Reforma judicial: el oficialismo aprobó en el Senado la creación de 1739 nuevos cargos, con un costo de $10.000 millones

El proyecto de reforma de la justicia federal que aprobó anoche el Senado prevé la creación de, al menos, 1739 nuevos cargos, incluidos jueces, camaristas, fiscales, secretarios y empleados, y demandará una partida presupuestaria de unos $10.000 millones, según calculan en la oposición.

Este número considera una proyección de todas las estructuras de empleados necesarias, pero si solo se tienen en cuenta los cargos del proyecto creados, sin su estructura, éstos ascienden a 370 nuevos cargos de magistrados (jueces fiscales y defensores) y 418 de funcionarios y empleados.

Al proyecto que presentó Alberto Fernández en la Casa Rosada se le agregaron juzgados y tribunales cuando se aprobó el dictamen de comisión en el Senado; y anoche, en el recinto, se sumaron nuevas cámaras y juzgados en la votación. Así, en 15 minutos se llegaron a crear 361 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, según leyó la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun en el cierre de la sesión.

Los cargos de la justicia federal de Comodoro Py quedaron según el proyecto original: 46 nuevos juzgados federales, 23 de los cuales surgen de la unificación de los juzgados federales actuales con los juzgados en lo penal económico.

En cambio, en el interior hubo un festival de constitución de nuevas cámaras federales y juzgados, para asegurarse que los gobernadores pudieran incidir en la votación del proyecto en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno no reúne los votos para aprobar la reforma.

El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo tenía prevista la creación de 94 juzgados federales de primera instancia en las provincias. El dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado propuso 63 nuevos juzgados, pero en el texto sancionado anteanoche en el Senado ese número ascendió a 73 juzgados federales de primera instancia en las provincias, con un aumento de las fiscalías y las defensorías, según un estudio comparativo que realizó el camarista Mariano Borinsky con fines académicos.

Se crearon 73 juzgados federales en el interior y en el conurbano, en Tigre, Pilar, Tapiales, Reconquista en Santa Fe, Goya y Corrientes.

Además, se sumaron al dictamen de comisión 12 nuevos cargos de jueces de Cámara, con lo que serán 13 las nuevas salas que funcionarán en cámaras federales, en prácticamente todas las provincias y, en algunos casos, con más de una cámara.

Esto implica la creación de 65 nuevos cargos de magistrados de cámara (jueces, fiscales y defensores), más 156 nuevos cargos de funcionarios y otros 169 puestos de empleados.

Se crean en el proyecto que debatirán ahora en Diputados dos tribunales orales federales nuevos, con fiscalías y defensorías con asiento en las provincias. Esto implica la creación de 10 nuevos cargos de magistrados de cámara (jueces, fiscales y defensores), más 12 nuevos cargos de funcionarios, más 42 nuevos cargos de empleados. Se crean 218 nuevos cargos de magistrados de primera instancia en las provincias: 73 jueces (63 + 10 añadidos en el recinto); 92 fiscales (78 + 14); 53 defensores (43 + 10 nuevos en el recinto).

Todas estas creaciones están determinadas por conveniencias políticas a la hora de buscar voluntades para aprobar la ley en la Cámara baja y no se corresponden con ningún estudio estadístico de la cantidad de delitos federales cometidos y juzgados en cada jurisdicción.

Al proyecto que salió del debate en comisión se sumaron nuevas salas en las Cámaras de General Roca, La Rioja, La Pampa, La Matanza y Paso de los Libres, Corrientes.

En el interior son 293 nuevos cargos de magistrados y 1226 funcionarios y empleados.

El presupuesto

El costo inicial de la reforma estimado por la oposición es de unos $10.000 millones, lo cual casi duplica el costo proyectado inicialmente en el proyecto votado por mayoría en comisión del Senado y más que triplica el proyecto original enviado por Fernández a la Cámara alta. En estas estimaciones no se computan los gastos operativos (luz, agua, instrumentos de trabajo, tecnología) y los contratos adicionales,

Colado entre las reformas se hicieron dos modificaciones; se dejan de mencionar los "poderes mediáticos" como mecanismo de presión sobre los jueces y se lo reemplaza por la obligación de los magistrados de denunciar ante el Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia indebida por parte de "personas o grupos de poder".

Y, además, suma una nueva regla. Dice que se deberá garantizar que los juicios orales por casos de lesa humanidad deben tener prioridad y que, al menos, deben sucederse con tres audiencia semanales para asegurar que el veredicto se dicte en el menor tiempo posible.

Nada de lo que ocurre con los casos de corrupción, donde por ejemplo Cristina Kirchner está siendo juzgada por zoom, con audiencias que se sucedieron el año pasado una vez a la semana y este año dos veces a la semana, tras la obligada interrupción que impuso el coronavirus.

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