En la Justicia de Santa Fe se acumulan demandas contra la constitucionalidad de la intervención a Vicentin

ROSARIO.– El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini, tuvo ayer una mañana ajetreada, luego de que a la causa del concurso de Vicentin, la más grande de la historia de Santa Fe, se sumaron otras presentaciones para cuestionar la constitucionalidad del decreto 522/200, que dispuso hace diez días la intervención de la empresa y hoy analiza alternativas a la expropiación.

Los letrados Rodolfo y Horacio Benavides, que integran uno de los estudios jurídicos de mayor trayectoria de Santa Fe, reclamaron en nombre de uno de los acreedores que figuran en el concurso la inconstitucionalidad del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández y pidieron medidas para la conservación de los bienes de la empresa, que –de acuerdo con el concurso– tiene más de 2600 acreedores por un monto que supera los 99.000 millones de pesos.

El DNU que dispone la intervención de Vicentin mereció una crítica unánime de abogados especialistas en empresas: dijeron que se trata de una decisión ilegal e inconstitucional. El Gobierno decretó la intervención como paso previo a elevar al Congreso un proyecto de ley para disponer la expropiación de la firma, que la oposición rechazó ayer.

En el expediente hubo otras cuatro presentaciones que también están relacionadas, según las fuentes judiciales, con el concurso de acreedores y la intervención dispuesta por el Gobierno.

A este reclamo se sumó otro del exdiputado nacional por la UCR Mario Barletta. Seis días después de que el juez Lorenzini rechazara el pedido de inconstitucionalidad de la intervención, el exintendente de Santa Fe y expresidente de la UCR nacional apeló la medida, que el magistrado había considerado "improcedente".

En el juzgado de Reconquista también hizo una presentación el apoderado de Vicentin, Guido Ferullo. Según fuentes de la empresa consultadas por LA NACION, la medida cautelar presentada por el letrado de la firma "está vinculada con el concurso de acreedores" y no tendría que ver con la intervención de la empresa, que se produjo el jueves pasado en Avellaneda.

Los primeros movimientos en la causa, tras el feriado del lunes, estuvieron centrados en la presentación que hizo el subinterventor Luciano Zarich, que fue quien participó de la reunión el jueves pasado en la sede de Avellaneda, cuando se firmó la intervención.

Zarich se presentó formalmente el martes en el juzgado de Lorenzini como delegado de la intervención del gobierno nacional. El juez aceptó esa solicitud, pero no tomó una decisión sobre el fondo de la cuestión, si es o no constitucional la intervención de la empresa. "Solo se otorgó la intervención procesal en el expediente", indicaron a LA NACION fuentes judiciales.

Lorenzini dictó una simple providencia procesal por la que se admite en el proceso al subinterventor designado. Fuentes de la Justicia santafesina recordaron que ello no implica una valoración sobre la legalidad o ilegalidad de su tarea o sobre la constitucionalidad o no de su designación.

"Informo que me hice cargo de las funciones en el DNU, en oportunidad de constituirme en la sede central y asumir las tareas que ya me encuentro ejerciendo de manera pacífica, en un acto que contó con la colaboración de las autoridades de la firma intervenida, todo lo que se constata en el acta notarial", señaló Zarich en el escrito.

En el acta que labró el escribano general de la Nación, Carlos Gaitán, en letra manuscrita, según el expediente, Ferullo es quien expresa "la total disconformidad con el contenido del decreto por ser totalmente ilegítimo, ya que se fundamenta en hechos alejados de la verdad, contraviene los principios republicanos, viola los principios de separación de poderes y avasalla la autonomía del juez del concurso".

Polémica en la Justicia Federal

A la par del concurso de acreedores y la intervención de la agroexportadora, una polémica se desató en la Justicia Federal de Reconquista luego de que el juez federal Aldo Alurralde denunciara en el Consejo de la Magistratura al conjuez Jorge Palud, que instruyó una causa desde 2009 en la que Vicentin ganó una demanda a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). El problema, según Alurralde, fueron los honorarios que fijó el conjuez para los abogados de Vicentin: 15 millones de dólares.

Alurralde confirmó a LA NACION que pidió a la fiscalía federal que investigase si se está cometiendo un delito, al tiempo que hizo una presentación con los antecedentes del caso ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

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