El vicerrector de la UBA rechazó el comunicado de la Facultad de Filosofía y Letras en apoyo a Cristina Kirchner

Después de que con el sello de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se emitiera un fuerte comunicado en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner ante el pedido de 12 años de prisión para ella en la causa Vialidad, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, tuiteó en contra de esa nota de prensa esta mañana. El también diputado nacional de origen radical se mostró contrario a la expresión que se emitió desde la facultad y dijo que esos espacios no deberían expedirse sobre temas políticos-partidarios, ni judiciales. Alegó que es un “contrasentido”.

“Quiero despejar dudas sobre nuestra postura como autoridades y como reformistas”, introdujo Yacobitti en su cuenta de Twitter. Así, siguió: “Como vicerrector estoy convencido de que la universidad no debe expedirse sobre temas político-partidarios, ni judiciales. Cualquier forma de buscar incidir en medio de un proceso judicial es un contrasentido con los objetivos de la universidad pública y el ideario reformista”.

Pero no quedó ahí. El hombre del riñón del senador Martín Lousteau pidió “respetar” las otras instituciones públicas y también “convivir con diferentes perspectivas y opiniones”. Al respecto, agregó: “Esa pluralidad es una de nuestras grandes fortalezas. Como autoridad, debo trabajar para toda la UBA, garantizando el pluralismo, y la libertad de cátedra y opiniones”.

El comunicado de la Facultad de Filosofía y Letras

Ayer, con el título Declaración del Consejo Directivo sobre la persecución judicial y mediática por razones políticas contra Cristina Fernández de Kirchner, en la página oficial de la Facultad de Filosofía y Letras se compartió un escrito que pretendía “repudiar enérgicamente” esta situación que, sostuvieron, atraviesa la vicepresidenta. Asimismo, rechazaron el “uso del sistema judicial” para un supuesto proceso de “proscripción de líderes” en esta región y también llamaron a la comunidad “a manifestarse”.

En una serie de enunciados, indicaron que la denuncia que motivó esta causa, hecha por el intendente de Capitán Sarmiento e integrante de Juntos por el Cambio, Javier Iguacel, “no ha sido corroborada por ninguno de los peritos involucrados” y que las obras en cuestión fueron aprobadas por el Congreso.

Además, cuestionaron los “encuentros privados entre jueces, fiscales y dirigentes de la oposición” que se hicieron públicos. “A pesar de la falta de pruebas e irregularidades en el juicio, la fiscalía pidió como pena para Cristina Fernández de Kirchner 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos”, señalaron.

Indicaron también que la inhabilitación solicitada por el fiscal Diego Luciani “pretende interrumpir de forma ilegítima el proceso de ampliación de derechos y empoderamiento popular iniciado durante la Presidencia de Néstor Kirchner” y “profundizado” por Cristina Kirchner.

Cuestionaron, asimismo, que le hayan rechazado a la vicepresidenta la posibilidad de ampliar su indagatoria y plantearon: “La táctica de guerra jurídica o lawfare, en donde una alianza canallesca entre los poderes judicial, mediático y político impulsan juicios a partir de falsas denuncias, se ha hecho cada vez más frecuentes contra líderes populares latinoamericanos, socavando las bases del sistema democrático”.

En el último de los puntos, desde la facultad aseguraron haber atestiguado en otros países de América Latina como Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay el funcionamiento de “este tipo de persecuciones” que tienen como objetivo -de acuerdo a lo que precisaron- “preservar el status quo donde son las derechas conservadoras las que dirimen el poder, dejando por fuera a los sectores populares y sus necesidades”.

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