El vaivén con la suba de las naftas, un símbolo del nuevo gobierno

La ida y venida de Alberto Fernández con el aumento en el precio de los combustibles de YPF es un episodio en el que se concentran, como en una reducción a escala, algunos rasgos preliminares del nuevo gobierno. Llama la atención el aire de familia de esas peculiaridades con las de la experiencia anterior del kirchnerismo. Si los criterios que prevalecieron en el episodio de las naftas terminan impregnando toda la administración de la vida material, habrá que concluir que la presencia de Fernández es muy poco innovadora. Todavía es muy temprano para determinarlo.

Pero la cuestión es trascendente: del nuevo presidente se esperaba, y todavía se espera, que redima a su fuerza política del primitivismo técnico de las gestiones anteriores. Y hay derecho a esperarlo porque, a lo largo de una década, Fernández fue un censor severo de decisiones similares a las que él acaba de adoptar.

El modo en que se retrocedió en el aumento del 5% para los productos de YPF revela que la versión actual del kirchnerismo incurre en una propensión típica del matrimonio Kirchner. La pretensión de transformar a la principal petrolera del país en un instrumento de la Casa Rosada para intervenir en el proceso económico. Néstor Kirchner intentó alcanzar ese objetivo creando Enarsa. Frustrado por la esterilidad del experimento, quiso enmendarlo forzando a Repsol a entregar el 25% de la compañía a los Eskenazi, dueños del Banco de Santa Cruz. Es decir, a la familia de Sebastián Eskenazi, el hombre a quien Víctor Manzanares, el arrepentido contador del matrimonio, señaló como el poseedor de la llave de una bóveda donde se guardaría el efectivo que atesoraba el secretario Daniel Muñoz en Río Gallegos. El vínculo con los Eskenazi se rompió, por motivos que son fáciles de imaginar, una vez que murió el expresidente: cuestiones de cerrajería. Su viuda, con la asistencia intelectual de Axel Kicillof, dio un paso más largo hacia el objetivo de amoldar a la política el mercado de los hidrocarburos: estatizó YPF.

El tercer desembarco en el poder se inauguró con una medida salida de ese molde. La Casa Rosada autorizó y, al cabo de unas horas, desautorizó, el ajuste en el precio de las naftas. YPF volvió a funcionar como un precioso engranaje de la maquinaria política. Esta recurrencia es interesante desde el punto de vista conceptual. Uno de los desafíos permanentes del dirigismo es demostrar que las compañías estatales pueden ser conducidas con parámetros de eficiencia que no las ponga en desventaja con sus competidoras privadas. En el caso de YPF esta exigencia es todavía mayor, ya que no se trata de una compañía estatal, ni siquiera de una con participación del Estado: es una sociedad anónima, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, y que tiene al fisco como propietario del 51% de su paquete accionario. El titular de esas acciones es el Ministerio de Producción, hoy a cargo de Matías Kulfas, quien no habría sido consultado sobre el aumento de los precios. Esa decisión surgió de un intercambio entre el presidente de la petrolera, Guillermo Nielsen; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Otra marca de origen de la medida adoptada por el Presidente es que carece de un marco jurídico. Se vuelve, en consecuencia, al dirigismo ágrafo, cuyo sumo sacerdote fue Guillermo Moreno, a quien Fernández siempre despreció. Cuando Mauricio Macri, después de perder las primarias, congeló el precio de las naftas por 90 días, debió firmar el DNU 566, que regulaba el valor de toda la cadena de comercialización de hidrocarburos. En cambio, desde el domingo pasado, el mercado de las naftas pasó de un régimen de libertad a otro de congelamiento por la sola decisión del Presidente. Es de esperar que hoy el Boletín Oficial ofrezca algún instrumento jurídico para despejar este galimatías y encuadrar lo que se decidió por teléfono.

Acaso el más importante de los costos que cobija esta decisión deberá ser afrontado por Carlos Zannini. Uno de los desafíos mayores del procurador del Tesoro es vencer a Burford Capital en el pleito que se sigue en el juzgado neoyorquino de Loretta Preska. Burford compró a los Eskenazi los derechos por una demanda al Estado y a YPF por entre 3000 y 5000 millones de dólares. Es decir, entre la mitad y dos tercios del impuestazo "solidario". La justificación de la demanda es que la estatización del 51% de la petrolera ignoró las prescripciones del estatuto de accionistas de la empresa.

Al transferir ese presunto derecho a Burford, de un modo que la República Argentina denunció como fraudulento, los Eskenazi se reservaron el 20% de lo que se obtenga en caso de una sentencia favorable. El pleito tiene ahora dos curiosidades. La primera: entre los argumentos que emplean los demandantes, están las deficiencias en las leyes y los decretos de la estatización. Todas normas redactadas por Zannini, cuando era secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner. La segunda: Zannini debe enfrentar a los Eskenazi, con quienes convivió hasta hace pocos días en el Banco de Santa Cruz, del que él fue director en representación de la provincia.

Uno de los objetivos de Burford/Eskenazi es demostrar que el Estado e YPF son una misma cosa. Y, de ese modo, poder demandar a ambos, y cobrar de ambos. La República Argentina sostiene, en cambio, que YPF es una sociedad anónima independiente. En este contexto, los directivos de Burford y los Eskenazi deben estar muy agradecidos al Gobierno, que produjo un titular periodístico invalorable: Fernández, es decir, el Estado, dispuso que YPF no aumentaría los precios. Corolario: el Estado e YPF son la misma cosa. El perjuicio que puede entrañar para la empresa esta distracción tendría otra derivada: si su acción se deteriora por esta sanción judicial, los accionistas privados, titulares del 49% del paquete, podrían demandar al Estado por el daño que se les ocasionó. Una vez más, las desprolijidades institucionales del kirchnerismo, que es un movimiento de abogados hipersensibles, hacen las delicias de buitres y otras alimañas, con gran costo para el patrimonio nacional.

En una perspectiva mucho más inmediata, el congelamiento verbal de los precios por 180 días afectaría al plan de inversiones de YPF. En 2018 el flujo financiero de esa compañía fue de 3900 millones de dólares, que permitieron pagar intereses por 800 millones de dólares, y mantener inversiones por alrededor de 3100 millones de dólares. La medida verbalizada por Fernández profundiza una política comercial que, de mantenerse, reduciría el flujo de fondos a 2600 millones de dólares. Por lo tanto, las inversiones se reducirían en 1200 millones de dólares.

Las características generales de esta, por llamarla de algún modo, estrategia, corroen uno de los propósitos que se había fijado la actual administración y para la que fue convocado Nielsen: convertir a la explotación de Vaca Muerta, con YPF como jugador principal, en una gran generadora de dólares para la economía. Para satisfacer ese objetivo, Fernández y Nielsen imaginaron un régimen especial que ofrezca a los inversores reglas de juego y garantías de remuneración para el capital estables. Las decisiones que se conocieron durante el fin de semana van en el sentido contrario de esa pretensión. Quienes conocen el mercado sostienen que YPF tiene que conseguir algo exigente pero sencillo: asociar a dos de las grandes petroleras internacionales, que no son más de 10, en un negocio de extracción de hidrocarburos con rentabilidad de largo plazo. Eso es imposible con una compañía que fluctúa según las necesidades del poder político. Y lo que cabe para YPF se puede extrapolar para el resto de las empresas del sector.

En la controversia por el ajuste en los precios de las naftas salió a la luz otra característica del gobierno de Fernández. Pero esta vez es una novedad, es decir, un rasgo ausente en el kirchnerismo de primera generación: el doble comando. El aumento en el precio de los combustibles comenzó a revertirse cuando llegó a oídos de Cristina y Máximo Kirchner. Ellos fueron informados de la decisión adoptada por Nielsen a través del poderoso Santiago "Patucho" Álvarez. Encargado del área de comunicaciones de YPF, e íntimo del diputado Kirchner, Patucho es los ojos del Instituto Patria en la petrolera. Sagaces, estos dirigentes de La Cámpora utilizaron el camino administrativo correcto para desandar la medida: le dieron intervención al ministro Kulfas, que había sido ignorado cuando se decidió el aumento. Kulfas festejó que se le alinearan el placer con la obligación. ¿Y el misionero Sergio Lanziani, secretario de Energía? Dicen que lo vieron remontar el Paraná con una caña. Da lo mismo: todavía carece de firma porque no fue formalizada su designación. Corolario: los inversores actuales de YPF, que controlan el 49%, y los potenciales, a los que debe seducir Nielsen, deben contemplar el juego de tres factores decisorios: el presidente de la empresa, los delegados del "Patria" y la Casa Rosada.

En el fondo de todo este enredo palpita una tendencia que está inscripta en el ADN kirchnerista y que Fernández no quiere o no puede modificar: convertir la energía en una variable de ajuste de los desequilibrios generales. Néstor Kirchner inició un proceso parecido, que transformó al sector en un problema macroeconómico: las importaciones de gas, derivadas de los atrasos tarifarios, estuvieron en el centro de la crisis cambiaria que obligó al Banco Central a establecer el cepo. Fernández adopta un enfoque parecido. En última instancia, su pesadilla es fiscal. Y una solución posible, la expansión monetaria, le hace temer un salto inflacionario. Una solución provisoria es controlar los precios. Pero, como se sabe, nada tiene tanta perdurabilidad en la Argentina como las soluciones provisorias.

Si se suspenden las clasificaciones retóricas, aparece una evidencia sorprendente: la política económica de Fernández tiene una continuidad profunda con la política económica de Macri. Ambas colocan la cuestión fiscal en el centro del diagnóstico. Amenazadas por la inflación, las dos se amoldan a una restricción monetaria. Ambas sacralizan, también, el pago de la deuda. Sin ir más lejos, en las próximas horas los acreedores en dólares recibirían el pago de sus papeles sin recortes, es decir, sin que nadie les exija esa solidaridad ejemplar que se reclama, por ejemplo, a los jubilados. Este desfiladero conduce a Fernández por la senda de Macri: realizar un ajuste fiscal a través de un impuestazo. Si Macri hubiera sido reelegido, habrían cambiado los rituales. No las noticias económicas. Un dilema intelectual para el profesor Guzmán. Es, acaso, el primer keynesiano que apuesta a un ajuste de las cuentas públicas durante un proceso recesivo.