En Diputados, el oficialismo no tiene garantizado el apoyo de aliados claves para la reforma judicial y de la Corte

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, debería prestar buena atención al acta que refleja el voto de cada uno de los diputados al proyecto de ley de moratoria, aprobada ayer. El artículo más polémico de la iniciativa, aquél que beneficia al empresario kirchnerista Cristóbal López, obtuvo 130 votos positivos, un número suficiente para aprobarlo pero demasiado justo con vistas a los dos debates que se vienen, más complejos por cierto: la reforma de la Justicia y de la Corte Suprema.

La votación del artículo "Cristóbal López" revela que la legión de aliados que le presta sus votos a un oficialismo en minoría es inestable e impredecible. Massa lo sabe y no por nada fatigó su teléfono durante aquella sesión trasnochada para asegurarse los votos. De Juntos por el Cambio no puede esperar nada, al contrario: el principal bloque opositor no sólo rechaza ambas reformas, sino que amenaza con no prorrogar las sesiones remotas en la Cámara. "De ninguna manera vamos a debatir la reforma judicial y una eventual ampliación de la Corte de manera virtual", advirtió un encumbrado diputado de ese bloque. El protocolo que habilita esta dinámica de sesiones vencerá la semana próxima. Luz de alerta para Massa.

El presidente de la Cámara baja tendrá que desplegar algo más que una buena cintura política para asegurarse los 11 aliados que necesita para alcanzar el quorum en el recinto y aprobar ambas reformas. El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que preside el mendocino José Ramón, afín al oficialismo, demostró en la última sesión que su fidelidad es lábil. De los ocho miembros que la integran, dos votaron en contra del "artículo Cristóbal López", la tucumana Beatriz Ávila y Antonio Carambia, exaliados de Cambiemos. No lo hicieron por una cuestión de principios; cuentan, por caso, que José María, hermano del diputado Carambia e intendente de la localidad chubutense de Las Heras, está algo molesto por la poca generosidad demostrada por la Casa Rosada con él en el reparto de recursos. La ingratitud a veces se cobra a la hora de votar.

Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, sabe que no podrá permitirse estos cabos sueltos cuando las votaciones se anticipan reñidas. En la última sesión tuvo el apoyo de los cuatro diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti; son votos claves, y hasta ahora no le fallaron: siempre dieron quórum. Incluso uno de ellos, Carlos Gutiérrez, participó de manera virtual del acto de presentación de la reforma judicial que protagonizó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Son gestos de reciprocidad: sólo en este primer semestre la Nación le giró a Córdoba unos $90.000 millones en transferencias no automáticas.

Sin embargo, las lealtades tienen sus límites: Córdoba, provincia antikirchnerista por antonomasia, fue uno de los epicentros de las protestas contra la intención del Gobierno de expropiar y estatizar la empresa Vicentin; ante la presión de su electorado, los cuatro diputados cordobeses no tuvieron otra alternativa que expresarse en contra de la avanzada kirchnerista. Massa tomó nota y aconsejó a la Casa Rosada archivar sus veleidades expropiadoras. Frente a la posibilidad de que Cristina Kirchner impulse una ampliación de la Corte Suprema con jueces afines, ¿cómo reaccionarán estos mismos diputados cordobeses si su electorado presiona en contra? El interrogante está abierto.

Las alianzas se muestran a veces demasiado volátiles. De ello puede dar fe el oficialismo cada vez que busca el apoyo del interbloque Federal, una cantera de 11 votos que podrían asegurarle el mágico número del quórum. Si algo no impera en ese interbloque es la unidad de criterio. Pruebas a la vista: como sus compañeros cordobeses, Eduardo "Bali" Bucca también votó a favor del "artículo Cristóbal López" y estuvo en el acto de presentación de la reforma judicial. Pero Luis Contigiani (Frente Progresista) y Enrique Estévez (Socialista), si bien participaron virtualmente del acto en la Casa Rosada, votaron en contra del artículo de la moratoria que beneficia a López.

Enigmas y certezas

El lavagnismo constituye también un enigma para el Gobierno. Los consideraba aliados; de hecho, el exministro Roberto Lavagna mantiene diálogo frecuente con el presidente Fernández. Pero los diputados Graciela Camaño y Jorge Sarghini fueron punta de lanza del rechazo al artículo de la moratoria permite que las empresas quebradas se beneficien del perdón fiscal. Los sorprendió su compañero de bloque Alejandro "Topo" Rodríguez, muy cercano a Lavagna: en la votación se abstuvo.

En el Gobierno hay quienes se ilusionan con que este bloque incline la balanza a su favor en el debate sobre la reforma judicial y de la Corte Suprema. Camaño, de hecho, fue quien le dio el voto clave al oficialismo en el Consejo de la Magistratura el jueves pasado para que revise el traslado de diez jueces, entre los que figuran tres que investigan directamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Pero no todo parece ser tan lineal. Camaño ya deslizó su desacuerdo con uno de los puntos cruciales del proyecto de reforma judicial, aquél que establece que los 23 nuevos juzgados por crearse serán cubiertos por jueces subrogantes durante al menos un año. Estos "jueces suplentes" provendrán de una lista que elaborará la Cámara Nacional de Casación, la cual deberá pasar luego por el tamiz de los dos tercios del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo antes de desembarcar en el Senado.

"Ese no es el mecanismo que establece la ley de subrogancias que está vigente como tampoco respeta la acordada 4 que la Corte Suprema dictó en 2018", advirtió la diputada.

Su colega Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio, coincide. "La ley de subrogancias en su artículo 14 es clarísima: será nula, de nulidad absoluta, la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares designados conforme al procedimiento constitucional ordinario", recita.

Para el principal bloque opositor la reforma judicial así planteada merece el rechazo liso y llano. Pese a las diferencias internas, por ahora hay unidad de criterio. "Debemos dar debates profundos y prioritarios; con la enorme crisis que estamos atravesando, la reforma judicial no entra dentro de esas prioridades", enfatizó Sebastián García De Luca, referente de Emilio Monzó, promotor del "ala moderada" del espacio.

Más duro, el radical Luis Petri calificó de "inconstitucional" la iniciativa del Gobierno. "Confirma que busca someter y controlar a la Justicia. El huevo de la serpiente está en la designación de jueces subrogantes", advirtió, convencido de que con el atajo de los subrogantes el oficialismo pretende colonizar con jueces afines los juzgados por crearse.

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