En el Poder Judicial rechazan hacerse cargo del sistema de protección de testigos

La decisión del gobierno de Mauricio Macri de traspasar el Programa de Protección a Testigos e Imputados a la Justicia es resistida por los jueces. Tanto en Comodoro Py como en el Palacio de Justicia ya hubo reuniones para definir cómo responderle al Poder Ejecutivo si el decreto finalmente se firma.

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, es la que deberá hacerse cargo del programa, según el borrador del decreto que llegó a manos de los jueces. "No fuimos consultados. Solo informados informalmente por el ministro y no tenemos capacidad para hacernos cargo de esto", dijo a LA NACION una alta fuente de la Casación.

En la Cámara relataban que el Gobierno les avisó de la idea la semana pasada, horas antes de la nota de LA NACION que hizo público que el plan ya estaba en marcha. Al principio no todos estaban tan en desacuerdo. Ayer la idea que se imponía en todas las conversaciones era que el plan del Ejecutivo es un problema.

Por ejemplo, en la reunión de Superintendencia que se celebró en la Casación. Participaron el presidente del cuerpo, Carlos Mahiques, y los titulares de las diferentes salas que integran el tribunal. Si el decreto efectivamente se publica, seguramente la Casación se reunirá en un plenario extraordinario para decidir qué hacer. Una opción -la más extrema- es rechazar el traspaso. Otra, pedirle intervención a la Corte Suprema. En el alto tribunal ya manifestaron su resistencia a que se ejecute el plan del Gobierno.

De fondo, está la mala relación de la mayoría de la Corte con el Gobierno. "De ninguna manera vamos a aceptar esto", dijeron a LA NACION en la vocalía de uno de los ministros. "Seguramente se los vamos a devolver." Fuentes de la Corte informaron que la Casa Rosada le había hecho saber la idea al presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que funciona como el canal de diálogo con el Ejecutivo. Rosenkrantz se lo trasladó a sus colegas. Lo hablaron en su reunión de acuerdos y rechazaron el plan. Incluso cuando la decisión sea no ponerlo en cabeza de la Corte, sino de la Casación. "La Superintendencia es nuestra. La Casación no tiene autonomía en un tema así", advirtieron en el Palacio de Justicia. "Es una decisión del Gobierno. No se consensuó ni se discutió", dijo un funcionario de Macri a LA NACION. "Los jueces decidirán qué hacen." Los argumentos de los magistrados para resistir el traspaso son diversos. El primero es "un problema funcional y operativo". Los magistrados dicen que no tienen capacidad para absorber semejante programa y que les llevaría mucho tiempo de organización hacerse cargo (el borrador del decreto al que accedieron los jueces no contempla esa transición, sostienen). También advierten que las fuerzas de seguridad dependen del Poder Ejecutivo y que eso haría que los jueces se quedaran con un control a medias. Con la responsabilidad, pero sin el poder sobre las fuerzas que deberán garantizar la protección. El proyecto prevé la creación de una nueva estructura con unos 50 cargos y la designación por parte de la Casación de un director. Aun así, los camaristas no apoyan el plan. Además, los jueces dicen que ellos deben valorar los dichos de esos testigos e imputados y que no es conveniente que además los tengan bajo su tutela.

En la Corte advertían ayer, además, que toda esta discusión podría volverse abstracta en menos de un mes, cuando Alberto Fernández sea el nuevo presidente, ya que con otro decreto, podría dar marcha atrás con la medida.

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