En dos meses hubo 315 intentos de toma en el conurbano y se acelera la dinámica
Son datos del Ministerio de Seguridad, donde admiten que el fenómeno escaló con fuerza; lo atribuyen a la crisis, a la pandemia y al efecto imitación; el problema estadístico
LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.- En los últimos dos meses -julio y agosto- hubo 315 intentos de usurpación en la provincia de Buenos Aires. En este plazo 258 personas fueron presas. En todo el año actual se desalojaron 868 tomas. Unas 524 personas fueron detenidas por la tentativa de este delito.
Emerge detrás de los números una dinámica que parece haberse espiralizado a partir de la crisis económica, la pandemia y un efecto imitación que acelera el proceso.
Los números del Ministerio de Seguridad -que impone, hasta ahora, mayor protagonismo que la cartera de Justicia o Infraestructura ante este fenómeno- tienen distinto correlato político.
Las cifras oficiales merecen una interpretación distinta, en el gobierno provincial o los gobiernos municipales, a la hora de calibrar el fenómeno.
"No se puede gestionar en medio del caos. Hay que cortar de raíz las usurpaciones", dijeron los intendentes del gran Buenos Aires. Fueron claros a la hora de alzar la voz, ante Axel Kicillof, en la Casa de Gobierno, la semana que pasó.
El gobernador oyó el reclamo que llevaron los alcaldes peronistas, que en los últimos meses vieron proliferar las tomas de tierras en sus distritos.
"Los intendentes ven que si no tienen una postura firme esto se puede desmadrar", admitieron algunos alcaldes que participaron de ese encuentro a puertas cerradas y en off the record.
"No se pueden avalar las tomas de terrenos", dijeron casi a coro Blanca Cantero, de presidente Perón; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, y Andrés Watson, de Florencio Varela, tras esa visita.
Watson, por ejemplo, relató esta semana en declaraciones radiales: "En los últimos diez días se incrementó la cantidad de intentos de tomas y también el nivel de organización que se percibe". La sospecha recae sobre grupos delictivos, que articulan con actores territoriales para aprovecharse de la necesidad urbana de la gente.
Pese a estas advertencias, Kicillof cree que las tomas no son un fenómeno nuevo, producto de la cuarentena: "En el conurbano, como viene sucediendo en los últimos años, pero con menor grado de intensidad se han producido tomas de tierras y usurpaciones ilegales" dijo, en un comunicado oficial, tras condenar las "intrusiones ilegales" y calificarlas de "injustas".
El gobernador no facilitó estadísticas para fundamentar su apreciación y tampoco hay un mapa activo. Berni, en cambio, es el único que aporta cifras parciales de estos delitos, crecientes, según la mirada territorial de los alcaldes peronistas, porque el Ministerio de Seguridad es el que recibe las denuncias.
Las cifras varían. En julio Berni informó a LA NACION sobre cinco intentos de toma por semana. O 140 tentativas en el primer semestre del año. De pronto, esas cifras parecieran acelerarse. Pero no hay números desglosados por mes ni por distrito. No hay documentos difundidos al público.
La Procuración no lleva una cuenta en tiempo real, según informó Julio Conte Grand.
El Ministerio de Seguridad sostiene que las tomas judicializadas son, a la fecha 71.
Los intentos de la policía para desalojar a los usurpadores durante la comisión del delito, muchas veces fueron vanos: son centenares las personas que intentan varias veces, hasta quedarse, se quejan los alcaldes.
Hay tomas de propiedades tan grandes que son equiparables a todo un distrito: el barrio de viviendas Acumar, en González Catan tiene una extensión de 43 kilómetros cuadrados. Una superficie mayor que todo el municipio de Hurlingham o que Ituzaingó.
Es quizás la ocupación más grande. Pero no es la única en La Matanza, donde hay otras cuatro usurpaciones activas: la más riesgosa quizá es la que está pegada a la Unidad Penitenciaria 43, de González Catán.
Hay otra en San Justo, en el predio entre las calles Peribebuy y Figueroa Alcorta. Una cuarta pegada a la Cooperativa El Palmar, de Gregorio Laferrere. Más una zona de la reserva natural de Ciudad Evita.
Hay distritos, con menos tomas como Presidente Perón. Pero allí, en Guernica se instalaron en el último mes unas 700 personas que no pudieron ser desalojadas por la policía, según relató a LA NACION la intendenta Blanca Cantero.
Esta jefa comunal pidió ayuda a sus compañeros peronistas de la tercera sección electoral para visibilizar el fenómeno. Ella dijo a LA NACION: "No se puede gestionar en medio del caos". Tres alcaldes que hablaron en off the record coincidieron en este diagnóstico que llevaron al gobernador. La conjunción de actores territoriales, aprovechadores y a veces también el apoyo de algunos movimientos sociales.
Algunos intendentes opositores, como Julio Garro (La Plata), evidenciaban enojo la semana que pasó: es el distrito que tiene más microtomas de toda la provincia -con 22 asentamientos censados-, pero no fue invitado a la Casa de Gobierno.
El viernes último hubo dos nuevos intentos de tomas en este distrito: uno en 143 entre 79 y 76. El otro en el barrio Savoia, de City Bell. En los dos intervino la policía para evitar las usurpaciones.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, mantiene silencio. La omisión ante la proliferación de tomas y el riesgo de desbande, es al parecer, parte del juego político.
Ante este escenario -donde el protagonismo lo lleva Berni con la consigna tolerancia cero al delito- los movimientos sociales están alertas ante un posible endurecimiento de represiones: "La crisis habitacional empuja a muchas familias a ocupar tierras para intentar mejorar su situación -advirtió el diputado de la Corriente Clasista y Combativa Juan Carlos Alderete-. La represión solo agrava el problema ministro Sergio Berni", advirtió.
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