Elecciones 2021: los factores institucionales que impiden el progreso de la Argentina como país

Los comicios de medio término tienen un impacto adicional a la mera elección de nuevos legisladores. Así, es frecuente que se lean como un plebiscito a la gestión de un determinado gobierno. Si el nuestro fuese un país sin grandes discusiones en cuanto al modelo institucional que debe regirnos, el impacto de las elecciones no iría más allá de eso.

Pero, además de las obvias razones que los votantes pueden haber tenido para retirar su apoyo al gobierno nacional (inseguridad, disconformidad con el rumbo de la economía, deficiente manejo de la pandemia, por citar algunas), podemos dirigir nuestra mirada un poco más lejos. Esto es, creo posible entrever otras razones de por qué muchos votantes “oficialistas” de 2019, en especial los que creyeron en la moderación y disposición al diálogo que pregonaba Alberto Fernandez, estén hoy desencantados.

Y aquí, en mi opinión, es sencillo imaginar varias. Es mucha la gente que aspira a ser liderada por gobernantes que ejerzan en serio la virtud de escuchar y que no adapten sus creencias a necesidades coyunturales, o las varíen según quien sea su interlocutor. Ejemplos huelgan. En materia de política internacional, ¿es la Argentina un país que condena las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua o no? La estrechez conceptual de quienes nos conducen impide comprender que lo que el mundo espera de cualquier país, para decidir su nivel de relacionamiento, es que sea predecible y el nuestro claramente no lo es.

Por otro lado, ¿tenemos una política clara en cuanto a tomas de tierras en el sur del país, o quienes tienen allí propiedades o las alquilan seguirán sujetos a una indefinición que los condena a una perpetua incertidumbre?

En el plano ya relativo al esquema de República que aún nos preside, ¿son esos gobernantes capaces de liderar una búsqueda objetiva y con acento en el mérito para llenar cargos clave, como los magistrados de la Corte Suprema o los de instancias inferiores?

Igualmente, ¿abandonará el oficialismo su intento de controlar a los fiscales, alterando la composición del organismo que juzga su desempeño? Esta pregunta lejos está de ser retórica. Existe un proyecto de ley con media sanción que busca justamente incluir en ese organismo una mayoría de representantes de los poderes políticos.

Y siempre en la misma línea, ¿seguirá siendo el Consejo de la Magistratura el ámbito donde el Poder Ejecutivo busca asegurar su influencia, en desmedro del sagrado valor de la independencia judicial?

Para sintetizar la causa central de nuestros infortunios como nación jurídicamente organizada, ¿lograremos que nuestros gobernantes mayoritariamente asuman que son súbditos de la ley, y que han sido elegidos para obedecerla y no para perpetuar sus cuotas de poder y prebendas?

Y por último, ¿se les hará realmente carne su obligación de permitir que la prensa cumpla con libertad su tarea de control de la gestión de gobierno, sin asignaciones sospechosas y arbitrarias de la pauta oficial?

Sería un gran paso adelante que el resultado de las últimas elecciones se haya visto influido, además de las acuciantes razones de inseguridad, dificultades económicas y descontento con la gestión sanitaria, por estos factores institucionales que dificultan nuestro progreso como país y, más veces de lo que desearíamos, lo tornan en un lugar poco apto para realizarnos y gozar en él de una vida tranquila.

El autor es abogado especialista en Derecho Penal y Constitucional

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