En crisis por la caída de su conducción, la UIF queda bajo la sombra de la “lista gris” del GAFI

Con su conducción descabezada políticamente tras las renuncias de su presidente Carlos Cruz y de la vice Mariana Quevedo, la Unidad de Información Financiera (UIF) afronta una crisis que se podría profundizar con una próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la efectividad del régimen argentino contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, puesto que el país podría entrar una vez más a la lista gris que incluye a jurisdicciones “bajo monitoreo intensificado”.

La Argentina estuvo en esa lista entre 2009 y 2014, mientras la UIF era presidida por José Sbatella. Según pudo saber LA NACION, la evaluación del GAFI debió haber ocurrido el año pasado pero fue pospuesta por la pandemia para este año, aunque todavía no comenzó y en el organismo indican que posiblemente se realizará el próximo año. Antes, deberán asumir las nuevas autoridades y el Gobierno postula a un abogado cercano a Máximo Kirchner.

Los titulares del organismo renunciaron tras denuncias de desmantelamiento y acusaciones por su desempeño como litigantes en varios expedientes judiciales. Sin embargo, Cruz seguirá en su cargo hasta que asuma como presidente de la unidad antilavado Juan Carlos Otero, el abogado postulado por el Gobierno.

El Ministerio de Economía ya convocó a una audiencia pública abocada a este tema para el 30 de noviembre, en la que se podrán exponer las adhesiones o las impugnaciones a los dos candidatos postulados. Por ahora solo se conoce el nombre de Otero, que es vocal en el Consejo Asesor de la UIF en representación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y está especializado en Derecho Financiero Internacional y en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Todavía no se conoce a quién nominará el Gobierno como su vice, aunque se espera que la postulación se presente esta semana, dijeron fuentes del organismo a LA NACION.

Las designaciones de Cruz y de la vice de la UIF Mariana Quevedo habían sido objetadas a fines de 2019 por la Coalición Cívica por “falta de idoneidad” e “inhabilidad moral”. En más de una oportunidad durante los dos años de gobierno del Frente de Todos algunos movimientos de la UIF fueron cuestionados tanto por la oposición como incluso desde las filas partidarias del Frente de Todos.

Como querellante en expedientes por corrupción la UIF no apeló la decisión judicial que le concedió la prisión domiciliaria a Amado Boudou, así como tampoco el archivo de una causa por lavado de dinero contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y decenas de empresarios involucrados en el caso de los cuadernos.

La línea promovida hacia dentro de la UIF fue profundizar las investigaciones por evasión impositiva de grandes empresas. En más de una oportunidad Carlos Cruz resaltó que el organismo no perseguía a nadie y criticó a la gestión anterior de Mariano Federici (que entonces asumió como titular del Grupo Egmont) y María Eugenia Talerico por practicar persecuciones políticas, según sus palabras.

Sin embargo, el accionar de la actual gestión de la UIF también fue cuestionado por algunos funcionarios del oficialismo, especialmente cuando el área de litigios penales del organismo no apeló a tiempo los sobreseimientos de los directivos de la empresa Techint en el caso de los cuadernos. “Eso fue un detonante”, dijo una fuente del organismo a este medio, aunque en la Casa Rosada afirmaron que “no tuvo que ver”.

Cuando se conoció la dimisión de Cruz y Quevedo, el expresidente del organismo Mariano Federic, cuestionó entre otras cosas que, bajo la gestión de Cruz, la UIF no dio a conocer el informe técnico de gestión correspondiente al año 2020, una obligación que impone la ley 25.526.

Al respecto, desde la UIF dijeron que el informe se hizo llegar de manera física a las autoridades correspondientes, y que es “prácticamente un libro”. Un grupo de diputados de la Coalición Cívica sostuvo no obstante que la UIF no cumplió con hacer llegar ese informe y le dirigió una nota a Cruz reclamándole el material.

“Dirigirse al Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) a fin de que dé cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 15 de la Ley 25.246 y envíe la rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación”, solicitaron a Cruz los diputados Juan Manuel López, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Héctor “Toty” Flores.

En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijeron que el informe fue recibido recientemente -Massa se reunió con Carlos Cruz y con personal técnico de la UIF- y que se conformó una comisión para actualizar las normas argentinas a los procedimientos del GAFI.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es la organización intergubernamental encargada de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir el Lavado de activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).

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