Empezó un año clave para Cristina Kirchner en la Justicia: se define si confirman su condena y avanza la organización de los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Pacto con Irán
La exvicepresidenta no irá presa mientras siga teniendo recursos ante la Corte; avanza el proceso contra Sabag Montiel y Brenga Uliarte por el atentado
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LA NACIONHernán Cappiello
El escenario judicial de Cristina Kirchner en 2024 aparece agitado. Por un lado, cabe la posibilidad de que en el primer semestre del año la Cámara de Casación confirme -o peor aún, agrave- la condena a seis años de prisión que pesa sobre la exvicepresidenta por corrupción y, por otro lado, avanza la organización de los dos juicios orales que debe enfrentar: uno por Hotesur y Los Sauces y otro por la firma del Memorándum con Irán.
A diferencia de lo ocurrido durante el macrismo, es sintomático el retiro del gobierno de Javier Milei en el impulso de estos casos de corrupción, ya que entiende que no corresponde a la Oficina Anticorrupción ni a la Unidad de Información Financiera (UIF) ser querellantes en estos casos. Los juicios solo son tarea de los fiscales y los jueces.
Este es el panorama a corto plazo, y más a largo plazo, le resta a la exvicepresidenta enfrentar el juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, donde está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita donde funcionarios cobraban sobornos a empresarios para mantener sus contratos con el Estado. Según pruebas de la causa, parte de ese dinero fue llevado al departamento de Cristina Kirchner.
Esto en cuanto a Cristina Kirchner como imputada, pero también avanzó hasta el juicio oral la causa que investiga el atentado contra la exvicepresidenta, que fue víctima de una tentativa de asesinato. Están presos por ello Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. La fiscal es Gabriela Baigún y el tribunal no tiene jueces. Está vacante desde 2020. Actualmente actúan como jueces suplentes allí Sabrina Namer e Ignacio Fornari. Fue sorteado para completarlo Adrián Grünberg. El juicio no tiene fecha, pero con tres detenidos, se hará cuanto antes. La exvicepresidenta no está conforme con la investigación y cree que hay más personas involucradas en la tentativa de homicidio.
La condena
A pesar de que Cristina Kirchner está condena a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia. Solo si la Corte rechaza todos los recursos de la defensa y deja firme el fallo, la exvicepresidenta podría ser detenida. Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede pedir cumplir su pena en su casa.
En la Cámara de Casación Penal ya comenzaron los trámites para revisar la condena, que incluye una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Es por el delito de fraude contra la administración pública a raíz del direccionamiento de las licitaciones de obras pública de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.
Quienes deben revisar ese fallo son los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que ya realizaron a mediados de diciembre pasado una audiencia de organización de las próximas reuniones en las que el fiscal Mario Villar y los abogados defensores de los acusados argumentarán en favor y en contra del fallo.
Estuvo ausente la UIF, que es la única querellante que permanece en la causa. El nuevo Gobierno ya decidió que la UIF no iba a ser querellante en causas penales, por lo que debería retirarse si se sigue con esa política. Los letrados de la UIF del gobierno anterior, en una controversial decisión, evitaron acusar a Cristina Kirchner y solo pidieron una leve pena para exfuncionarios menores. Ahora se espera que directamente se retiren.
La fiscalía sostiene que la condena de seis años contra Cristina Kirchner debe agravarse porque propone que debe ser castigada no solo por fraude, sino también por el delito de asociación ilícita. En el juicio oral, el fiscal de juicio Diego Luciani había pedido una pena de 12 años de prisión.
Asimismo, el fiscal de Casación Mario Villar quiere que se condene a quienes fueron absueltos en el juicio oral; entre ellos, el exministro de Planificación Julio de Vido, los exfuncionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz Héctor Garro. Las defensas, por otro lado, quieren revocar la condena y que se dispongan absoluciones.
Las audiencias para que todas las partes (fiscal y defensas) expongan ante los jueces serán el 22 y 29 de febrero, el 7, 14 y 25 de marzo y el 4 de abril. Después, los jueces se tomarán los 20 días hábiles que prevé el Código Procesal para definir si confirman la condena a 6 años, mandar a dictar otra más grave, si la revocan o si la reducen.
La revisión de la Casación es la etapa final en todo lo relativo a la discusión de la materialidad de los hechos y la prueba. Luego de su fallo, sólo quedaría el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, reservado única y excepcionalmente a cuestiones de índole constitucional. Si la Corte deja firme el fallo, debería ejecutarse.
Más allá de este caso, Cristina Kirchner debe enfrentar dos nuevos juicios orales: uno de ellos por el caso Hotesur-Los Sauces, por lavado de dinero, que está vinculado con la causa de Vialidad, y el otro por la firma del Pacto con Irán, que fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman como una manera de buscar la impunidad de los iraníes sospechosos del atentado contra la AMIA.
Para la realización del juicio oral por el caso del Pacto con Irán no están aún definidos los integrantes del tribunal oral que debe intervenir, ya que hubo una seguidilla de excusaciones y recusaciones que mantiene la incertidumbre sobre quiénes son los jueces que realizarán este juicio.
Casación decidió el 18 de septiembre pasado reabrir la causa por la firma del Memorándum y sorteó a los jueces que debían intervenir. Les tocó a Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Pero Basso y Giménez Uriburu se excusaron al sostener que tenían muchos juicios en paralelo y que se les hacía imposible juzgar el caso del Pacto con Irán.
La Casación revisó esas razones y las rechazó. Los dejó como jueces del caso. Pero Cristina Kirchner los recusó a ellos dos y a Javier Ríos. Los tres aceptaron la recusación que presentó la defensa de Cristina Kirchner por compartir sus planteos. Los jueces aceptaron apartarse del nuevo juicio contra Cristina Kirchner porque ya resolvieron en causas ligadas al ataque a la AMIA. Basso y Ríos juzgaron a Carlos Telleldín y lo absolvieron, y Giménez Uriburu trabajó en el juzgado de Juan José Galeano, que tuvo a su cargo el caso del atentado.
Ahora serán los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero quienes deberán resolver si aceptan que sus colegas se aparten o no de a causa. Si entienden que sí, se deberán sortear nuevos magistrados. Basso y Giménez Uriburu ya juzgaron y condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Sin saber siquiera el nombre de los jueces que intervendrán es difícil ponerle una fecha de inicio a este juicio, aunque sea tentativa, pero los tramites de preparación del proceso oral están avanzados.
Hotesur-Los Sauces
En paralelo, avanzan los trámites para organizar el juicio por Hotesur y Los Sauces. Es un caso de lavado de activos donde se analiza si el dinero de las licitaciones con el que se favoreció a Báez retornó en parte al patrimonio de la exvicepresidenta y su hijo Máximo Kirchner. La Casación decidió el 18 de septiembre pasado reabrir esta causa y dejó fuera a Florencia Kirchner. Cristina Kirchner recurrió ante la Corte esa decisión y la reapertura del caso del Pacto con Irán.
En Hotesur y Los Sauces los jueces que realizarán el juicio ya están definidos. El caso está a cargo del TOF 5. En ese tribunal están Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli. En este caso, el fiscal Diego Velasco pidió incorporar pruebas del caso de la Ruta del dinero K y del caso Vialidad. Del primero solicitó el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, que registraron más de 370 comunicaciones incluyendo las de sus allegados. Y la segunda prueba es del caso Vialidad y son los mensajes del celular del exsecretario de Obras Públicas, José López, el funcionario que filmado con los bolsos con dinero en el convento. Allí había mensajes que hablaban de un plan para limpiar evidencias.
Asimismo, y sin fecha de inicio, está elevada a juicio la causa por corrupción más importante contra el kirchnerismo: el caso de los cuadernos de las coimas. Allí hay 159 imputados y la más saliente es Cristina Kirchner. Todos están en libertad y los testigos ofrecidos son 899, lo que convierte a este expediente en la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina. La fiscal del caso es Fabiana León.
La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de LA NACION, ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir a los testigos que quieran convocar, qué documentación quieren incorporar o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.
Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar los presuntos sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia.
Esta causa, en rigor, no es un solo expediente, sino que son diez expedientes que se encuentran conectados y por eso tramitan como un conjunto. Involucran 26 calificaciones jurídicas y abarcan en total 540 hechos de corrupción, que en su mayoría son pagos y recepciones de sobornos.
El Tribunal Oral Federal N° 7 es el encargado de determinar qué pruebas se admiten en el juicio y cuáles no. Los acusados vienen interponiendo diversos recursos de nulidad para frustrar la realización del juicio o excluir sus declaraciones como “arrepentidos” en la cuales admitieron haber efectuado pagos a los empresarios. La fiscalía se opuso en todos los casos y lo mismo resolvió el TOF.
Por Hernán Cappiello
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