maximiliano Abad, por entonces presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio. Según pudo saber LA NACION de fuentes de la UCR, el proyecto no llegó a comisiones.
La iniciativa radical propone reducir a 80 el número total de legisladores (actualmente, hay 92 diputados y 46 senadores, un total de 138). Para llevar a cabo la reforma, sería necesaria una reforma parcial de la Constitución provincial, punto que se menciona en el primer artículo de la iniciativa.
El proyecto subraya que solo ocho provincias mantienen la Legislatura bicameral y prevé una renovación total de los legisladores cada cuatro años. Y destaca, también, que la unicameralidad “permite una mayor eficiencia y celeridad”, además de “menor costo operativo”. En 2023, la Legislatura contó con un presupuesto de $62.100 millones.
Entre los diputados ajenos al extinto bloque de Juntos por el Cambio (se dividió en 4 bancadas) no hay expectativas con el proyecto de unicameralidad. “Me parece que el proyecto de los radicales era para salir del paso por el caso Chocolate, había mucha presión para que se dijera algo”, afirmó un legislador liberal. “Eso no va a salir”, sentenció un diputado de Unión por la Patria.
También en octubre, el diputado Nahuel Sotelo Larcher (que preside el bloque a Libertad Avanza) presentó una iniciativa para crear la “Comisión Especial Bicameral de Revisión y Reforma del Régimen Normativo del Personal de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”. En sus fundamentos, este proyecto que no fue tratado todavía, indica que “las contrataciones no cuentan con el más mínimo detalle”.
La iniciativa de Sotelo Larcher resalta que hay que “propiciar una regulación jurídica que impregne reordenamiento y transparencia al deficitario, vetusto y cuasi inexistente marco normativo del personal de la Legislatura bonaerense”.
Hace un año, la Cámara de Diputados provincial dejó de publicar las declaraciones juradas actualizadas de sus integrantes. El mes pasado, la Coalición Cívica (CC) presentó un proyecto para incorporar al reglamento interno un capítulo de “Cámara Abierta”. Impulsado por Maricel Etchecoin, jefa del bloque, establece que se publiquen, entre otros datos, “la nómina de personal de planta permanente, temporal o transitoria y contratados, con especificación de su nombre, fecha de incorporación, duración del contrato (si corresponde), dependencia, despacho o bloque político al que está adscripto”, detalles hoy no disponibles para la consulta pública.
También, la iniciativa de la CC ordena que vuelvan a publicarse las “declaraciones juradas de todos los diputados, secretarios y prosecretarios de la Cámara, directores y subdirectores, y personal que interviene en el manejo de fondos públicos”. La Cámara aún no entró en el período ordinario de sesiones y no tiene sus comisiones conformadas, por lo que este proyecto reciente tampoco registra avances.
“Está la necesidad de establecer cambios en el funcionamiento administrativo. Son decisiones del oficialismo y veo que están trabajando en eso. Nosotros estamos insistiendo en ese sentido y muestran voluntad de hacer cambios”, dijo a LA NACION un diputado provincial de Pro.
La falta de transparencia también se manifiesta en la dinámica de votación en el recinto de la Cámara de Diputados, que es cuestionada y motiva proyectos, como el que tiene como autora a Constanza Moragues Santos (bloque Libertad por Siempre). Presentada el 8 de febrero y con intención de su autora de llevarla a la probable sesión que la Cámara tendría el 20 de febrero, la iniciativa impulsa que se vote nominalmente en las sesiones; es decir, que cada diputado indique su voto a viva voz, en lugar de hacerlo a mano alzada, como es habitual actualmente (para la votación nominal hoy se necesita el respaldo de una quinta parte de los diputados presentes).
“Todo proyecto de ley se vota, tanto en general como en particular, por medios electromecánicos o nominalmente, a fin de permitir registrar la forma en que ha votado cada diputado”, indica el proyecto de Moragues Santos, avalado por sus ocho compañeros de bloque. “En el acta y en el diario de sesiones, se informará el sentido del voto y los diputados presentes, de forma obligatoria en toda votación nominal o por dispositivo electromecánico y, a solicitud de cada diputado, en toda votación por signos [a mano alzada]”, se subraya en la iniciativa.
Moragues dijo a LA NACION que busca “que quede claro el voto de cada diputado y prevenir difamaciones”. Y explicó: “Por ejemplo, a mí y a los diputados que me acompañan nos acusaron de traición por votar positivo el endeudamiento de [Axel] Kicillof, cuando se votó en contra. Ese oscurantismo tiene que terminar”.
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