Elecciones 2023: un juez federal de Mendoza procesado por sobornos volverá a controlar los comicios presidenciales
Es Walter Bento; la parálisis del Consejo de la Magistratura hizo que no se votara su suspensión y eventual juicio político; el organismo se reactivará en las próximas semanas
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal electoral Walter Bento, procesado –con procesamiento firme- acusado de enriquecimiento ilícito, la recepción de sobornos en diez ocasiones, asociación ilícita y lavado de dinero, no solo sigue siendo juez federal electoral y firmando sentencias, sino que además controlará los comicios presidenciales de este año en la provincia de Mendoza. Esto es así porque el trámite para suspenderlo y eventualmente enjuiciarlo está congelado por la parálisis que mantiene desde julio el Consejo de la Magistratura.
Este martes jurarán los nuevos consejeros senadores con lo que el organismo tendrá a 19 de sus 20 miembros designados, ya que la Corte excluyó al senador kirchnerista Martín Doñate. Con esta integración casi total, el Consejo de la Magistratura puede reactivarse en marzo y reunirse en un plenario para elegir autoridades y hacer funcionar las comisiones.
Tras la jura en la Corte de los consejeros senadores María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el Frente de Todos, que es el bloque mayoritario en la Cámara alta, y el senador radical Eduardo Alejandro Vischi, por la primera minoría, la próxima semana habrá una reunión previa a la de labor, donde se definirán los temas que se llevarán al primer plenario.
Una de las comisiones que se conformará es la de Acusación, que es la que debe votar el dictamen sobre el futuro de Bento. Después, el plenario resolverá si lo suspende y lo envía a juicio político. Para eso, se necesitan dos tercios de los votos.
Hasta noviembre del año pasado había consenso político entre los consejeros del oficialismo, los jueces y los opositores en pronunciarse por la suspensión y el enjuiciamiento, pero nada se avanzó. Ahora hay que ver si el espíritu es el mismo o si en el oficialismo cambiaron de opinión. La oposición y los jueces están de acuerdo en avanzar.
La pelea por los consejeros
Los mandatos de los consejeros de la magistratura vencieron el 18 de noviembre pasado y la designación y jura de los nuevos fue un proceso que estuvo lleno de trabas. El conflicto central se dio cuando el kirchnerismo partió el bloque del Frente de Todos en el Senado para nombrar representantes en el Consejo por la mayoría y también por la minoría, y la Corte lo frenó: acusó al bloque de Cristina Kirchner de haber llevado adelante un “ardid” desprovisto de “buena fe”.
Todo indica que el lugar en juego será ocupado por el senador Luis Juez o por su suplente, Humberto Schiavi, ambos del Pro. La Justicia por ahora les viene denegando la solicitud para tomar posesión de la banca, pero el caso está a estudio de la propia Corte y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. A juzgar por la acordada de la Corte, Juez o Schiavoni ocuparán el asiento del consejero senador que resta cubrir.
En noviembre pasado, tras dos años de investigación, el entonces consejero de la magistratura y diputado del Pro Pablo Tonelli presentó un dictamen para avanzar contra Bento.
Cuando sesione el Consejo y se formen las comisiones, la de Acusación deberá votar ese dictamen, que impone sobre Bento dos cargos: uno de ellos por recibir dinero a cambio de sentencias, por su enriquecimiento patrimonial “apreciable e injustificado” y por lavado de dinero; el otro, por falsear su declaración jurada, obstruir una causa y tener comportamientos contrarios al decoro y la dignidad de un juez.
Bento se encuentra procesado con el procesamiento firme por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento, prevaricato, lavado y recientemente su caso fue elevado a juicio oral y público, en una audiencia que aún no tiene fecha.
En su dictamen, Tonelli entendió que Bento integró, en el rol de jefe u organizador, una asociación ilícita para recibir dinero a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado esos pagos. Enumeró la compra de autos de alta gama, donaciones de dinero a sus hijos, compra de inmuebles y además lo acusó de haber sacado un crédito del Banco Nación, omitiendo que era propietario de tres inmuebles.
Asimismo, está acusado porque se ordenó la prohibición de innovar y en el allanamiento de su caja de seguridad, al abrirla, se descubrió que estaba vacía salvo por una nota manuscrita que decía: “PUIGDENGOLAS [Por el juez que lo procesó] LEE!!!! POR FAVOR”. El juez Bento dijo que reaccionó porque no escuchaban sus pedidos.
Asimismo, en cuanto al segundo cargo, Bento está acusado porque con su familia, según la Homeland Security, tiene 221 movimientos migratorios en ese país. Entre otros destinos visitó Las Vegas, Nevada, donde se lo vio en fotos en una limusina negra, detrás de un bar con copas de champagne o asistiendo a un concierto de Celine Dion. Las normas prohíben a los jueces “practicar juegos por dinero o frecuentar lugares destinados a ello”. Los jueces deben guardar “decoro y discreción”, según el reglamento de la Justicia Nacional.
Por Hernán Cappiello
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