Empresas piqueteras fantasma: un departamento inexistente, la sede del Partido Obrero y un PH del hijo del dirigente Marcelo Ramal

Alrededor del Polo Obrero orbitan una serie de empresas con las que la Justicia sospecha que se derivaron subsidios del Estado para fines privados, entre los que estaría el financiamiento partidario. El mecanismo trazado hasta el momento por la investigación implica cooperativas, con las que se recibían los fondos públicos para, supuestamente funcionar como unidades de gestión de los planes potenciar trabajo y, del otro lado, empresas de papel con las que presuntamente se rendían gastos inexistentes.

El juez Sebastián Casanello hizo foco en dos empresas, por ahora. Son las que lograron comprobar que tenían facturas truchas. LA NACION fue a los domicilios registrados para estas dos firmas y encontró múltiples irregularidades y vínculos con el Partido Obrero. Se trata de las empresas que hicieron las facturas para justificar entre el 22% y 23% del dinero que recibieron del entonces Ministerio de Desarrollo Social.

Una de ellas es Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, una presunta imprenta fundada por Christian Rath y Roberto Albornoz, ambos aportantes a las campañas de la izquierda. El primero es un conocido militante del movimiento obrero y auspiciante en internet de Prensa Obrera, el periódico del Partido Obrero. El segundo, un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación. La empresa es, además, la que el Frente de Izquierda contrató para imprimir sus boletas partidarias para distintas elecciones, según información de la Cámara Nacional Electoral.

El domicilio fiscal que reportaron a la AFIP fue Bartolomé Mitre 2162, un viejo edificio de tres pisos en el barrio de Balvanera. De acuerdo con documentación oficial, la dirección está registrada oficialmente como la sede oficial del Partido Obrero. En la entrada hay solo un timbre y, del otro lado, la voz de una mujer que aseguró, ante la consulta de LA NACION: “Acá no hay ni hubo ninguna empresa”. Tampoco reconoció los nombres de sus fundadores, Rath y Albornoz, pero sí admitió que allí funciona el partido.

La empresa tiene reportados dos empleados, aunque no tiene en regla las contribuciones patronales, los aportes a la obra social y a la seguridad social desde por lo menos mayo del año pasado. Sigue, sin embargo, emitiendo cheques, habiendo sido el último realizado el 8 de mayo de este año. Entre julio del 2022 y la fecha, totalizan $34.999.998, reportados tan solo por dos clientes y el Banco Central.

La otra dirección para esta empresa, la comercial, se ubica en Almagro. En Palestina 542 hay dos PH pintados de verde, las persianas cerradas y nadie para atender la puerta. La policía, al allanar este domicilio, encontró una “vivienda normal” donde reside una pareja. Para la Justicia es imposible que allí haya funcionado una imprenta. Ante la presencia de LA NACION nadie se acercó a hablar, pero cuando las autoridades estuvieron allí, se hizo presente Fernando Ramal, hijo del legislador porteño y exprecandidato a presidente por el Frente de Izquierda, Marcelo Ramal. Dijo ser el hijo de la dueña.

La otra empresa observada por la Justicia en esta instancia es Coxtex SA, sociedad que parecería ser una caja vacía. Está situada en Av. Montes de Oca 242, cerca de Parque Lezama, en un enorme edificio de viviendas. De acuerdo con la información de AFIP, el departamento debería ser el 52, pero el tablero de timbres solo llegaba al 46. Dos vecinos confirmaron que nunca existió una unidad funcional con ese número y que allí nunca funcionó una empresa, sino que eran todos vecinos residenciales.

Coxtex, según los papeles, fue fundada por Luis Alexander Pichuaga (canadiense) y María Soledad Vega, quienes no conocerían su participación en la sociedad y serían personas de bajos recursos. El primero fue allanado en una habitación en la que residía toda su familia y desconoció su empresa. Esta había sido observada múltiples veces por AFIP y reportada como sociedad emisora de facturas apócrifas el 20 de noviembre de 2020, tan solo un mes después de ser creada.

A menos de 10 metros del edificio, una presencia sorpresiva: Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita, exsecretario de Economía Social y quien firmaba las resoluciones para los subsidios que recibían las entidades siendo investigadas, cruzaba la avenida. La coincidencia y su cercanía a la sede de la empresa resultó llamativa. Pérsico explicó que cruzó sin querer, pensando que su auto estaba allí, al salir del bar de Fernando “Chino” Navarro. Efectivamente, en la esquina opuesta al edificio, hay una sucursal de Le Blé.

Los documentos de Capital Humano a los que accedió este medio dan cuenta de que ambas empresas facturaban por “materiales, insumos, e indumentaria” y “maquinarias, herramientas y equipamiento”. De los $360 millones en subsidios a las dos cooperativas que están siendo investigadas (unos US$1.650.000 a tipo de cambio informal), se rindieron $113 millones a las autoridades del Ejecutivo. De estas, más de un quinto eran en concepto de servicios de estas empresas, que no son las únicas en la mira de la Justicia, que busca corroborar otras facturas presuntamente apócrifas y sociedades aparentemente fantasmas.

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