El último antecedente del kirchnerismo: el juicio político a Fayt, una embestida que se disipó en el tiempo

La avanzada del kirchnerismo contra la Corte Suprema reconoce más de un antecedente. Aunque en el oficialismo prefieren recordar el proceso que puso fin a la “mayoría automática menemista” en el máximo tribunal, lo cierto es que la experiencia más próxima, tanto en el tiempo como en la imposibilidad material de concretarla, se inició el 15 de mayo de 2015, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió activar la Comisión de Juicio Político para investigar las capacidades, idoneidad y “salud mental” del juez Carlos Fayt debido a su avanzada edad.

En aquél entonces, Fayt tenía 97 años y hacía 31 que ejercía el cargo, desde 1983. Con impulso del kirchnerismo y ante el vacío de la oposición, la Comisión de Juicio Político abrió un proceso investigativo para determinar si la edad de Fayt condicionaba sus capacidades mentales. Fue luego de que el decano magistrado firmara desde su domicilio la continuidad de Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal, sumado al fracaso del kirchnerismo para impulsar a Roberto Carlés como reemplazante de Eugenio Zaffaroni en la Corte.

El gobierno de Cristina Kirchner cuestionó la validez de la decisión de Fayt y la utilizó como el detonante para el inicio de la investigación: la diputada María del Carmen Bianchi fue quien le reclamó a la comisión su reactivación para investigar el caso. La misma estaba integrada por 31 diputados: 17 del Frente para la Victoria; cinco de la UCR, tres del Frente Renovador, dos del Pro, entre otros.

El Congreso puede remover a un juez de la Corte Suprema a través del juicio político, mecanismo expresado en el artículo 110 de la Constitución Nacional: los jueces “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta”. Por ende, entendían en el kirchnerismo, Fayt podía ser removido por un mal desempeño en sus funciones. La Constitución establece que el juicio político se realiza a través de una acusación de la Cámara de Diputados ante el Senado (artículo 53), donde la Cámara baja presenta las pruebas y su contraparte vota la permanencia o la remoción del funcionario. Antes, el proceso de juicio debía aprobarse en comisión.

En mayo de 2015, la Comisión de Juicio Político presidida por la camporista Anabel Fernández Sagasti, entre otros 16 legisladores, comenzó la investigación contra Fayt. “Fue un ataque a la tercera edad”, dijo Jorge Rizzo, el abogado del juez durante el proceso. En diálogo con LA NACION, afirmó que la excusa del kirchnerismo fue que Fayt firmó un fallo desde su casa, algo que él definió como “una práctica habitual” en el máximo tribunal. “Estaba en un estado físico de indefensión y se aprovechaban de eso”, agregó.

El Frente Para la Victoria llegó a pedir informes, documentos y un peritaje caligráfico de su firma; también citó como testigos a periodistas, secretarios del magistrado, médicos neurólogos y a su chofer. Lo cierto es que el oficialismo, como ahora, no tenía los dos tercios de los votos para avanzar con la acusación en la Cámara baja. Pero en ese entonces no pudo lograr siquiera el dictamen en la comisión, por el vacío opositor y la renuncia de los especialistas y testigos citados, incluso aquellos que eran afines al kirchnerismo. Sin peso específico, el proceso se disipó en el tiempo y nunca fue votado en comisión. Esa es la barrera que el oficialismo se cree en condiciones de superar esta vez, con el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

“Se desinfló lo que pasaba en la comisión y quedó en la nada”, indicó Pablo Tonelli, diputado nacional que ya en 2015 integraba la Comisión de Juicio Político. Votó en contra de abrir el proceso de investigación afirmando que no había medidas de prueba. “El kirchnerismo buscaba lograr la renuncia de Fayt porque sabían que no tenían los números para poder destituirlo”, dijo Tonelli a LA NACION. Y agregó: “Como era un hombre muy mayor, el Gobierno apuntó a molestarlo, a perturbarlo, a atosigarlo y lograr su renuncia. Como no iba a ocurrir, el proceso quedó en la nada”.

Alberto Asseff, también integrante de la comisión, recordó la actitud del oficialismo como “afrentosa a la institucionalidad de lo que se espera de un gobernante”. Comparó aquella presión a la Corte Suprema con el actual pedido de juicio político. “Fue otro intento de asalto a la Corte que se viene repitiendo”. Además, destacó el rol que jugó entonces Jorge Capitanich como uno de los principales impulsores del proceso en 2015 y de la actual embestida contra la Corte. “El juicio nunca iba a prosperar. Querían presionarlo para que renuncie, que es la peor forma de hacer juicio político”, destacó.

El abogado de Fayt calificó aquél proceso como “terrible”. Al ser consultado sobre la degradación de la investigación, dijo que Fayt, luego de ser citado, no fue a Tribunales. “Pudimos hacer que aflojen y hacer que la sociedad supiera que Carlos era apto por su idoneidad; pudimos comprobar que estaba bien y que podía ser el mejor”, señaló Rizzo.

El 15 de septiembre de 2015, una vez que las presiones para que renuncie fueron aplacadas, el magistrado presentó su carta de renuncia. Pero con un detalle que enervó aún más al oficialismo: estableció que iba a dejar el cargo el 11 de diciembre, un día después de que Cristina Kirchner dejara la Presidencia en manos de Mauricio Macri. “Fayt era un ingenioso”, concluyó Asseff.

“Mientras pueda servir a la República, lo seguiré haciendo”, le decía entonces Fayt a sus colegas y allegados.

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