En la antesala de las PASO, los Báez suman un nuevo sobreseimiento

Días después de cosechar un fallo favorable en Bahía Blanca, la familia Báez sumó otra buena nueva judicial. Llegó de la provincia de Chaco, donde Leandro Báez logró quitarse de encima una acusación por presunta evasión agravada.

El juez federal con asiento en Resistencia, Ricardo Mianovich, sobreseyó al hijo de Lázaro Báez tras concluir que “no se han logrado arrimar elementos objetivos que permitan confirmar su participación en la hipótesis delictiva”, por lo que descartó su responsabilidad penal.

Mianovich indicó en su resolución que su sobreseimiento “cierra el proceso en forma definitiva e irrevocable” para Leandro Báez, quien figuraba como director suplente en la empresa familiar Austral Construcciones, “tornando innecesaria la continuación del proceso” penal en su contra, salvando su “buen nombre y honor”.

La investigación sigue adelante en Chaco, sin embargo, para Lázaro Báez y otros acusados. Ya se encuentran con sus procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Resistencia y a un paso de encarar un juicio oral por la presunta evasión agravada de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de su constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”.

La investigación que afronta Báez también incluye a varios de sus más estrechos colaboradores. Entre ellos, al entonces presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y a su contador Claudio Bustos, cuya sombra también se cernió en Bahía Blanca, donde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llegó a cerrar su Regional durante la gestión de Ricardo Echegaray para proteger al presunto testaferro de los Kirchner.

Para la familia Báez, sin embargo, la decisión judicial adoptada en Chaco representa un nuevo alivio en menos de una semana, luego de que 1500 kilómetros más al sur, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento de Lázaro y otro de sus hijos, Martín, por el uso intensivo de facturas truchas emitidas por sociedades y empresas de esa ciudad bonaerense para evadir impuestos.

Los camaristas Pablo Candisano Mera y Leandro Picado confirmaron que Austral Construcciones recibió facturas truchas y confirmaron los procesamientos de siete acusados de integrar una asociación ilícita fiscal –los empresarios Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti, y Antonio, Denis y Franco Ferreyra, junto al contador Rogelio Chanquía- pero excluyeron de esa supuesta trama delictiva a los Báez.

Candisano, Mera y Picado fueron más lejos. Criticaron a los varios jueces que instruyeron la causa durante varios años y sostuvieron que el expediente registró una “retroalimentación constante” de la prensa. También rechazaron que Echegaray haya cerrado la regional bahiense para ocultar lo que allí ocurría y, por el contrario, cargaron contra los informes que presentó la AFIP en esa pesquisa, aunque ni las defensas de los acusados los habían objetado.

Efecto dominó

Tanto las investigaciones sobre facturas truchas de Chaco y Bahía Blanca como otra que tramita en el fuero en lo penal económico de la ciudad de Buenos Aires (también por una presunta evasión multimillonaria) son sensibles para los Báez. De ser hallados culpables en cualquiera de las tres causas por evasión, se configuraría el “delito precedente” para la condena por lavado de activos que ya afrontan Lázaro -12 años- y sus hijos Martín -9 años- y Leandro –como partícipe, 5 años-, entre otros.

Ahora, sin embargo, mientras Lázaro y Martín Báez mejoraron su cuadro procesal en Bahía Blanca, Leandro Báez hizo lo propio en Chaco. Con el patrocinio de sus abogados, Roberto Herrera y Mariano di Giuseppe, obtuvo su sobreseimiento definitivo, casi dos años después de que se dictara su primera falta de mérito.

“Desde el dictado de la falta de mérito hasta esta instancia”, indicó el juez Mianovich en su resolución, “y de los resultados de las pruebas recolectadas en autos con posterioridad a aquel interlocutorio, no han surgido un nuevo elemento probatorio que permita atribuir al Sr. Leandro Antonio Báez responsabilidad penal alguna en el delito investigado”.

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