En el Gobierno admiten que la gestión de Fernández terminará sin cambios en la Corte y en la Procuración

Aunque resta más de un año de gestión y la Justicia continúa en el podio de preocupaciones del kirchnerismo, en el Gobierno dan por sentado que la gestión de Alberto Fernández terminará sin poder nombrar un nuevo miembro de la Corte Suprema ni un Procurador General. A poco más de un año de la renuncia de Elena Highton de Nolasco al máximo tribunal, el Presidente ya sabe que no propondrá a nadie para el cargo. “No lo va a hacer porque no están los votos y no va a exponer a nadie a eso”, confían cerca suyo. Fernández evita repetir así lo que sucedió con el juez federal Daniel Rafecas, cuyo pliego para el cargo de procurador fue enviado en 2020, no tuvo definiciones y el mandatario no piensa retirar. “Es la persona que eligió y eso no va a variar pase lo que pase en el Congreso”, aseguran.

No son las únicas definiciones que admiten, no sin cierta resignación, en Casa Rosada. Fernández está convencido que “la Justicia y la Corte están funcionando horrible”, según cuenta en la intimidad, pero aún así considera que “no está bien lo que sacó el Senado”. Así se refieren al proyecto de ley que la Cámara alta aprobó en septiembre, por 36 a 33 votos, para ampliar de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema y que establece una representación de, al menos, ocho integrantes del mismo sexo.

Lo que finalmente se votó en la Cámara Alta fue diferente al proyecto que había avalado Fernández. La iniciativa original buscaba ampliar la Corte a 25 miembros, pero eso complicaba la posibilidad incluso de obtener la media sanción en Senado, por lo que el oficialismo cedió a las presiones internas. Terminó así modificando la redacción del texto acotando a 15 integrantes la composición del máximo tribunal de Justicia, que hoy tienen cinco plazas pero funciona con cuatro miembros desde la salida de Highton.

La búsqueda de cambios en la Corte, que se transformó en una de las obsesiones del kirchnerismo, en especial por el escenario judicial que atraviesa Cristina Kirchner, deja al descubierto las propias contradicciones del área dura del Gobierno. Fue precisamente durante la primera gestión del kirchnerismo que se impulsó que el máximo tribunal pasara de 9 a 5 miembros.

Fernández, que suele recordar que es hijo de un juez y “conoce desde chico” el funcionamiento del Poder Judicial, insiste que nunca vio la Justicia “tan degradada como ahora” y se resigna por los cambios que no se pudieron hacer. Al tiempo que se muestra orgulloso al afirmar a quienes lo escuchan: “Saqué a la AFI de la justicia”. Así alude a la siempre promiscua relación entre los servicios de inteligencia y la Justicia, con operadores en los despachos más calientes de tribunales. Una práctica que el kirchnerismo instrumentó durante sus gestiones y luego repudió en tiempos del macrismo.

La Justicia fue y es uno de los blancos predilectos del oficialismo en general y del ala dura en particular. La obsesión por ella llegó a un punto tal que incluso durante 2020, mientras el país atravesaba la cuarentena y la emergencia sanitaria estaba instalada, el kirchnerismo presionó para avanzar con el proyecto de reforma judicial. En julio de ese año, en la Casa Rosada, Fernández presentó la iniciativa junto a una comisión de especialistas que asesoraron sobre los cambios que debían introducirse.

En el Congreso, el proyecto de ley solo obtuvo media sanción en el Senado y naufragó en Diputados. Las recomendaciones de los juristas, de momento, no lograron concretarse.

Al interior del oficialismo todavía continúan los pases de facturas por el rol del kirchnerismo, principal impulsor de los cambios, a la hora de negociar los votos y lograr consensos para conseguir la aprobación de los proyectos. Además, hay quienes todavía recuerdan la insistencia con la que el kirchnerismo insistió a Fernández por la cabeza de la primera ministra de Justicia, Marcela Losardo, amiga personal y exsocia del mandatario, cuya remoción por Martín Soria no se tradujo en cambios significativos en el área, que quedó íntegramente bajo la órbita del kirchnerismo.

Tampoco hubo avances para definir un titular del Ministerio Público Fiscal, pese a que el kirchnerismo también colocó al procurador interino, Eduardo Casal, a la cabeza de sus enemigos declarados. Pese a ello, la tropa de Cristina Kirchner nunca activó la discusión del pliego de Rafecas, a quien el Presidente propuso en diciembre de 2019 y cuyo pliego ingresó al Senado en marzo de 2020. “No va a cambiar de nombre o retirar su pliego”, juran cerca de Fernández.

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