Elisa Carrió denunció penalmente a Alberto Fernández, Sergio Massa y Matías Tombolini por mandar a Camioneros a controlar precios

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció penalmente a Alberto Fernández, Sergio Massa y Matías Tombolini, por enviar a sindicalistas de Camioneros a controlar precios en supermercados para combatir la inflación. En el escrito, al que accedió LA NACION, Carrió y los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade acusan al Presidente, al ministro de Economía y al secretario de Comercio Interior por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos.

“Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. Hoy se hace la denuncia penal”, había anunciado Carrió más temprano, en Twitter.

En la denuncia penal, Carrió, Ferraro y Frade advierten que “los grupos paraestatales tiene una larga tradición” en el país, donde mencionan desde los “delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado, como la triple A, hasta grupos de choque que actúan en patota”, lugar en el que inscriben el accionar de “núcleos sindicales o gremiales e instituciones vinculadas al fútbol de ligas profesionales”. En esa línea, advierten que “las acciones de apriete y amedrentamiento de Sergio Massa y Matías Tombolini se inscriben en una tradición y esquemas de violencias organizadas y orientadas al control de un núcleo de poder”.

Junto a la denuncia, los dirigentes de la Coalición Cívica solicitaron una medida cautelar de no innovar para que Economía y Comercio “se abstengan de convocar” a organizaciones sindicales, sociales o políticas para controlar el cumplimiento de Precios Cuidados.

“La organización sindical no tiene legitimación alguna dentro de las funciones que le asigna le Ley 23.551 para ejercer tareas de naturaleza fiscalizadora en materia de precios. Por lo tanto, la acción directa sobre la fiscalización denunciada significa una intromisión ilegal en el libre ejercicio del comercio previsto en el artículo 17 de la Constitución Nacional”, advierte la denuncia, que apunta directamente al sindicato que conducen Hugo y Pablo Moyano: “El gremio elegido tiene las características de contar con actores violentos, lo que aseguraría la ‘garantía’, por la intimidación y la fuerza irregular, del cumplimiento de la decisión del Gobierno”.

Además de pedir una cautelar para evitar la posible comisión de delitos, la denuncia de Carrió plantea que el pedido de no innovar se justifica también porque cualquier intervención sindical o de organizaciones piqueteras atentará contra la aplicación de los controles por el propio Estado. “Esta nulidad procedimental, además de ilegal por paraestatal; propendería a la imposibilidad de aplicar multas y/o sanciones para eventuales incumplimientos de los supermercadistas; fundados en esos atropellos”, advirten.

La intervención de Camioneros

Tras la difusión del número de la inflación de diciembre, de 5,1%, el Gobierno sumó al gremio de los camioneros a los controles del programa Precios Justos, lanzado por Massa. La información fue difundida por el propio sindicato a través de un comunicado oficial y con un video en su cuenta de Instagram en el que puede verse a los sindicalistas y a dos funcionarios bajo el paraguas de Secretaría de Comercio, que depende de Tombolini, en un centro de distribución de empresas alimenticias y supermercados.

Fuentes oficiales aclararon a LA NACION que mantuvieron conversaciones con los Moyano, pero que el poder de fiscalización es sólo de la Secretaría. Sin embargo, no pudieron explicar el motivo de la presencia de los sindicalistas, entre los que estuvo el polémico Óscar Borda, en un operativo conjunto con los funcionarios de Comercio.

El gremio difundió, en cambio, un mensaje más claro. En un comunicado titulado, “el Sindicato de Camioneros y la Secretaría de Comercio verifican el cumplimiento de Precios Justos”, estimó: “Es de suma importancia que los grandes centros de distribución cumplan con el abastecimiento y así garantizar que los productos se encuentren en las góndolas. A tal fin, el Sindicato de Camioneros, luego de reunirse Pablo Moyano con el Secretario de Comercio, Matías Tombolini, comenzaron un trabajo en conjunto donde se realizan los controles en los diferentes centros de distribución cómo es Coto, Carrefour y Disco, entre otros. El objetivo es garantizar la implementación del programa y así cuidar el poder adquisitivo de todas y todos los argentinos”, destaca el comunicado. LA NACION consultó a Camioneros, pero no recibió respuesta.

Esa reunión ocurrió hace cerca de un mes, el 13 de diciembre. En ese encuentro se habrían saldado las diferencias iniciales que llevaron a Moyano a acusar a Tombolini de “inútil” por plantear que la inflación era una cuestión de “percepción”. “Salí a la calle, hermano, y fijate cómo están los salarios de los laburantes”, lanzó en agosto, cuando asumió el secretario.

El acuerdo al que llegaron, que los incorporó al programa Precios Justos, no se puso en marcha hasta esta semana debido a que Comercio prefería enfocarse primero en fiscalizar los supermercados, según detallaron fuentes de Gobierno. El operativo más importante ocurrió la semana pasada, cuando se lanzó un control simultáneo a más de 370 sucursales de una misma marca, Día.

Según el mismo sindicato, las inspecciones se llevan adelante en conjunto, entre la rama logística de la organización, a cargo de Óscar Borda, los fiscalizadores de la Secretaria de Comercio, el director de Inspecciones, Gustavo Gamito y Lucila Bueti, la subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.

Como se mencionó anteriormente, fuentes oficiales indicaron a este medio que los únicos responsables de realizar controles por el cumplimiento del acuerdo son los empleados de la Secretaría y las intendencias. Sin embargo, se mantuvieron conversaciones con el gremio para que chequeen el stock de productos en los puntos de reparto de la mercadería a los distintos destinos de venta, por ahora en el Área Metropolitana de Buenos Aires. LA NACION llamó a Asociación de Supermercados Unidos (ASU) -nuclea a las cadenas-, que aclaró: “Entendemos que no es una ‘decisión de camioneros’, sino unos operativos dispuestos por la Secretaria de Comercio. Celebramos que se hagan estos controles, porque el éxito del programa pasa por el abastecimiento. Examinando los centros de distribución y confrontando los pedidos de las cadenas y las entregas efectuadas por los proveedores, queda clara la responsabilidad de los faltantes que se puedan llegar a ver en las góndolas, responsabilidad que no es atribuible a las cadenas de supermercados”. Este medio llamó a Copal (que congrega a la industria de alimentos) y no tuvo respuesta.

Las fuentes oficiales recalcaron que Camioneros está realizando un “acompañamiento” al programa al cargar los productos a los vehículos con los que distribuyen a todo el país, momento en el que corroborarían el correcto abastecimiento de parte de las compañías.

En un Instagram del gremio, se realizaron dos publicaciones al respecto. En la primera, de hace 22 horas, se distingue a Borda, Gamito y Bueti en 10 fotos distintas, junto con más de una decena de personas, en un centro de distribución de la cadena Carrefour, en Ezeiza. El segundo post es un video en el que caminan cerca de 15 agremiados, encabezados por Borda, alrededor de un depósito de Coto. Este fue subido a la red social hace seis horas.

Hace dos semanas, la Secretaría de Comercio encabezó un operativo de fiscalización simultáneo en 374 sucursales de la cadena de supermercados Día, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta y Santa Fe. Representaron más del 40% del total de puntos de venta de la empresa, lo que llamó la atención por tratarse de un control sobre una única compañía. LA NACION consultó a Comercio por esta particularidad y recibió como respuesta que no se debía a ningún motivo específico y que probablemente se repetirá en el futuro, con otras marcas.

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