Massa no incluyó fondos que les había prometido a oficialistas y opositores para aprobar el Presupuesto

Para sorpresa de oficialistas y opositores, la ley de presupuesto 2023 que ya comenzó a regir no incluye la mayoría de los refuerzos presupuestarios que el ministro de Economía, Sergio Massa, les había prometido para garantizarse la sanción de la norma en el Congreso. Ello se desprende de la decisión administrativa que dictó el Poder Ejecutivo el lunes pasado, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios entre las distintas jurisdicciones de la administración pública.

Si bien el jefe de Gabinete, Juan Manzur, tiene facultades para recomponer las partidas durante el transcurso del año acorde a lo que se votó en el Congreso, lo cierto es que el Ministerio de Economía decidió que al menos por ahora no aumentará el gasto ni reasignará recursos para cumplir con lo prometido a los legisladores para que voten la ley. Entre esos compromisos figuraban subas de partidas a educación y políticas alimentarias, dos rubros que sufrían fuertes ajustes en el proyecto original de presupuesto y que, por presión de los propios legisladores oficialistas, Massa prometió reforzar en distintos artículos de la norma.

Sin embargo, en la primera distribución de los créditos a las distintas jurisdicciones, muchos de esos refuerzos no figuran: así lo confirma la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en su informe. Esto obligará a gobernadores, intendentes y a los distintos sectores afectados por el recorte a desfilar por el Ministerio de Economía para pedir por los fondos que se les prometió. En un año electoral, Massa hará valer su condición de dueño de la llave de la caja a la hora de hacer concesiones.

Massa sonríe. Cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley de presupuesto 2023 en octubre pasado, el ministro de Economía se vanaglorió de haber obtenido 180 votos positivos, todo un récord si se considera que el oficialismo es allí minoría. No sólo lo apoyó la tropa oficialista, sino también sumó adhesiones de distintos bloques opositores, entre ellos la UCR, Evolución Radical, el interbloque Federal y los tradicionales aliados de Provincias Unidas. La bancada de Pro se abstuvo mientras que la Coalición Cívica, los libertarios y la izquierda votaron en contra.

Para alcanzar semejante caudal de votos en la Cámara baja Massa accedió a que el Congreso incorporara nuevas autorizaciones de gasto en distintos artículos de la ley por un total de $567.700 millones (0,4% del PBI). El Ministerio de Economía se cuidó de no alterar la pauta del gasto total previsto en el proyecto original –clave para cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- pero en la ley permitió que se hicieran las reasignaciones presupuestarias correspondientes para cumplir con los compromisos políticos.

Promesas que deberán esperar

Entre los refuerzos prometidos que por ahora no se ven reflejadas en la ley de presupuesto figuran las siguientes, según el informe de la OPC:

• Bosques nativos: el proyecto original establecía un monto de $8000 millones para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y otro de $500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos. Como esta asignación no cumplía con lo establecido en la ley de Bosques, diputados oficialistas y opositores de distintos bloques presionaron por un refuerzo, que finalmente fue de $1500 millones en total. Sin embargo, esta suba aún no se cristalizó en el presupuesto.
• Fondo de Compensación al Transporte Automotor de Pasajeros del interior del país: este fue uno de los puntos que mayor tensión generó dentro del bloque oficialista. Massa había incluido en el proyecto original una partida $66.000 millones, pero los diputados del interior, tanto del Frente de Todos como de la oposición, alertaron que era insuficiente y que las provincias se verían obligadas a subir todavía más la tarifa del transporte, de por sí más elevadas que las del AMBA. El ministro accedió a elevar la partida a $85.000 millones, pero en la decisión administrativa no se reflejó esa suba ($18.946 millones).
• Asignación a la provincia de La Rioja y sus municipios: en cada ley de presupuesto los gobiernos de turno compensan a La Rioja por el punto de coparticipación que se le adeuda. La asignación original para 2023 era de $25.700 millones, pero los diputados riojanos -sin distinciones partidarias- la consideraron insuficiente y unieron fuerzas por un aumento. Massa les concedió una suba de $21.300 millones, aunque todavía no se materializó.
• Políticas Alimentarias: Massa había concedido una suba de $101.890 millones para calmar los reclamos de los diputados oficialistas -sobre todo el kirchnerismo y aquellos ligados a las organizaciones sociales- que advirtieron que la partida original contenía un fuerte ajuste.
• Asignaciones familiares: ante la presión de oficialistas y opositores, el Ministerio de Economía concedió un aumento de $90.830 millones para este rubro, que ya venía con un fuerte ajuste en términos reales en el presupuesto original. Sin embargo, según la OPC, aun con este fuerzo no alcanzaría para mantener los valores percibidos durante 2022, mostrando éstas una reducción del 18,3% en términos reales.
• Educación: ante la fuerte reducción en términos reales del presupuesto educativo para 2023, diputados oficialistas, Juntos por el Cambio y la izquierda reclamaron subas en las partidas destinadas a las becas para estudiantes y al Fondo de Incentivo Docente (FONID). En el primer caso se acordó un incremento de $59.542 millones y otros $31.175 millones para el FONID. Por ahora no se cristalizaron en el reparto de los créditos presupuestarios.
• Integración socio urbana: Los diputados oficialistas ligados a las organizaciones sociales reclamaron un refuerzo para esta partida, destinada a la urbanización de los barrios populares. Lograron un incremento de $19.700 millones que no se reflejó en la decisión administrativa.
• Políticas alimentarias-comedores escolares provincia de Buenos Aires: $12.969 millones de incremento destinados a la provincia gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof.

Mención aparte merece el artículo 130 de la ley de presupuesto que el oficialismo incluyó en el Congreso para rebatir las críticas de la oposición por el drástico recorte que estaba previsto en las partidas educativas. Dicho artículo dispone que el 1,33% del PBI debe destinarse a este fin: casi dos billones de pesos, según estimó la OPC para este año.

“Los créditos asignados para 2023 para la función Educación y Cultura totalizan $1,754 billón; dado que la ley de presupuesto contempla nuevas autorizaciones de gasto en materia educativa por $95.286 millones, restarían incorporar $108.878 millones a lo largo del ejercicio para alcanzar la meta establecida”, indicó la OPC.

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