Elisa Carrió presentó un amparo para que Aníbal Fernández garantice la seguridad en Recoleta

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una acción de amparo y le pidió a la justicia federal que dicte una medida cautelar con la que intime al Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Aníbal Fernández a “garantizar la seguridad pública en el radio territorial coyunturalmente afectado por las manifestaciones” de Recoleta, en torno al edificio en el que vive Cristina Kirchner. Fue en respuesta al fallo judicial que limitó la actuación de la policía de la Ciudad en la zona.

En el escrito al que accedió LA NACION, Carrió planteó: “Están siendo vulnerados los derechos a circular, a la salud, a la integridad física y psicológica, al ambiente, a comerciar libremente, a trabajar y el derecho de propiedad, consagrados constitucionalemte“. Pidió intimar a la cartera de Seguridad nacional y aclaró: “Máxime teniendo en cuenta que se trata de una situación sobre la cual no se advierte una pronta finalización”.

“La conducta omisiva de las autoridades nacionales en la obligación de garantizar la seguridad publica en el territorio afectado lesiona nuestros derechos amparados constitucionalmente”, afirmó.

Ayer, por orden de Aníbal Fernández, el Gobierno reforzó su operativo con efectivos de la Policía Federal para custodiar la cuadra donde vive Cristina Kirchner. En simultáneo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que mantendrá a la Policía de la Ciudad en la zona, pese al fallo del juez Roberto Andrés Gallardo, que el lunes le ordenó al gobierno porteño cesar “en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la señora vicepresidenta de la Nación”.

Carrió dijo, en el recurso presentado hoy ante la Justicia, que si se le ordenaba a la ciudad de Buenos Aires retirar las fuerzas policiales porteñas, debía intimarse al Ministerio de Seguridad de la Nación a hacerse cargo de garantizar la seguridad en la zona.

El gobierno porteño, además, ayer recusó al juez Gallardo y anunció que hoy apelaría la medida cautelar dictada por este juez. El efecto de la recusación es que Gallardo debe dejar la causa hasta que la Cámara de Apelaciones decida si corresponde o no su apartamiento del caso.

El juez se quejó hoy de esta recusación y sostuvo que se trata de una maniobra para frenar la causa. Dijo además que es “muy grave” que la máxima autoridad política de un distrito haya llamado a no cumplir una orden judicial. “Es un alzamiento contra el orden constitucional”, dijo Gallardo a Radio Con Vos.

Gallardo había convocado para hoy a las 9.00 a una audiencia con representantes de los gobiernos porteño y nacional para escuchar argumentos antes de resolver la cuestión de fondo en la causa por el vallado del último fin de semana y el rol de la policía de la Ciudad en inmediaciones del departamento de Kirchner, pero finalmente el encuentro fue suspendido.

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