Elecciones 2023 | Vacantes, reformas truncas y relaciones rotas: la herencia en materia de Justicia que recibirá el próximo Presidente

El próximo Presidente tendrá decisiones clave a tomar desde el día uno en materia de Justicia: hereda la responsabilidad de elegir a un nuevo Procurador General de la Nación y de cubrir la vacante que Elena Highton dejó en la Corte Suprema. Dos cargos de insuperable relevancia.

Para eso, pondrá a prueba su capacidad de negociación en el Senado porque las dos designaciones requieren el acuerdo de la Cámara alta, que debe avalar a los candidatos del Presidente con dos tercios de los votos. Sea quien sea quien gane, Sergio Massa o Javier Milei, no tendrá esa mayoría. En materia de Justicia los cambios exigen consensos.

El Procurador es el jefe de todos los fiscales federales y nacionales, diseña la política criminal y actúa como fiscal ante la Corte Suprema. El cargo está vacante desde hace seis años, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri jugó muy fuerte para lograr sacarla, pero después no consiguió el aval del Senado para su candidata, que era Inés Weinberg, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Tampoco lo consiguió en todo este tiempo Alberto Fernández, que propuso al juez federal Daniel Rafecas. El intento del actual Presidente dejó a la luz las internas que marcaron su gobierno. Sin los votos opositores necesarios para la designación, el Senado, a instancias del kirchnerismo, aprobó un proyecto de ley que eliminaba el requisito de los dos tercios para nombrar al jefe de los fiscales y lo giró a Diputados, pero no logró sancionarlo allí. Mientras tanto, Rafecas advirtió que no asumiría el cargo si, para poder nombrarlo, flexibilizaban la mayoría necesaria. Esa advertencia cayó muy mal en el kirchnerismo. Juntos por el Cambio hizo un giro y se comprometió a apoyar a Rafecas. Pero el kirchnerismo dijo que primero quería reformar la ley y el pliego se congeló.

Desde la salida de Gils Carbó, al frente de la Procuración está, como interino, Eduardo Casal. Entre los desafíos que enfrentará el futuro Procurador debería estar la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Su aplicación, progresiva, empezó en Salta y Jujuy y debía seguir en Mendoza y Santa Fe, pero eso también está congelado.

Después del fracaso para nombrar Procurador, Alberto Fernández decidió directamente no proponer a nadie para cubrir la vacante de Elena Highton en la Corte Suprema.

Fernández llegó con la promesa de que reformaría los tribunales federales y diluiría el poder de Comodoro Py (un plan ambicioso que ya habían intentado otros sin éxito). Pero no logró que se sancionara ninguna de las reformas judiciales que mandó al Congreso. Ni la duplicación de los juzgados federales que licuaría el poder de Py ni la modificación del Ministerio Público ni la reforma del Consejo de la Magistratura ni la ampliación de la Corte. Todas fueron aprobadas por el Senado, los dominios de Cristina Kirchner, y ninguna por Diputados. En el kirchnerismo duro se quejaban por entonces de que faltó una verdadera voluntad política. En aquellos tiempos, el presidente de la Cámara de Diputados era Massa.

Cuando empezó su gobierno, Fernández apostaba a consolidar su buena relación con los jueces de la Corte, un tribunal al que elogiaba y conocía bien. Highton decía públicamente que la primera ministra de Justicia -la amiga de toda la vida y socia de Fernández, Marcela Losardo- era una “polla” suya. Y hasta poco antes de asumir Fernández compartía una mesa de almuerzos con amigos abogados en el Club Americano que integraba también Juan Carlos Maqueda. En aquella época, elogiaba incluso a Carlos Rosenkrantz. Pero nada de lo que hubiera podido esperarse pasó. Y el Presidente termina su gobierno con un proceso en marcha para remover a toda la Corte impulsado por el oficialismo, que no tiene los votos para avanzar en el recinto y someter a los ministros a un jury, pero sí los tuvo para mantener activo el proceso en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados durante todo el año. Ese trámite hoy está frenado, a pedido de Massa. Si gana, hay serias chances de que nunca más se reactive.

¿Cuáles son las deudas pendientes que recibirá el nuevo gobierno en materia de Justicia? ¿Cómo debería afrontarlas?

El juez federal Andrés Basso, presidente electo de la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, dijo a LA NACION que desde la Asociación planean acercarle al nuevo gobierno “propuestas que contribuyan a una mejor administración de justicia”. Por ejemplo, sobre “el problema estructural de las vacantes en el Poder Judicial y los ministerios públicos” y la agilización del sistema de concursos, pero también sobre reformas legales y herramientas contra el crimen complejo.

Basso es juez penal e integró el tribunal oral que el año pasado condenó a Cristina Kirchner. Espera que durante el próximo gobierno se le reconozca al Poder Judicial “autonomía e independencia financiera”. Es un viejo reclamo de los jueces. ”Este tema es vital, ya que la administración de un poder del Estado, justamente de aquel que controla a los otros poderes en el sistema republicano de gobierno que nos rige y que cumple una función de contrapeso, no puede quedar a merced del Poder Ejecutivo Nacional”, dijo Basso, que sostuvo que la Asociación que presidirá va a buscar tener un “diálogo constructivo y de respeto mutuo con las nuevas autoridades nacionales”.

Según Germán Garavano, que fue ministro de Justicia de Mauricio Macri y lo sigue asesorando en esta materia, el próximo gobierno debería retomar los proyectos que dejó su gestión. “Logramos avanzar mucho con el Plan Justicia 2020, pero en estos cuatro años no solo no se avanzó, sino que se retrocedió porque se perdió el tiempo en la implementación del Código Procesal Penal, en materia de protección de testigos, de acompañamiento a las víctimas, de lucha contra el avance del narco. Eso se ve en los índices de transparencia internacional y otras evaluaciones en las que la Argentina retrocedió”, dijo.

“El próximo gobierno tiene la posibilidad de dejar atrás estas malas políticas, respetar la independencia judicial y darle las herramientas que en su momento se dejaron para que la Justicia de respuesta a las demandas de la sociedad en materia de inseguridad y en cuanto a previsibilidad para el ejercicio de los derechos”, afirmó el exministro.

Cristina Caamaño, exfiscal, ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hasta el año pasado y expresidenta de la asociación Justicia Legítima -agrupación que respaldó el plan de “democratización de la Justicia” de Cristina Kirchner-, sostuvo que el próximo gobierno debe trabajar por una Justicia que esté “más cerca del pueblo”.

“Lo que decimos desde Justicia Legítima: democratizar la Justicia, que los juicios sean rápidos, que haya una mirada de género, acercar la Justicia a los lugares más vulnerables. Y después, objetividad en las causas de resonancia, que Comodoro Py no sea Comodoro Pro”. Según Caamaño, el próximo gobierno deberá gestionar “consensos democráticos”. “Necesitamos un Consejo de la Magistratura que funcione. Se rompió la posibilidad de acuerdos, que es muy importante. Hay que ampliar la Corte, probablemente con un candidato que proponga el radicalismo, otro del Pro, otro del peronismo. El Gobierno tiene que negociar en el buen sentido de la palabra”.

La diputada nacional y exconsejera de la Magistratura Graciela Camaño, que esta semana explicitó su apoyo a Sergio Massa y lo acompañó a su almuerzo con empresarios, enumeró las que, a su juicio, son las prioridades que deberá afrontar el próximo gobierno en materia de Justicia. “Poner en marcha el sistema acusatorio en todo el país, que tiene una complejidad enorme de organización, pero sobre todo financiera. Nombrar al Procurador, lo que implica hacer los acuerdos necesarios para ello, porque es imprescindible normalizar el Ministerio Público Fiscal. Poner a la discusión una nueva ley del Consejo de la Magistratura [como la Corte declaró inconstitucional la que regía y el Congreso no aprobó una nueva conformación, se volvió a la integración de la vieja ley que había sido derogada]. Normalizar el funcionamiento de la Corte: lograr una definición en el juicio político y completarla. Generar la necesaria relación institucional entre el Poder Ejecutivo y la Corte, que tiene que tener la posibilidad de darse un funcionamiento de confianza para la sociedad”.

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