El Tribunal Superior de Justica: la “corte porteña” que adquiere un nuevo rol político y tiene una mayoría ligada a Pro
Tras el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, recibirán todas las apelaciones de la justicia nacional; eso incluye juicios millonarios comerciales, civiles, laborales, y casos penales por delitos graves
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LA NACIONHernán Cappiello
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) es una “corte porteña”, creada cuatro años después de la reforma constitucional de 1994 que dotó de autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Está integrado por cinco jueces, que hasta ahora intervenían en asuntos contenciosos locales, como las censarías de empleados públicos o las vacantes escolares, pero que ahora tendrán otro protagonismo al transformarse en tribunal de apelaciones de todas las causas penales que involucren delitos graves no federales, así como todos los casos civiles, comerciales o laborales de la justicia nacional que tramiten en el territorio porteño.
El tribunal tiene una mayoría de jueces ligados a Pro, aunque los ministros que están desde hace más tiempo tienen un origen peronista: Alicia Ruiz, que es de la integración fundacional, y Luis Lozano.
Completan el tribunal Inés Weinberg, que es la presidenta del cuerpo y fue la candidata de Mauricio Macri a ocupar la Procuración General de la Nación; Marcela De Langhe, jueza desde hace mas de 30 años en la ciudad y con una carrera que le permitió fundar el Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad por encargo del entonces ministro Guillermo Montenegro, y Santiago Otamendi, que fue secretario de Justicia del expresidente Macri en su presidencia. Los dos últimos arribaron al tribunal en 2019.
El 4 de septiembre de 1998, la Legislatura de la Ciudad prestó acuerdo para la designación de los jueces de la primera integración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y Dos meses después, el 4 de noviembre de 1998, el entonces jefe de Gobierno Fernando de la Rúa, suscribió el decreto n° 2357/98 que designaba a los primeros magistrados: Julio Maier, José Osvaldo Casás, Ana María Conde, Alicia Ruiz y Guillermo Andrés Muñoz.
A diferencia de lo que ocurre con la justicia nacional y federal, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no deben jubilarse a los 75 años.
Hoy, hay entusiasmo en el Tribunal Superior de la Ciudad ante este nuevo desafío y reconocen el fallo de la Corte como la reivindicación de un viejo reclamo que vienen militando desde hace 30 años, señalaron fuentes judiciales a LA NACION.
El tribunal tiene solo 25 años, pero contando desde sus primeros fallos, en 1999, lleva casi 21.500 sentencias dictadas Es la misma cantidad de causas que resuelve en un año la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El TSJ es un tribunal moderno en su funcionamiento: está totalmente “despapelizado” y digitalizado, y se organiza con cuatro secretarías: una Secretaría General, una de Asuntos Originarios, otra de Asuntos Contenciosos Administrativos y Tributarios, y otra Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.
El fiscal
El fiscal general de la Ciudad es Juan Bautista Mahiques. Fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia de Germán Garavano, y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el macrismo. Su padre, Carlos, es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, adonde llegó por traslado desde la Cámara Nacional de Casación Penal (la que interviene en los casos de delitos comunes, no federales, cometidos en la ciudad de Buenos Aires). Antes había sido juez de un tribunal oral y había integrado el Tribunal de Casación Bonaerense. En 2015, dejó los tribunales para asumir como ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando gobernaba María Eugenia Vidal. Ocupó ese cargo hasta fines de 2016.
Además, uno de los hermanos de Juan Bautista Mahiques es Ignacio, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los jueces del TSJ venían reclamando que las causas de la justicia nacional fueran revisadas por ellos. De hecho, el tribunal ya interviene desde hace cuatro años en las decisiones de competencia de la justicia nacional ordinaria entre la Cámara Nacional en lo Civil y la del Trabajo.
Actualmente, hay en la Corte Suprema de Justicia entre 300 y 400 causas con recursos extraordinarios que están esperando ser tratadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, como lo fueron el caso Levinas, el caso Socma o el caso Chocobar, resueltos la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal dicta entre 100 y 200 sentencias por mes y firma los miércoles, que es el día en que los cinco magistrados se reúnen en acuerdo. Los asuntos en los que interviene son en un 65 por ciento temas contenciosos, vinculados con vacantes escolares, cesantías de empleados públicos, recursos de inconstitucionalidad de asuntos de la Ciudad y, en menor medida, temas penales, ya que son pocos los delitos que están transferidos a la órbita porteña.
Ahora van a revisar casos de quiebras de empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires, juicios laborales millonarios, casos penales gravísimos, como el del policía Luis Chocobar, que mató por la espalda a un ladrón y cuya condena fue anulada por la Cámara Nacional de Casación.
El sueldo de un juez del Tribunal Superior de Justicia es de unos ocho millones de pesos, según el portal del datos abiertos del tribunal, pero es mayor si se tiene en cuenta la antigüedad.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia que cambió la manera en que se tramitan todos los juicios ordinarios y estableció que la instancia superior de la justicia nacional en el ámbito porteño es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tomó en el caso Levinas, en un fallo firmado la semana pasada.
Además, la Corte consideró específicamente que es el TSJ el que debe intervenir en el caso de la quiebra del Correo Argentino, en sintonía con lo que reclamaban los representantes de la empresa de la familia Macri, y en el caso Chocobar.
En cuanto al leading case, el caso Levinas, la Corte lo resolvió en el último acuerdo del año con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y la disidencia de Carlos Rosenkrantz.
Se trata de una acción iniciada por los herederos del artista plástico León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas en la que el TSJ y la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil trabaron un conflicto de competencia, que ahora se resolvió en favor del tribunal superior porteño.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó la existencia de una situación anómala en la ciudad de Buenos Aires, donde aún coexisten la justicia local y la nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal), a pesar de lo establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía local, en la Constitución porteña y de los compromisos asumidos por las autoridades legislativas nacional y local para traspasar las competencias judiciales.
La Corte expuso que “a 30 años de la reforma de la Constitución Nacional, a 28 de la sanción de la Constitución porteña” se mantiene el ‘inmovilismo”. Por eso, la Corte movió el tablero mediante una sentencia supliendo la falta de una ley del Congreso. El máximo tribunal nacional dijo que se debe despejar una “desigualdad o asimetría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las provincias” y, “frente al inmovilismo y el incumplimiento de los mandatos constitucionales”, estableció que “el Tribunal Superior de Justicia es el órgano encargado de conocer en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional ordinaria de la ciudad”.
Por Hernán Cappiello
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